En el estado de Chiapas, es preocupante la utilización de los medios de comunicación que se prestan a realizar trabajos para desinformar y confundir a la población. Con el argumento del uso de la libertad de expresión se crean medios de información y espacios de opinión que se dedican de forma reiterada a la criminalización de movimientos campesinos, indígenas, sindicalistas, defensoras y defensores de derechos humanos. Esta acción se da sin el mínimo ejercicio periodístico, escondiéndose en el anonimato y sin dar la opción de réplica.
Un aspecto preocupante es la censura ejercida por el gobierno de Chiapas a través de los “acuerdos de publicidad” y “apoyo a periodistas” que tiene con casi todos los medios de comunicación y con una cantidad importante de periodistas. Este mecanismo, según el testimonio de varios periodistas, ha obstaculizado la difusión de información que el gobierno del estado considera molesta, llegando a nivel nacional a cerrar espacios para la información no conveniente al gobierno de Chiapas.
Según datos con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos, estos acuerdos de publicidad que tiene el gobierno de Chiapas con los medios impresos locales, están condicionados, ya que en la mayoría de ellos se emprendió un “saneamiento” para retirar o callar a los periodistas incómodos que pudieran causar problemas.
Un ejemplo de este tipo de acción es el caso del periodista Antony Flores Mérida, reportero y jefe de información del periódico la Voz de Sureste, de circulación en Chiapas. Antony es también creador del sitio www.infochiapas.com, mismo que administra y comparte en las redes sociales a través del twitter y facebook, en donde se ha publicado información que, por su profesionalismo, es compartida por periodistas independientes en Chiapas. A través de ese medio electrónico hizo pública una nota titulada: “Deuda pública en Chiapas, la más alta en 16 años”, que circuló rápidamente por internet, causando diversas reacciones en contra del gobierno del estado de Chiapas. Poco después de la publicación de la nota, fue llamado por directivos del rotativo quienes le informaron que había sido retirado del directorio del periódico. Es importante señalar que Antony Flores, tiene amistad con varios periodistas que publican de manera independiente en diferentes espacios electrónicos y redes sociales electrónicas, entre ellos Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, quienes en diversas ocasiones han sido hostigados por sus notas críticas sobre el gobierno de Chiapas.
Según información proporcionada a este Centro de Derechos Humanos, los directivos de los medios impresos, han prohibido a sus reporteros cubrir diversas fuentes por ser incomodas para el gobierno de Chiapas, esto incluye comunicados, boletines de prensa y/o información de organizaciones de la sociedad civil que denuncian actos en contra del gobierno del estado. Este tipo de censura y autocensura es parte de una estrategia de control de la información ejercida desde el Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas.
Como claro ejemplo tenemos el dato que a partir del año 2009, a través del periódico “Péndulo de Chiapas”, dirigido por Noé Farrera Morales, se autorizó la publicación de la columna En Línea, firmada con el seudónimo Víctor del Monte, quien se ha dedicado de forma constante y reiterada a deslegitimar el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, de manera específica a las y los integrantes de este Centro de Derechos Humanos.
Si bien el internet, es una herramienta comunicativa eficaz, es también un espacio ideal para actuar desde el anonimato. En marzo de 2010 se crearon dos blogs con los nombres de “chiapasreal” y “realchiapas”, espacios electrónicos que no cuentan con nombres y/o seudónimos de creadores, ni firman ninguno de los documentos que suben a la web. Estos espacios electrónicos se han caracterizado a que su contenido sea exclusivamente para descalificar el trabajo y las acciones de defensa que realiza este Centro de Derechos Humanos. Según fuentes confidenciales estos espacios fueron creados y son administrados desde la Secretaria General de Gobierno de Chiapas.
El sitio electrónico llamado “Expediente Noticias 2010”, el cual se presenta como revista electrónica y es firmado por Max Rodríguez, quien escudándose en el derecho a la libertad de expresión ha publicado aseveraciones incriminatorias en contra de organizaciones sociales que han cuestionado el actuar del gobierno de Chiapas y sus señalamientos graves han ido en contra de periodistas como Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal.
Es preocupante que se use el derecho a la libre expresión para que desde el anonimato se descalifique, se asocie con actividades ilícitas, se criminalice el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas debidamente acreditados y organizaciones sociales sin los mínimos criterios del ejercicio periodístico, sin transparencia de los autores y líneas editoriales, mostrando una real malicia en su actuar y contraviniendo de forma reiterada en violación, en estos casos, a los derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11.2 y 11.3) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17.1), los cuales han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano.
La libertad de expresión en Chiapas se encuentra únicamente dentro del discurso del Estado como una consigna institucional, pero en la práctica es todo lo contrario y este Centro de Derechos Humanos quiere alertar sobre esta situación que pone en riesgo la labor de los periodistas, de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como el derecho a la información todas y todos tenemos.
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Para mayor información sobre este tema
Jorge HERNÁNDEZ
jhernandez@frayba.org.mx
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