| Autor: Aurelio Morales Posselt * | |
22 abril 2012
Denunciar el menosprecio político y social hacia el campesino o la sobreexplotación de los recursos primarios y sus terribles repercusiones ecológicas y de salud parece ya un lugar común y muy masticado. Sin embargo, la falta de atención a estos dos graves problemas, así como su peligrosa exponenciación actual, hacen necesario insistir en el tema como si fuera una novedad.
Hoy día el campesino, que no el campo, está abandonado y
menospreciado tanto por la sociedad como por las políticas públicas.
Suponiendo que los programas de asistencia social estén honesta y
eficientemente manejados, ni son suficientes ni sus consecuencias son
siempre positivas. Los recursos provenientes de programas de apoyo
productivo o de mejoramiento de infraestructura (como es el caso de los
pisos firmes) no son entregados o ejecutados por la Secretaría de
Desarrollo Social directamente (y mucho menos por su titular, Heriberto
Félix Guerra), sino tienen que ser solicitados por quien lo requiere. Y
la solicitud no es sencilla, por lo que es necesaria la intermediación
de los gobiernos municipales, organizaciones sociales o algún asesor
privado para lograr el beneficio. Alcanzado este recurso (que suele no
ser mucho) no siempre llega a manos de su destinatario final.
El abandono al campesino no queda ahí: socialmente nos hemos
acostumbrado a menospreciar y pagar miserias por su trabajo y sus
productos artesanales, regocijándonos después de lo barato de la
adquisición. El jornal (la mano de obra por día) es de los salarios más
bajos. En muchas zonas ronda por los 100 pesos o 3 mil pesos mensuales,
suponiendo que tienen trabajo la semana completa y sin descanso, sin
prestaciones ni seguro. El Seguro Popular es un avance, pero, como
siempre, los más pobres viven más lejos de las clínicas y qué decir de
los hospitales.
El menosprecio al campesino se traduce en la idea de que es una
clase socialque debe desaparecer. Las políticas públicas de inclusión,
como es el caso de las ciudades rurales (comentadas en otra columna),
cuando mejor, tienen el único objetivo real de convertir la mano de obra
campesina en mano de obra manufacturera, igualmente mal pagada pero
insertada con más fuerza al consumismo urbano. Las campañas en supuesto
pro del campesino por lo general no tienen como fin reconocer, respetar o
reafirmar su cosmovisión única y diferente a la urbana-occidental; no
están enfocadas en reconocer su diversidad cultural, sus conocimientos o
el valor de su estilo de vida no basado en el consumo y la evaporación. Simplemente se cree que “salvarlos” depende sólo de la conversión del campesino en una variable más del mercado.
Éste está menospreciado, pero el campo no. El campo recibe toda la
atención, está sobreexplotado, abusado, sobre todo ahí donde es rico en
recursos naturales: madereros, biogenéticos, minerales. Cada vez más
territorio nacional y mundial está concesionado a las enormes
transnacionales (en México un 40 por ciento de las concesiones de
explotación minera se han otorgado a empresas extranjeras, de las cuales
el 70 por ciento son canadienses) y, como suele suceder en el país,
muchas de estas concesiones exudan irregularidades y fueron realizadas a
expensas de la opinión de quienes habitan a sus alrededores. El mejor
ejemplo de esta oscuridad es el caso de la Minera San Xavier, en
San Luis Potosí, que funciona a pesar de que se han ganado una y otra
vez procesos legales en su contra, ya que, entre otras cosas, explotaba
un área natural protegida. Y digo “explotaba” porque apenas la empresa
de capital canadiense perdió un juicio al respecto: legisladores
potosinos cambiaron el uso de suelo de la zona a favor de la explotación
minera y en detrimento de su uso ecológico.
La visión política justifica las concesiones mineras porque asegura que es inyección
de desarrollo y riqueza, pero ¿para quién? Ciertamente las comunidades
de los alrededores son las últimas beneficiadas. Y sí, en ocasiones
tratan de compensarlo con programas de asistencia en los pueblos
aledaños a la mina –de computación, de empleo–, pero ¿a cambio de qué?,
de la destrucción de la tierra y el ecosistema, de mano de obra barata,
de enfermedades y de no recibir porcentaje alguno de las millonarias
ganancias que el mineral de sus tierras representa. Además, la
apropiación de las tierras comunales –por definición: que pertenece a la
comunidad– por los grandes capitales y políticos inescrupulosos no se
restringe al valor de sus recursos naturales, sino que cualquier
plusvalía es aprovechable: la existencia de infraestructuras para
eventos como lienzos charros o campos de futbol; o de recursos de valor
turístico como bellezas naturales o ruinas; pueden ser pretexto para una
apropiación irregular y para prohibir el paso a quienes antes ahí
convivían como “Juan en su casa”.
Esta situación actual del campo y el campesinado fue el mensaje de
denuncia que se repitió en uno y otro estado del Sur y centro de la
república tras la marcha-caminata que campesinos, sobre todo
provenientes de Chiapas, apenas a finales de marzo y principios de abril
de 2012, realizaron por 20 días para llegar al Distrito Federal,
compartiendo experiencias y denuncias con organizaciones de Oaxaca,
Veracruz, Tabasco, Morelos, Puebla y de la Ciudad de México, entre
otras.
No obstante, en nuestra realidad campesina, la denuncia más fuerte y
preocupante es aquella derivada de la violencia. Por un lado debido a
la situación de “guerra” y criminalidad en zonas de México y de la que
el campo no es excepción, como en su caso denunciaron campesinos de
Morelos, para quienes las noticias de asesinados son cosa de todos los
días; y por el otro, por la violencia que se ejerce en contra de sus
movimientos y organizaciones campesinas y sociales no alineadas desde
las distintas instancias de gobierno. Ejemplo de este caso es el de los
chiapanecos Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, del
Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan
de Ayala-Movimiento Nacional, detenido el primero de ellos a traición
luego de ser invitado por las propias autoridades a una reunión de
diálogo cuando este lideraba una marcha a favor de los afectados por el taponamiento
del río Grijalva (caso comentado en columnas anteriores), y ambos
encerrados en prisión a través de procesos interminables y plagados de
irregularidades y abusos. Todos ellos evidentes para quien lea sus
expedientes; tan es así que sus casos han recibido ya este año
recomendaciones favorables por parte de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
*Integrante del Área de Difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC
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