PROCESO
17 DE ABRIL 2013
LA REDACCION
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El abogado Horacio Culebro Borrayas
interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República
(PGR) contra el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y 50
exfuncionarios de su administración por los delitos de enriquecimiento
ilícito, abuso de funciones, fraude procesal y desfalco por 40 mil
millones de pesos.
La demanda interpuesta el miércoles pasado ante la Fiscalía de
Servidores Públicos de la PGR en la Ciudad de México, integra una
comisión de al menos 20 delitos penales, entre ellos coalición de
servidores públicos, tortura e incomunicación y delitos contra la
dignidad de las personas.
Según Culebro, con la denuncia se pretende que Sabines Guerrero y sus
excolaboradores paguen por el daño cometido al patrimonio de los
chiapanecos.
Por tal motivo, el abogado pidió que la PGR ordene congelar las
cuentas bancarias a nombre del exmandatario y sus familiares más
cercanos y embargarle los bienes inmuebles suficientes que garanticen el
desfalco por 40 mil millones de pesos al erario de Chiapas cometido en
seis años, el cual, agregó dejó al estado en la miseria.
Detalló que la denuncia consta de 129 horas y 900 anexos probatorios.
Junto con Sabines son acusados también su exsecretario general de
Gobierno, Noé Castañón León, quien desempeña el mismo cargo con el
actual gobernador Manuel Velasco.
También Nemesio Ponche Sánchez y Mauricio Perkins, exasesores de
Sabines, además del procurador general de Justicia del estado, Raciel
López Salazar; el exjefe de la oficina del gobernador, Mauricio Perkins
Cardoso y el excoordinador del gabinete estatal de asesores, Nemesio
Ponce Sánchez.
Asimismo, diputados locales como Neftalí del Toro Guzmán, presidente
de la Junta de Coordinación Política; Jorge Enrique Hernández Bielma,
José Ángel Córdova Toledo y Emilio Salazar Farías.
Culebro exige a las autoridades que se giren órdenes de aprehensión contra todos los culpables.
En 2009, Culebro Borrayas recurrió a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) para echar abajo decretos del gobernador Juan Sabines
Guerrero sobre reelección de alcaldes y diputados locales, lo que le
costó pasar casi dos años en prisión con supuestos delitos
prefabricados.
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