Traición y crimen contra la clase trabajadora

Napoleón Gómez Urrutia

Cada vez son más numerosas las voces de organizaciones y personajes que se pronuncian vigorosamente en contra de la iniciativa de reforma laboral de Felipe Calderón Hinojosa, las cuales siguen creciendo día con día ante la indiferencia y terquedad del gobierno y de muchos diputados y senadores. La inconformidad y la indignación recorren a la sociedad mexicana. Esa infame iniciativa denuncia claramente la irresponsabilidad política y el odio profundo del actual presidente hacia la clase trabajadora mexicana, en la cual se trasluce su parcialidad sumisa hacia los intereses empresariales que en México han medrado con la explotación de la mano de obra y los recursos naturales, hasta acumular riquezas de unos cuantos que aplastan lo que debiera ser una distribución justa y correcta del ingreso nacional.

Una comisión de la 61 Legislatura en la H. Cámara de Diputados se ha apresurado para tener listo el dictamen sobre la propuesta de Calderón, el cual se conocerá en medio del descontento que la iniciativa ha despertado, por sus inocultables intenciones de condenar a los trabajadores a una esclavitud disfrazada, cuyos efectos le habrán de explotar, cual bomba de tiempo social, al siguiente gobierno. Sería una irresponsabilidad tan grande como la de Felipe Calderón, que el nuevo gobierno que se inicia el 1º de diciembre próximo asumiera como propia ésta, que ha sido certeramente calificada como contrarreforma laboral. Algunos de sus promotores no saben o pretenden ignorar los funestos resultados que le traerá a la paz social de México, y obstinadamente se empeñan en continuar en su indigno propósito de aprobarla.

Ello ocurre porque se han negado a estudiar el fracaso y los efectos tan negativos que medidas similares han traído a países como Grecia, España, Irlanda o Italia actualmente, o Latinoamérica en años recientes. Esas naciones buscan regresar de donde a los mexicanos apenas nos quieren llevar.

Este intento de nueva agresión contra los trabajadores y los sindicatos es producto de la lucha de clases, pero en este caso al revés: no para favorecer el bienestar, sino para revertirlo en la historia hasta los tiempos del régimen elitista de Porfirio Díaz, cuando las mayorías mexicanas tenían la bota en el cuello de la explotación despiadada de los patrones ricos e insensibles. Estamos ante la negra perspectiva de un retorno a 1910. Históricamente, es una ignominia la que pretenden realizar Calderón, sus aliados políticos y sus jefes, los empresarios.

Siendo muy grave para la República este panorama, también lo es que la infame iniciativa de Calderón no plantea una "reforma patronal y gubernamental", esta sí muy urgente, que cambie la ideología de la ambición personal desmedida hacia la solidaridad entre los mexicanos, y que meta al orden legal al sector empresarial, a las instituciones y a los políticos que lucran con la explotación del trabajo humano y abusan desde hace décadas de su posición privilegiada.

Una "reforma patronal y gubernamental" es absolutamente necesaria para la salud de la Nación. Los desmanes que frecuentemente cometen muchos empresarios e innumerables funcionarios públicos en su papel de empleadores, no sólo contra sus trabajadores sino contra la nación, son motivo desde hace muchos años de profunda preocupación. Las fugas de capital al extranjero son uno de ellos, con recursos que surgieron de la explotación abusiva de la mano de obra y del solapamiento de los gobiernos hacia esta nefasta práctica, que significa que esos capitales van a financiar el crecimiento de otras economías y dejan la nuestra abandonada a su propia suerte. Los muy bajos impuestos que pagan las empresas poderosas es otro abuso más, donde incluso esos gobernantes los premian, retornándoles cantidades increíbles de la muy baja tributación que aquellas pagan al fisco, con lo cual propician la corrupción y engañan a los trabajadores para evitar cubrir el 10 por ciento de las utilidades reales a que están obligados por ley. Los ejemplos están por todas partes. Es muy urgente, por lo tanto, una "reforma patronal y gubernamental" antes que una laboral, que obligue a los empresarios a transparentar las utilidades reales que obtienen y su pago proporcional a los trabajadores. El nuevo gobierno está obligado a gobernar para todos, y no puede hacerlo más que en esa línea de acción y de conducta.