San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 13 de febrero de 2012.
A los medios de comunicación. A los medios alternativos.
A los organismos defensores de derechos humanos nacionales a internacionales.
A las organizaciones sociales, políticas, democráticas e independientes.
A la opinión pública.
Denuncia pública:
El gobierno responde con la judicialización y represión a un problema social de desempleo, producto de la crisis económica.
Ante el creciente desempleo, pobreza y miseria que padecemos los mexicanos, y ante el incremento constante de los pasajes controlado desde los grupos caciquiles, hace más de dos años que solicitamos concesiones o permisos al gobierno del estado ante las secretarías correspondientes, para laborar como transportistas brindando el servicio de transporte, en modalidad de taxi, en la ruta Altamirano-Ocosingo y viceversa; sin embargo sólo hemos recibido amenazas y represión.
Para poder resolver las necesidades básicas como personas y ante el gran desempleo en que está sumido el país decidimos asociarnos para trabajar como transportistas, y de esa manera generar ingresos para nuestras familias que tanto hace falta con las recurrentes crisis económicas que golpean y laceran las condiciones de vida del pueblo.
Desde que decidimos organizarnos para trabajar y solicitar las concesiones y/o permisos, se han suscitado una serie de hechos represivos en nuestra contra, que van desde el asesinato del compañero Mario Paniagua y el compañero herido Anselmo Sánchez, y constantes amenazas de muerte. Por parte de los caciques, dueños de las concesiones de las sociedades “San Carlos” y “Laguna Miramar”.
A ello se suma el apoyo del gobierno del estado de Juan Sabines Guerrero, que desde la secretaría de transporte, delegación de gobierno de Ocosingo, y la misma secretaría de gobierno, protegen los intereses de sus amigos: los caciques dueños de las concesiones en Altamirano y Ocosingo. Esto demuestra la corrupción y el negocio que hacen de las concesiones, lucrando con las necesidades del pueblo pobre que necesita trabajo.
El gobierno del estado hace oídos sordos ante los problemas sociales, generado en la región por el constante aumento de los hidrocarburos, y muestra incapacidad y autoritarismo al responder con el aparato policiaco-militar para arremeter en contra de los transportistas que necesitan de un trabajo como fuente de subsistencia.
La única respuesta que nos dio el gobierno del estado el 24 de noviembre fue cuando montaron un operativo policiaco en Ocosingo para detener nuestras unidades, mientras los llamados concesionados tomaban nuestras instalaciones en el municipio de Altamirano, hecho que demuestra el apoyo y coordinación del gobierno con los caciques.
Este hecho agudizó la problemática, al grado de decidir no laborar por parte de las dos rutas que estábamos trabajando, producto de aplicación de la represión, ocasionando al mismo tiempo la tensión de las relaciones entre nosotros y los transportistas concesionados. Que desde la fecha no hemos venido laborando, situación que provoca incertidumbre y zozobra en las familias que no tenemos otra fuente de subsistencia.
Posteriormente el gobierno giró órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros Armando Gómez Aguilar, José Manuel Gómez Aguilar, Víctor Manuel Gómez Sántiz y Marcos Gómez López, que constituye una medida judicial por parte del gobierno para hacer que desistamos de nuestra lucha por trabajar dignamente.
A este hecho se suma un acuerdo entre el gobierno del estado y los transportistas concesionados, firmado el 09 de febrero en el municipio de Altamirano por los CC. Lic. Rubén García Matus (Subsecretario de gobierno región XII Selva Lacandona), C.P. Manuel Morales Vázquez (delegado de gobierno); minuta de acuerdo en el que el gobierno se compromete a que se “restablezca el estado de derecho” “a más tardar el miércoles 15 de febrero del año en curso”.
Por ello, alertamos a los organismos defensores de los derechos humanos y a las organizaciones democráticas e independientes, estén atentos al desarrollo de esta problemática generada por el gobierno, por el riesgo que corren nuestros compañeros de ser encarcelados injustamente, y que sean detenidos arbitrariamente los demás compañeros transportistas y sus familias.
Advertimos y denunciamos que a la par de estas detenciones el gobierno pretende invadir y militarizar las comunidades de los compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS) para encarcelarnos por estar apoyándonos como transportistas.
Responsabilizamos:
Al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, al secretario de gobierno Noé Castañón León, a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Lic. Rubén García Matus (Subsecretario de gobierno región XII Selva Lacandona), C.P. Manuel Morales Vázquez (delegado de gobierno), a Walter Irecta presidente del grupo de autotransporte “Laguna Miramar” de cualquier detención arbitraria, de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros antes mencionados y de quienes forman parte de nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!
UNIÓN DE TRANSPORTISTAS “ELQUETZALITO”- FNLS
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
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