Socorro Domínguez, rehén electoral de Juan Sabines
El viernes 29 de abril, se realizó un acto de cobardía en contra de una mujer y su hijo. Diego Pérez Domínguez, menor de edad, fue retenido durante casi diez horas, al lado de su madre, en la Unidad de Homicidios del gobierno de Chiapas. Esto demuestra que en la entidad, hoy, los derechos humanos, el respeto hacia los infantes y las mujeres, así como la vigencia de la legalidad y la justicia, como muchas otras cosas, son sólo palabras.
Como consecuencia de un expediente anómalo y prefabricado, fue detenida la arquitecta Socorro Domínguez Aguilar, ex directora del Instituto de la Vivienda hasta el año 2006.
La maquinaria del gobierno de Juan Sabines se echó a andar, de la manera como lo ha hecho muy bien durante los años de su mandato: con manipulación y mentiras. El resultado es llevar al terreno judicial un encono personal. La detención de Socorro Domínguez es una vendetta política. Ningún argumento legaloide podrá ocultar esa irrefutable verdad que todos los chiapanecos conocen.
En el declive de un gobierno sin prestigio social, el tamaño del miedo a la descomposición del juego electoral de Juan Sabines hacia la sucesión del 2012 le hace emprender acciones desesperadas. Nadie va a creer que casi 6 años después de la tragedia del Stan y justo en el final anticipado de su gobierno -alentando y consentido por el propio Sabines- hasta entonces, descubrieron que había delitos qué perseguir por ese evento. Nadie les creerá.
El gobierno de Juan Sabines intenta justificar el acto cobarde de detener a una mujer, madre de familia, profesionista ejemplar, con el agravio de retener a su hijo menor de edad. La maniobra no conducirá a ningún lado porque él sabe de la inocencia de Socorro Domínguez. Esta afirmación se ha constatado con documentación de la Auditoría Superior de la Federación emitida en relación con los trabajos de vivienda del gobierno pasado.
Juan Sabines también sabe que la verdad sobre la reconstrucción de los daños del huracán Stan no es la que durante más de cuatro años ha mantenido en sus medios. La realidad no se puede ocultar y el pueblo de Chiapas merece conocer la responsabilidad de los funcionarios actuales para mantener artificialmente un expediente. Es tiempo que los chiapanecos y en particular los afectados conozcan la verdad. En el tema de la reconstrucción alguien miente, y nuestra sociedad sabe muy bien que la mentira y la esquizofrenia son características del presente.
Socorro Domínguez es inocente y una rehén de las angustias electorales de Juan Sabines.
ADMINISTRACIÓN 2000-2006
Detienen a ex funcionarios municipales de Bellavista, Mapastepec y Mazapa de Madero por diversas irregularidades en el proceso de reconstrucción tras el paso del huracán Stán
30 de Abril de 2011
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Por encontrarse involucrados en diversas irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos asignados para atender la contingencia provocada por el paso del huracán Stán en las regiones Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca de Chiapas, en las últimas horas la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimentó las órdenes de aprehensión giradas por el Juez Segundo del Ramo Penal en contra del ex presidente municipal de Bellavista, Marbel Gabriel Pérez y de los ex Síndicos de los municipios de Mapastepec, Leonides Cortés Lozano y de Mazapa de Madero, Adonai Jesús González de la Cruz.
Los dos primeros se encuentran procesados por los delitos de Peculado, Ejercicio Indebido del Servicio Público y Asociación Delictuosa, mientras que González de la Cruz enfrenta un proceso en su contra por el delito de Peculado, por lo que fueron ingresados al Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14 “El Amate”.
El 25 de julio de 2008, el agente del Ministerio Público inició la averiguación previa número FESP/077/2008-06 por los delitos mencionados, en agravio del erario público del Gobierno del Estado y del patrimonio de los chiapanecos, con motivo de la denuncia formulada por la Secretaría de la Contraloría del Estado, derivado de la auditoría practicada a diversos ayuntamientos por el manejo de los recursos públicos asignados para atender necesidades de suma urgencia, a consecuencia de los desastres provocados por el paso del huracán Stán en la entidad.
Recursos que, según consta en las diligencias practicadas, fueron ejercidos indebidamente por diversos servidores públicos.
La auditoría reveló el faltante en materiales, incumplimiento de metas y objetivos, faltante de documentación comprobatoria y falta de supervisión de las obras en relación al Proyecto de Reconstrucción de Puentes Hamaca.
Ante estos hechos, se vieron afectados los habitantes del Ejido Pacayal, Ejido Morelia y Ejido Progreso del municipio de Bellavista; los ejidos 10 de Abril, Santa Rita, Unión Chiapaneca, 3 de Mayo y Pino Suárez en el municipio de Mapastepec; y la localidad Valle de Obregón en Mazapa de Madero.
De esta forma y, resultado de las pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, el Juez Segundo del Ramo Penal giró órdenes de aprehensión en contra de los inculpados, mismas que fueron cumplimentadas por elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En este sentido, destaca también la aprehensión de Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, ex titular del extinto Instituto de la Vivienda del Estado, luego de que fueran detectadas anomalías en la ejecución de recursos en el proceso de reconstrucción por el paso del huracán Stán.
Domínguez Aguilar enfrenta cargos por los delitos de Asociación Delictuosa, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Fraude y Peculado.
En un primer expediente penal, se da cuenta del desfalco de más de dos millones de pesos destinados a la reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas por el meteoro en octubre del 2005.
Mientras que en un segundo expediente penal, se encuentra procesada por los delitos de Asociación Delictuosa, Ejercicio Indebido del Servicio Público y Peculado, por un desfalco de un millón 68 mil 316 pesos, en agravio del Patrimonio de los chiapanecos.
Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado reafirma su compromiso inquebrantable con la Legalidad y el Estado de Derecho, en beneficio de la seguridad y la tranquilidad de todas las familias chiapanecas
Llegaremos hasta las últimas consecuencias en las investigaciones del caso Stan: Procurador RLS
La Procuraduría General de la República inició cinco averiguaciones previas por diversos delitos, tras la denuncia de la Secretaría de la Contraloría quien detectó irregularidades en la ejecución de mil 29 millones 447 mil pesos
A la fecha, la Procuraduría de Chiapas ha realizado mil 826 diligencias que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco de la política de transparencia que impulsa el Gobierno de Chiapas, el Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer los avances de las investigaciones en torno al desvío de recursos destinados para el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Stan.
En este sentido, el funcionario chiapaneco recordó que tras la devastación sufrida en las regiones del Soconusco, Sierra, Istmo-Costa y Frailesca de Chiapas en el año 2005, se destinaron a través del Fondo de Desastres Naturales, Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales y una mezcla de recursos del orden Federal y estatal, una cantidad superior a los 11 mil millones 105 mil pesos.
Sin embargo, agregó, ante una serie de anomalías denunciadas por la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, la Procuraduría de Chiapas ha iniciado 17 averiguaciones previas por los delitos de Asociación Delictuosa, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Peculado y Fraude.
A la fecha, se han practicado más de mil 826 diligencias, entre inspecciones a viviendas y obras, dictámenes de obra, peritajes contables, declaraciones y demás actuaciones que conforman 25 tomos y 68 anexos, en más de 48 mil 500 fojas.
“En dichas indagatorias, son investigados desde directores de obras públicas, tesoreros, síndicos, presidentes municipales, supervisores de obras, titulares de dependencias y diversos funcionarios estatales de todos los niveles”, sostuvo.
Destacó que, toda vez que para la reconstrucción se destinaron fondos del orden federal, la Procuraduría General de la República, por medio de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, con sede en la Ciudad de México, dio inicio a cinco averiguaciones previas en atención a la denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría, luego de observar irregularidades en la ejecución de un total de mil 29 millones 447 mil pesos.
De esta forma y, en el marco del Convenio Interprocuradurías, la Procuraduría de Chiapas ha coadyuvado con la Procuraduría General de la República en el desahogo de 247 diligencias, entre inspecciones, dictámenes de obra, peritajes contables y declaraciones.
López Salazar, señaló que en las indagatorias iniciadas por la PGJE han quedado demostradas irregularidades en las Retenciones y descuentos a terceros no enteradas, Incumplimiento a la normatividad de viáticos y pasajes, Erogaciones improcedentes, Conceptos de obras pagados no ejecutados, volúmenes de obras pagados en demasía; deficiencias técnicas de construcción; incumplimiento a los contratos y convenios celebrados relativos a proyectos de inversión, adquisiciones y prestación de servicios y conceptos de obra pagados no justificados.
Motivo por el cual, “el Ministerio Público investigador ha acreditado la probable responsabilidad penal de diversos servidores públicos de los Ayuntamientos Municipales de La Concordia, Tapachula, Suchiate, Tuxtla Chico, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Acacoyagua, Mapastepec, Acapetahua, Escuintla, Huixtla, Villa Comaltitlán, Cacahoatán, Pijijiapan, Motozintla, Bellavista, Siltepec, Mazapa de Madero, El Porvenir, Villaflores, Villacorzo, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero; y de funcionarios públicos estatales”.
Asimismo, informó que en las últimas horas la Procuraduría cumplimentó órdenes de aprehensión giradas por los jueces competentes del fuero común en contra de Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, ex titular del extinto Instituto de la Vivienda del Estado, del ex presidente municipal de Bellavista, Marbel Gabriel Pérez y de los ex Síndicos de los municipios de Mapastepec, Leonides Cortés Lozano y de Mazapa de Madero, Adonai Jesús González de la Cruz. Mismos que hoy se encuentran presos en “El Amate”.
“El Fiscal del Ministerio Público demostró que, en algunos casos, el pago de las obras fue cubierto al 100 por ciento a pesar de que no se encontraban concluidas o fueron realizadas con material de mala calidad, es decir, recibieron casas sin techo, sin puertas ni ventanas y sin servicio de energía eléctrica o drenaje”, enfatizó.
El abogado de los chiapanecos, manifestó que en otros casos, a poco tiempo de su entrega, las casas presentaron serias afectaciones en su estructura, filtraciones y cuarteaduras de muros.
Lo anterior, “manifiesta el actuar de servidores públicos que estaban obligados a supervisar y ejercer la correcta captación, aplicación, manejo y administración de los recursos públicos destinados para la reconstrucción en beneficio de los damnificados”.
En este contexto, refrendó el compromiso de la Procuraduría General de Justicia del Estado de llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de todos los servidores públicos involucrados, sin excepción alguna, que hayan desviado los recursos económicos para sí o para otros, que tenían como destino original devolverle la tranquilidad y el bienestar a miles de chiapanecos afectados por el fenómeno natural.
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