"Preocupa, la política de criminalización y hostigamiento" en contra de organismos de derchos humanos y luchadores sociales.

Artistas, intelectuales y ONG exigen retirar órdenes de captura
· "Preocupante, la política de criminalización y hostigamiento"

Hermann Bellinghausen / La Jornada 21/09/2011

San Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de septiembre. Cuarenta artistas e intelectuales y más de un centenar de organizaciones de 16 naciones se pronunciaron en apoyo de los integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y llamaron al gobierno del estado y a la Procuraduría General de Justicia del estado a desistir de las órdenes de aprehensión contra sus miembros.

El documento, respaldado, entre otros, por Eduardo Galeano, Manu Chao, José Emilio Pacheco, el obispo Raúl Vera, Paco Ignacio Taibo II, Alfredo López Austin, Raúl Zibechi y Marcos Roitman, reconoce en la movilización social, representada en el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, una de las múltiples y legítimas luchas populares mexicanas en defensa de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos.

El consejo autónomo y sus integrantes representan la autoorganización contra las altas tarifas de energía eléctrica y por la construcción de la autonomía de los pueblos y comunidades. Reconoce, a su vez, el trabajo de denuncia y defensa del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de la ciudad de Tonalá.

Es preocupante por ello la política de criminalización, persecución y hostigamiento contra integrantes del consejo y el centro Digna Ochoa. Varios de ellos cuentan con órdenes de aprehensión del fuero federal y estatal, acusados de delitos que no cometieron, por lo cual las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia del estado han integrado diversas averiguaciones previas por delitos falsos.

Las personas acusadas son: Nataniel Hernández Núñez, director del centro Digna Ochoa, junto con Roberto Antonio Cruz, Azariel Orozco Cruz, Orlando Gutiérrez Simón, Arturo Villagrán Sánchez, Octavio Vázquez Solís, Bersaín Hernández Zavala y Guadalupe Núñez Salazar. En el caso de los dos últimos, veteranos fundadores del Frente Cívico Tonalteco, se desconoce qué ilícito se les imputa.

Estas acusaciones son utilizadas en Chiapas y en todo el país como mecanismo de control de movimientos sociales y criminalización de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos. Por todo ello, los firmantes llaman al gobierno de Chiapas y a la PGR a dar marcha atrás a las acciones judiciales y a garantizar las libertades civiles y políticas.
Responsabilizan al Estado mexicano por la vida, la libertad y la integridad de los integrantes del centro Digna Ochoa y de los integrantes del consejo costeño. Condenan los actos represivos del gobierno de Chiapas en contra de todos ellos.
Otros firmantes son: Rogelio Naranjo, Daniel Giménez Cacho, Julieta Egurrola, Ana Esther Ceceña, Bruno Bichir, Magdalena Gómez, Enrique González Rojo, Gilberto López y Rivas, Gloria Muñoz Ramírez, Fermín Muguruza, Guillermo Almeyra, Leticia Huijara, John Holloway, Elvira Concheiro, Claudio Albertani, Massimo Modonesi, Carlos Fazio, Raquel Gutiérrez Aguilar, Francisco López Bárcenas, Gustavo Esteva y Hernán Ouviña. También los músicos Amparo Sánchez (Amparanoia), Rubén Albarrán (Café Tacuba), Roco Pachukote (Maldita Vecindad), Panteón Rococó y Los de Abajo.
En Chiapas, además de diversos organismos civiles, respaldan estos reclamos las comunidades de Oxchuc, Mitzitón, Zinacantán, San Sebastián Bachajón, Santa Anita, Molino Utrilla y Molino de los Arcos, así como decenas de organizaciones y colectivos de todo el país. Y se suman bastantes más de Argentina, Alemania, Austria, Brasil, Estado español, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Italia, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay.