Se trata de dos hechos distintos que involucran a elementos de la policía estatal, quienes detuvieron y sometieron a 24 personas que participaban en una protesta pública.
Fernando Camacho Servín
La jornada: Publicado: 16/05/2013 15:56
México, DF. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 11/2013, dirigida a Manuel Velasco Coello, gobernador del estado de Chiapas, por el caso de 24 personas que fueron detenidas y sometidas a malos tratos por la policía estatal luego de participar en dos manifestaciones.
El organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva informó que el primer caso tuvo lugar el 4 de julio de 2010 un grupo de integrantes de diversas organizaciones civiles, entre ellas el Movimiento Campesino Revolucionario Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN), realizaba una manifestación en el crucero de “Las Flores”, en el municipio de Tecpatán, Chiapas.
Al lugar también se presentaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes detuvieron a 11 personas, las cuales fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y posteriormente puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.
En el segundo caso, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía de Caminos y Turismo, de la Policía Fronteriza y de la Policía Especializada del estado de Chiapas, detuvieron, el mismo día, a 13 personas en el Crucero Nuevo México, en el municipio de Comalapa, mientras llevaban a cabo otra manifestación.
Algunos de ellos, dijeron haber sido objeto de agresiones físicas y verbales, hasta el momento en que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.
Al día siguiente, se les informó que se había iniciado una averiguación previa en su contra por los delitos de ataques a las vías de comunicación, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, así como por asociación delictuosa.
Luego de analizar ambos incidentes, la CNDH concluyó que hubo elementos suficientes para comprobar que se transgredió el derecho a la libertad de reunión y, como consecuencia de ello, los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, la libertad personal y al trato digno, atribuible a elementos de las mencionadas fuerzas policiacas.
La CNDH destacó también la condición de vulnerabilidad en la que se encontraban siete de las víctimas que fueron objeto de malos tratos: cinco adultos mayores, una mujer y un menor de edad.
Se detectó que los servidores públicos involucrados en los hechos, incurrieron en actos y omisiones que afectaron la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto que se deben observar en el desempeño del empleo o cargo que protestaron.
Por tal razón, el organismo emitió una serie de recomendaciones al gobierno de Chiapas, entre ellas reparar el daño ocasionado a las 24 personas agraviadas, e impartir a la totalidad de los servidores públicos de las diversas corporaciones policiacas del estado un Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en materia de derechos humanos.
Asimismo,
pidió elaborar una circular dirigida al personal de las
corporaciones policiacas chiapanecas, con la finalidad que pongan de
manera formal e inmediata a disposición de la autoridad ministerial
a las personas que detengan; llevar a cabo las acciones eficaces de
coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones
públicas y colaborar ampliamente con el trámite de queja y denuncia
que promueva ante la Fiscalía Especializada de Visitaduría de la
Procuraduría del estado y esta última dependencia, respectivamente.
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