Compromiso
del gobierno de Oaxaca no reprimir a la Asamblea de Pueblos
No
instalará Mareña Renovables parque eólico en Dionisio del Mar
Tras un
año de movilizaciones y bloqueos que llegaron a la confrontación con la fuerza
pública para impedir el paso de maquinaria, el movimiento de resistencia logró
el triunfo
Un proyecto
que violó la ley agraria en vigor, la Constitución y convenios internacionales
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Rosa Rojas
Rosa
Rojas
Periódico
La Jornada
Lunes 18
de febrero de 2013, p. 39
Como un
triunfo consideró el movimiento de resistencia contra la instalación del parque
eólico en la barra Santa Teresa, municipio de San Dionisio del Mar, el
compromiso del secretario general de Gobierno de Oaxaca, Jesús Martínez
Álvarez, de respetar y acatar la decisión de los pueblos de que no entre Mareña
Renovables y no reprimir a los pueblos en resistencia, informó la Asamblea de
los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el
Territorio.
Martínez
Álvarez acudió este sábado al poblado de Álvaro Obregón a dialogar con
integrantes de las asambleas de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, San
Francisco del Mar, San Blas Atempa, Santa Rosa de Lima, Juchitán, Santa María
Xadani y Unión Hidalgo, Álvaro Obregón, ejidos Charis y Zapata, luego de más de
un año de movilizaciones y bloqueos –que llegaron incluso a la confrontación
con la fuerza pública– para impedir el paso de maquinaria y trabajadores de
Mareña Renovables hacia San Dionisio.
Sin
embargo, eso deja subsistente el contrato que la comunidad ikjoot de Santa
María del Mar firmó con la trasnacional española Preneal en 2006, que reservó 2
mil hectáreas para instalar 30 aerogeneradores con 90 megavatios de capacidad
instalada. La duración del contrato es por 30 años prorrogables.
Preneal
realizó un contrato, en términos muy parecidos, con la comunidad de San
Dionisio del Mar para la instalación de 102 aerogeneradores en la barra de
Santa Teresa, lo que provocó la resistencia de los ikjoots de Pueblo Viejo,
quienes cuestionaron que el parque eólico afectaría la pesca, su base de
subsistencia, y ocasionó las movilizaciones que llevaron a Martínez Álvarez el
sábado a Álvaro Obregón.
Aunque
negociando por separado con las comunidades, Preneal tenía proyectado un gran
parque eólico: en conjunto los proyectos de San Dionisio del Mar y Santa María
del Mar totalizarían 396 megavatios, que los convertirían en la mayor
instalación eólica de América Latina.
A la
firma del contrato con Preneal, el 21 de julio de 2006 en Juchitán, Santa María
del Mar recibió un pago inicial de 276 mil pesos, según el testimonio que posee
este diario; el pago incluía la renta anual por la reserva más IVA y 36 mil
pesos como apoyo educativo.
En marzo
de 2011 Preneal informó que había vendido ambos proyectos en 89 millones de
dólares (63 millones 200 mil euros) a Mareña Renovables, consorcio integrado
por el grupo empresarial mexicano Fomento Económico Mexicano (Femsa Coca-Cola),
el Fondo de Infraestructura Macquarie México (FIMM) y la sociedad Macquarie
Capital.
Esa venta
representa un negocio de más de mil millones de pesos. A quienes lo hacen
posible les entregan la fabulosa cantidad de nueve pesos con 58 centavos
(mensuales por hectárea). ¿Les parece un trato justo?, cuestionó en el Congreso
de Oaxaca el diputado local Flavio Sosa el pasado 6 de febrero, cuando recordó
a la diputación oaxaqueña lo que los indígenas ikjoots y zapotecos han venido
denunciando desde el sexenio de Vicente Fox: los contratos no les fueron leídos
en su idioma, hubo presiones y maniobras ilegales de las empresas para que
firmaran y no se cumplieron las disposiciones ni de la Constitución Mexicana de
protección a las tierras comunales ni las del convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, de que los pueblos indígenas deberán ser consultados
siempre que se considere enajenar sus tierras o transmitir sus derechos sobre
ellas.
Sosa
instó al Congreso y al gobierno de Gabino Cué a establecer una mesa de diálogo,
cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos indígenas y
a ventilar públicamente un asunto que a todas luces es de interés público.
Por el
lado de Santa María del Mar, el otorgamiento del usufructo de las 2 mil
hectáreas a Preneal-Mareña agudizó el conflicto agrario que este núcleo tenía
con la comunidad de San Mateo del Mar por mil 450 hectáreas. El ex comisario
ejidal de San Mateo, José Gutiérrez Luis, señaló en 2011 que parte de las
tierras que usufructúa Mareña pertenecen a su comunidad.
San
Mateo, cuya asamblea desde un principio rechazó los proyectos eólicos, mantiene
bloqueado desde hace casi tres años el paso por tierra a Santa María del Mar,
una de las agencias del municipio de Juchitán más marginadas, que quedó aislada
y a la que sólo se puede llegar por mar.
Cronología
de un proyecto estrictamente confidencial
De
acuerdo con un documento de Mareña, rotulado estrictamente confidencial, la
cronología del proyecto Preneal-Mareña Renovables es la siguiente.
En abril
de 2003 Preneal comenzó a desarrollar el proyecto en el área; en abril de 2004
renta el uso de los primeros terrenos; en marzo de 2007 adquiere 395.9
megavatios de capacidad de transmisión en la temporada abierta de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE); en marzo de 2011 Mareña Renovables adquiere y se
propone desarrollar el proyecto.
El 21 de
octubre de 2009, con un modificatorio al contrato inicial, el pago de renta por
las tierras reservadas aumentó a 126 pesos con 8.7 centavos por hectárea y la
superficie se incrementó a 2 mil 261 hectáreas.
En el
contrato de 2006 se establece que en la asamblea que lo aprobó participaron 72
de 129 comuneros –55.8 por ciento del total– y lo aprobaron por 65 votos.
Se
detalla que los representantes legales de la empresa informaron de la intención
de ésta de establecer, desarrollar y operar centrales eólicas en las tierras de
uso común de Santa María del Mar, en una área geográfica que será delimitada de
manera exclusiva por su representada, y aclararon preguntas y dudas a los
participantes.
Se
estipula, además del pago anual por hectárea y de apoyo educativo, el pago de 4
mil pesos anuales por derecho de instalación y medición de cada torre para
medición del viento, sin especificar su número. Además, en caso de que la
central llegara a construirse, la usufructuaria se compromete a instalar a su
costo una planta desaladora de agua marina para dotar de agua potable a los
comuneros.
Se
determina, además, que cuando el proyecto entre en operación le pagará a la
comunidad por el usufructo de las tierras 1.4 por ciento del total de ingresos
brutos derivados de la generación de electricidad en el área geográfica,
cesando los otros pagos.
Un
análisis del contrato, realizado por la abogada Mirna Godínez Rasgado, señala
que el proceso legal que se siguió para obtener la autorización de la comunidad
carece en algunos puntos de validez legal, porque la información que se dio a
los comuneros fue sesgada y buscaba más la aprobación que la reflexión; sólo
participaron comuneros –poco más de 8 por ciento de la población– y no se
consultó a mujeres y jóvenes, que representan 92 por ciento de los afectados.
Asimismo,
la asamblea se realizó sin tomar en cuenta que la instalación de un parque
eólico requiere del análisis y la decisión de un nuevo régimen de explotación
de las tierras comunales, ya que implica pasarlas del régimen de explotación
agrícola a una industrial y comercial, y en estas condiciones debía efectuarse
una asamblea general calificada, lo que requería contar en primera convocatoria
con la asistencia de las tres cuartas partes de los comuneros y con el voto
aprobatorio de las dos terceras partes.
En
conclusión, el procedimiento aplicado violó la ley agraria en vigor, la
Constitución y los convenios internacionales, indica el análisis.
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