26 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- José Rolando Pérez de la Cruz, salió de su trabajo aproximadamente a las tres de la tarde, caminaba acompañado de su esposa Lucía y su hija de año y siete meses, por el barrio Candelaria, ubicado en el municipio de Alcala, Chiapas; el camino era angosto, por lo que ocupaban todo el espacio de éste, cuando una patrulla les pidió que se hicieran a la orilla y los dejaran pasar, unos metros adelante el vehículo se detuvo, dio la vuelta y se dirigió hacia ellos.
Ocho elementos de la policía municipal
se bajaron, detuvieron a Rolando sin motivo y comenzaron a golpearlo, a
decir por las declaraciones de Lucía, quien en medio de los golpes,
comenzó a gritar y a pedir ayuda, esto mientras suplicaba que soltaran a
su esposo, los elementos al ver que ya habían testigos en el lugar,
subieron a la patrulla al joven y se lo llevaron a los separos de la
presidencia municipal.
Lucía se dirigió a casa de su suegra en
busca de ayuda y una hora después supieron donde se encontraba Rolando,
llegaron a las instalaciones de la policía municipal alrededor de las
cinco de la tarde, cuando vieron que el joven era arrastrado por dos
elementos en un estado de inconsciencia, sin camisa ni zapatos, lo que
confundió a la familia, quienes no sabían si estaba desmayado o muerto.
Posteriormente fue subido a la góndola
de una patrulla, sin reaccionar y trasladado a la clínica del municipio.
Los familiares también fueron al sitio y al llegar una doctora salió a
su encuentro y les informó que Rolando llegó muerto; “lo que significa
que fue una muerte por custodia derivado de tortura. Sin embargo, el
Ministerio Público de Alcalá únicamente abrió el expediente por abuso de
autoridad, se le ‘olvidó’ que el joven murió por la tortura de los
policías”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, Lorena Chávez Interiano, abogada de la familia, encargada del caso de Rolando.
Al mismo tiempo comenta que ninguna
autoridad municipal, ni estatal aclararon los hechos, ya que los
elementos no presentaron un delito por el cual detuvieron a Rolando,
tampoco se sabe cuál fue la justificación que quedó asentada en el
expediente, pues no se le permitió ni a los familiares, ni a la defensa,
y tampoco a los organismos defensores de derechos humanos, tener acceso
a éste.
La familia recurrió a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quienes realizaron una nueva
necropsia. Datos de ésta, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO,
informa que, el cadáver presentaba heridas en el labio, cuello y
abdomen, además de un daño craneal, otros signos de lesiones de
apaleamiento, moretones a la altura de las costillas derecha e
izquierda, en el pómulo izquierdo, en la ceja y con sangrado en la
nariz, lo anterior descrito en 7 fojas y 28 placas fotográficas, firmado
por la doctora Lourdes Jiménez Hernández, encargada de la Dirección de
Servicios médicos y psicológicos y de trabajo social de la CEDH.
Aún con estos resultados, SEMEFO
determinó que “la causa de la muerte de José Rolando Pérez de la Cruz
fue ASFIXIA MECANICA POR AHORCADURA, y el cuerpo no presentaba ni golpes
externos, ni internos”, lo que no corresponde con las declaraciones de
los testigos presenciales que vieron el cuerpo y la necropsia de la
CEDH. “Es ahí cuando la familia ejerce mayor presión al exigir justicia.
Y bajo mi representación jurídica, se pidió el expediente, en un sin
número de ocasiones acudimos al penal de El Amate, pero siempre se nos
negó; sin embargo sentíamos el respaldo de la CEDH, quienes habían
asegurado que ellos darían el veredicto a favor de la familia, porque
existían los suficientes elementos para demostrar tortura y por lo tanto
muerte por custodia”, afirma Chávez Interiano.
Poco tiempo después la defensa se enteró
que el expediente que se encontraba en el Amate había desaparecido, la
abogada Chávez se comunicó a la CEDH, para solicitar una copia del
documento que ellos habían armado por su cuenta, sin embargo, le
informaron que ya se encontraba en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) en la ciudad de México.
Al comunicarse con el abogado José O.
Baltazar, éste respondió que el caso se encontraba cerrado y por lo
tanto no había expediente el cual enviar, esto a contraposición de
cuando analizaron el cuerpo de Rolando, a quien derivado de no haber
podido quitarle el pantalón para otros estudios, debido a la inflación
en exceso, aseguró, “no deben de preocuparse por nada, con lo que
tenemos analizado es suficiente, para determinar a favor de la familia”.
“No quedó de otra que ejercer mayor
presión a las autoridades, pero la familia y yo como defensa, nos dimos
cuenta que ni el presidente municipal y sin duda alguna, ni el gobierno
estatal, nos querían ayudar, porque aunque se mantuvieron reuniones con
este último, solamente nos engañó, asegurando que apoyarían la
resolución del caso, pero nunca fue así”, comenta Chávez Interiano.
Según la abogada, como defensora de la
familia, comenzó a recibir una serie de amenazas en contra de ella y de
su familia. En un primer momento recibió notas donde se pedía, que
dejara el caso ‘por su bien’; “poco tiempo después y tras haber pedido
se investigara al presidente municipal, Dagoberto Santiago Román Flores,
quien nunca le dio la cara a los familiares y tampoco planteó
soluciones; al director de la policía, y a los ocho elementos,
coludidos, tanto en la desaparición del expediente, en la muerte por
tortura y en la protección de los culpables, nuevamente me amenazaron de
muerte”.
Ella explica que aseguraban que después
de asesinarla, no iban a encontrar su cuerpo; “esto me lo dijeron dos
personas que llegaron a mi casa, sólo para dejarme ese mensaje. Después
golpearon a mi hijo menor de 17 años y cuando mi esposo transitaba hacia
mi casa, trataron de sacarlo del camino; luego llegaron los
ofrecimientos de dinero a cambio de que yo me retirara y dejara a la
familia sola, la negociación corrió a cargo del síndico municipal,
Egrisel Sánchez Díaz y del regidor Raúl Robles, quienes me ofrecieron
200 mil pesos a mí y a otro regidor, que estaba apoyando a la familia,
al no acceder, volvió la presión psicológica, ‘si no te alejas, te vamos
a matar’, ‘los maridos muchas veces ya no regresan sus casas’”.
“Aunque no he dejado el caso, por lo
anterior tuve que salir del municipio con mi familia, la presión era
extrema, ya que todos los días vivíamos con el miedo que en cualquier
momento nos iban a matar. Sin duda, al gobierno estatal la gente pobre
le estorba mucho. Porque no solamente no brindaron ayuda, sino que nos
hostigan, mientras que de los ocho policías denunciados, solamente se
logró que metieran a la cárcel a uno, ante la presión de la familia y
del pueblo que se levantó en manifestaciones y plantones”.
Sin embargo, lo dejaron salir
rápidamente, y los otros continuaron trabajando en forma regular en el
municipio de Alcala. Sobre el tema, el Centro de Derechos Humanos
Frayba, afirma que la responsabilidad directa es de: elementos de la
Policía Municipal; anuencia y omisión de: Enrique Martínez Meza, Fiscal
del Ministerio Público; Dr. Adalberto Utrilla Moreno, Perito Médico
Cirujano adscrito al Servicio México Forense; Dagoberto Santiago Román
Flores, Presidente Municipal; el Director de Seguridad Pública Municipal
de Acala y del gobierno estatal, por la desatención del caso.
Esto todo vez que se violaron los
derechos a la: vida, libertad, integridad y seguridad personal, honra y
dignidad, garantías judiciales, establecidos en convenciones y tratados
internacionales, promovidos, signados y ratificados por los Estados
Unidos Mexicanos entre ellos la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en sus artículos: 4°, 5°, 8°, 11° y 25°.
Asegurando que la principal preocupación
e indignación proviene de “la actuación desproporcionada de policías
municipales de Chiapas, quienes en lugar de actuar en apego al respeto
de los derechos humanos, basados en protocolos y manuales guías, ejercen
la fuerza de manera arbitraria con actos como tortura que llevan como
consecuencia la muerte”.
A su vez afirman que no es un caso
aislado, ya que el señor Gabriel Domínguez Escobedo falleció, luego de
ser privado de su libertad de forma arbitraria, en el municipio de
Reforma, donde se implicó a 13 policías municipales, un Fiscal del
Ministerio Público y tres miembros de la Policía Especializada de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
Otros dos casos de muerte bajo custodia
(derivado de tortura), se dieron en 2014, por parte de policías
municipales, en el ayuntamiento de Tapachula, uno el 7 de enero, el otro
el 1 de marzo, lo que representa un patrón recurrente en su manera de
actuación.
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