COMUNICADO
México, D. F. a 09 de Mayo de 2014.
A la opinión pública
A los medios de comunicación
A las organizaciones democráticas e independientes
A las personalidades progresistas del país
Las
condiciones de inseguridad que se generaron por parte de la
delincuencia organizada y la inacción de las autoridades de los tres
niveles de gobierno en Michoacán e incluso su complicidad con el crimen
organizado, motivó a diferentes personas a armarse para resguardar su
vida, su integridad física, su patrimonio entre otros derechos humanos
esenciales; ante una situación similar en la comunidad indígena de
Aquila, Michoacán, los comuneros se vieron orillados a formar una
Guardia Comunitaria el 04 de Junio de 2013, la cual fue violentamente
desarticulada a través de un operativo policiaco – militar el 14 de
Agosto de 2013, quedando en el desamparo y sin la protección de los tres
niveles de gobierno, lo cual ocasionó que fueran asesinadas otras
personas de la comunidad y desaparecidos integrantes de la directiva de
la misma por el crimen organizado.
Cuando la guardia
Comunitaria de Aquila Michoacán se formó, se le pidió ayuda al
presidente municipal de Aquila, Michoacán, Juan Hernández, quien en vez
de ayudar a la comunidad, éste fue a reunirse con Federico González
Alias “Lico” jefe de plaza de Aquila y Coahuayana del cartel de los
“caballeros templarios”, a quien prometió no apoyar a la Guardia
Comunitaria de Aquila, en cambio acordaron asesinarlos, es por ellos que
Juan Hernández se fue del palacio municipal de Aquila y despachó del 24
de Julio al 20 de Agosto de 2013 en San Juan de Alima perteneciente al
municipio de Aquila. El día 20 de Agosto Juan Hernández realizó otro
operativo con elementos de la policía estatal a los cuales les ofreció
20 mil pesos por cada comunitario eliminado, la orden fue no detener a
nadie, sino asesinarlos. Fue así como los estatales dispararon por la
espalda a quemarropa a los compañeros comunitarios, Salvador Ramos
Eudave y Alejandro Martínez Paulino, de la misma manera dispararon en
contra de los trabajadores que se encontraban en el patio de maniobras
de la empresa comunal Lanesek de Aquila. El día 28 de Agosto que llegó
a la cabecera municipal el exgobernador interino Jesús Reyna (hoy
demostrada su relación con los caballeros templarios según la PGR), fue
asesinado otro comunitario de nombre Miguel Alcalá y tirado en el
basurero, por órdenes de Juan Hernández para eliminar a los que lo
pusieron en evidencia por su asociación con los Templarios. Su vínculo
con el crimen organizado, le dio a Juan Hernández y a su grupo
(conformado por algunos comuneros y algunos avecindados) impunidad para
actuar, por lo que desaparecieron el 25 de noviembre de 2013 a
los compañeros Ignacio Martínez de la Cruz, Francisco Javier Ramos Walle
y Carlos Zapién Díaz. Ahora queda claro por qué el exsecretario de
gobierno y gobernador interino Jesús Reyna le fue a dar su respaldo si
ambos están ligados con los caballeros templarios.
Ante el
estado de necesidad en que se encontraban los comuneros decidieron
luchar por defender su patrimonio, su vida, su familia, el resultado de
ello es la existencia de presos políticos y desaparecidos, cuya
situación actual es la siguiente:
1.- 40 personas se
encuentran sujetas a proceso por violación a la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos. Fueron detenidas el 14 de agosto de 2013 en la
comunidad indígena de san Miguel de Aquila, entre ellos, el líder
comunal Agustín Villanueva Ramírez.
2.- 16 personas se
encuentran presas en el CEFERESO número 5, en Villa Aldama Veracruz y 3
en el Penal de Mil Cumbres en Morelia, Michoacán; 21 más están en
libertad bajo caución.
3.- El proceso que se sigue en
contra de Agustín, Efraín y Vicente Villanueva Ramírez presos en el
Penal de Mil Cumbres está por decretarse el cierre de la instrucción. La
defensa ha ofrecido pruebas suficientes para acreditar su inocencia,
entre ellas, un dictamen en materia de sociología-política para
demostrar el estado de necesidad que existía en la comunidad de Aquila y
que obligó a los comuneros a tomar las armas ante la incapacidad de las
autoridades de garantizar la seguridad pública.
4.- En el
caso de los comuneros que se encuentran presos en Villa Aldama, y los
21 que se encuentran en libertad provisional, a partir del 16 de mayo y
hasta el 3 de junio se realizaran diversas audiencias para desahogar las
ampliaciones de declaración de los procesados, que es la última prueba
de la defensa que falta por desahogarse y posteriormente también se
cerrará la instrucción y el juez tendrá que emitir sentencia.
5.-
Seguimos insistiendo en que el Gobierno está dando un trato
diferenciado a los grupos de guardias comunitarias ya que por un lado ha
trascendido la noticia de que el Ministerio Público se desistió del
ejercicio de la acción penal en contra 65 integrantes de autodefensas; y
por otro lado, en el caso de las guardias comunitarias de Aquila
continúa sometiéndolos a proceso, no obstante que los delitos por los
que se les acusa son los mismos por los cuales el Ministerio Público en
otros casos se desistió del ejercicio de la acción penal.
6.-
Es importante señalar que la acusación de violación a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos formulada en contra de las guardias de San
Miguel de Aquila, tiene su origen en la falta de cumplimiento del deber
de la autoridad de preservar el principio de seguridad pública y que nos
parece injusto que por un lado, el Gobierno se desista del ejercicio de
la acción penal que había ejercitado en contra de varios ciudadanos que
al igual que los miembros de la comunidad indígena de Aquila,
decidieron tomar las armas para garantizar la seguridad pública y
respecto de los comuneros de Aquila insista en mantener la acusación,
eso demuestra que el Gobierno está dando un trato diferenciado de manera
dolosa. Prueba de lo anterior, es que ha trascendido que como parte de
los acuerdos pactados con el Consejo de Autodefensas, el gobierno
federal contrató abogados que en su momento han defendido a personas
ligadas con la delincuencia organizada para liberar a autodefensas con
nexos similares, queda en evidencia pues, que el Gobierno no sólo ha
decidido dar por concluido el proceso legal contra los integrantes del
Consejo de autodefensas que asumieron una causa legitima, sino también
busca perdonar a personas que se valieron de esa razón para cometer una
serie de ilícitos que deslegitiman la lucha emprendida por buena parte
del pueblo michoacano.
Resulta oportuno reiterar que los
compañeros de la Guardia Comunitaria de Aquila no tienen delitos
vinculados a la delincuencia organizada ni contra la salud.
Para
las familias de los presos, procesados y desaparecidos de la comunidad
indígena de San Miguel de Aquila, resulta evidente que las causas que
motivaron el operativo policiaco-militar siguen vigentes y que la
intención del gobierno federal es castigar de manera severa a la
comunidad indígena por el simple hecho de defender sus recursos
naturales, oponerse a la explotación ilegal de sus riquezas minerales y
sobre todo asumir la responsabilidad de garantizar el principio de
seguridad pública que por mandato constitucional le corresponde al
gobierno, pero que éste fue incapaz de garantizar, con las funestas
consecuencias que se encuentran a la vista.
7.- También
deseamos reiterar que en el caso de los 3 compañeros desaparecidos que a
su vez tenían cargos de representación en la comunidad, las autoridades
estatales y federales no han cumplido con su obligación de investigar,
sancionar y castigar a los responsables de la desaparición; no obstante
que existen declaraciones de testigos presenciales que proporcionaron
los nombres de los sujetos que llevaron a cabo la desaparición a más de
dos meses que los representantes de los gobiernos federal y estatal se
comprometieron a investigar, hasta el momento no existe ningún tipo de
avance.
A pesar de que el conflicto social de la comunidad
indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán no ha sido resuelto por el
Gobierno Federal, las autoridades agrarias del país le niegan a la
comunidad sus derechos agrarios, ya que el pasado 28 de abril la
Delegación del Registro Agrario Nacional en Morelia, Michoacán notificó a
la Comunidad Indígena de San Miguel de Aquila la negativa de
inscripción de un Acta de Asamblea General de Comuneros de febrero de
2014 la cual fue debidamente convocada y desarrollada; el órgano
registral pretende sostener su decisión arbitraria con el argumento de
que el Comisariado de Bienes Comunales no estaba debidamente integrado y
que además se encuentra impedido para inscribir cualquier tipo de acto
jurídico de la Comunidad Indígena por mandamiento judicial.
Con
dicha resolución la Delegación del Registro Agrario Nacional está
desacatando una orden judicial emitida por el Tribunal Colegiado del
Trigésimo Segundo Circuito en Colima, Colima que determinó que el
Presidente del Comisariado de Bienes Comunales es Octavio Villanueva
Magaña, junto con su Secretario, Tesorero y suplentes, en ese sentido,
ostenta la representación legal en apego al derecho a la autonomía y
libre determinación de las comunidades indígenas.
Independientemente
de los recursos legales a que haya lugar, demandamos a las autoridades
el respeto a las decisiones de la Comunidad Indígena y se garantice el
respeto a las determinaciones que han emitido los Tribunales a favor de
la Comunidad.
También queremos señalar que si bien es
cierto que en las autodefensas hay personas que de manera genuina
decidieron arriesgar su vida para enfrentar al crimen organizado,
también hay personas que se han aprovechado de dicha situación para
extorsionar, chantajear y amenazar de muerte a comuneros y personas,
como es el caso de los líderes de las Autodefensas de la Cabecera
municipal de Aquila, Michoacán, que se formó el 18 de Enero de 2014
encabezados por Rubén Baltazar, María de La Luz Sandoval, José González
García, Omar Valdez Sandoval y su grupo de personas más allegadas,
quienes arribaron hasta el patio de maniobras de la empresa comunal
Lanesek de Aquila y amenazaron al C. Octavio Villanueva Magaña
presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena
de San Miguel de Aquila, a quien le pidieron 700 mil pesos mensuales,
misma cantidad que el Cartel de Los Caballeros Templarios exigían a la
comunidad. El grupo armado liderado por la Familia Sandoval Sambrano y
Rubén Baltazar le dijeron al comisariado Octavio Villanueva que si no
pagaba lo asesinarían.
El día domingo 27 de Abril del
2014, el comisariado de bienes comunales Octavio Villanueva se
encontraba realizando una reunión con los familiares de los presos
políticos en el auditorio comunal lugar acostumbrado para realizar
asambleas de la Comunidad Indígena de San Miguel Aquila, cuando entraron
las Autodefensas liderados por Luz Sandoval, Rubén Baltazar alias “el
Chopo” y José Gonzalez García “Joselillo”, estas personas ingresaron con
armas cortas, comenzaron a alterar el orden, amenazaron al comisariado,
y le pidieron en repetidas ocasiones que debía pagarles los 700 mil
pesos para darle protección.
Los Autodefensas de Aquila
apoyados por la Policía Federal, amenazan a la gente con las armas y
hacen disparos al aire, por ejemplo el c. José González ha amenazado y
encañonado a personas con un arma AK-47, hacen estos desmanes alardeando
que tienen acuerdo con el Comisionado Federal pues han aceptado formar
parte de la Policía Estatal Rural e incluso han registrado sus armas con
las que amenazan a los comuneros, ante lo cual, como comunidad
manifestamos nuestra inconformidad con que sean parte de algún cuerpo de
seguridad en el municipio y en nuestra comunidad en lo concreto ante
los abusos y excesos cometidos, ya que si en su momento nos vimos
orillados a tomar las armas contra el crimen organizado es porque no
queremos vivir bajo el terror, la amenaza, el chantaje y la extorsión.
Por lo anterior, EXIGIMOS:
1. La
libertad de los presos políticos y presentación con vida de los
desaparecidos de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila,
Michoacán.
2. Respeto a las decisiones de la comunidad y
también respeto a las determinaciones que han emitido los Tribunales
Agrarios a favor de la Comunidad.
3. Destitución inmediata del presidente municipal de Aquila, Michoacán C. Juan Hernández Ramírez.
4. Desarticular
el grupo de Autodefensa de Aquila, Michoacán formado el 18 de Enero de
2014 encabezados por Rubén Baltazar, María de La Luz Sandoval, José
González García, y Omar Valdez Sandoval; y se respete la forma de
organización comunitaria para salvaguardar su seguridad.
5. Solución integral al conflicto social de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán.
Finalmente,
hacemos un llamado al Gobierno Federal y en particular al Subsecretario
de Gobernación Lic. Luis Enrique Miranda Nava y al Comisionado para la
Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán Lic. Alfredo Castillo
Cervantes a no seguir tratando con desdén el conflicto social de la
comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán y dar una solución
integral a dicho problema.
Atentamente
Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN)
¡Zapata vive. La lucha sigue!
¡Presos políticos, Libertad!
¡Presentación con vida de los desaparecidos, YA!
¡Además,
exigimos Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola, castigo a los
responsables de éstos asesinatos y solución a la huelga de hambre del
compañero Omar Esparza Zárate y demás compañeros de MAIZ!
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