Gloria Muñoz Ramírez,
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Es día de visita en la cárcel. Los presos están dispersos entre
el patio central y los corredores. Las celdas están expuestas y
desde ahí, hacinados, cientos de ellos, en su gran mayoría indígenas,
observan la convivencia familiar de quienes reciben a un pariente.
Ha caído un aguacero con granizo y todo está encharcado. El frío
aquí es eterno. No hay cobija que alcance en plena primavera.
Es la prisión de la pobreza. Algunas mujeres con sus trajes multicolores
llegan con sus bultos de comida y su pila de hijos a la visita.
Es una cárcel con un alto porcentaje de población indígena, pero el
idioma es el español, y que se friegue el que no lo hable. Aquí, de
cualquier forma, la piel es morena.
En un rincón del patio, medio cubiertos de la lluvia por una lona
rota, apartados de la bulla del fin de semana, los presos políticos de
La Voz del Amate y Solidarios de la Voz del Amate, ambas organizaciones
adherentes a La Otra Campaña, junto a Francisco Santiz
López, base de apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(ezln), platican y estudian. Todo está mojado y no hay lugar para
sentarse en esta entrevista colectiva.
Dentro del penal son un pequeño grupo que se ha ganado el
respeto del resto de los presos, pues muchos de sus casos se parecen
en el cúmulo de irregularidades en sus procesos, aunque “no
todos le entran a la organización, pues a muchos les dan miedo las
represalias”.
El coro de voces en el que participan Rosario, de la Voz del Amate,
y Alfredo, Pedro, Enrique y Alejandro, de Solidarios con la Voz
del Amate, va de sus casos particulares a las denuncia de un sistema
que los mantiene tras las rejas. Francisco, base de apoyo zapatista,
sigue la conversación en silencio. Su caso es difundido por la Junta
de Buen Gobierno de Oventik. Acaba de pasar otra terrible jugada.
Preso desde el pasado 4 de diciembre, el 22 de marzo se le notificó
que saldría del penal “pero justamente cuando faltaban unos metros
para salir de la cárcel”, denunciaron las autoridades autónomas zapatistas,
sonaron “sus maquinas de comunicación (celular) de los
que supuestamente lo liberaban, para recibir la noticia de que Francisco
no puede salir, que porque tiene otro delito federal más grave:
‘portación de arma de fuego de uso exclusivo de ejército’ y que esto
impide su liberación”.
Acusado de un asesinato que se ha comprobado que no cometió,
“nuestro compañero Francisco fue acusado falsamente y detenido
injustamente, no tiene nada que ver con lo ocurrido en Banavil, porque
no estuvo ni participó en los hechos ocurridos en el cual se acusa.
Francisco no es asesino ni tiene arma, sólo porque la gente del
pri así lo acusa falsamente”, señala la junta zapatista.
Una fuerte presencia, en ausencia, en este
penal es la de Alberto Patishtán, defensor de los
presos y denunciante de las injusticias en las
cárceles. Originario de El Bosque, en donde se desempeñaba como
maestro y defensor de los derechos de su comunidad, Patishtán,
condenado a 60 años de prisión “por un delito prefabricado”, fue
trasladado a Guasave, Sinaloa, a dos mil kilómetros de distancia, en
represalia, denuncian sus compañeros, “por encabezar una huelga de
hambre en el otoño de 2011”.
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Desde el pasado 29 de febrero, un juez ordenó el regreso del
profesor Patishtán al Centro Estatal para la Reinserción Social de
Sentenciados número 5, pero hasta el momento no se ha ejercido
su derecho, “lo cual debe hacerse inmediatamente”, dice uno de sus
compañeros; mientras otro completa la frase: “que lo regresen, pero
mejor en libertad”.
“El gobierno pensó que nos iba a acabar con el traslado del profesor,
pero se equivocó. Al principio sí fue una desmoralización, pero
ahora ya estamos reorganizados sin él, aunque nos haga falta. Estamos
con lo que nos enseñó, con lo que aprendimos. Denunciamos lo
que ocurre y ya volvimos a agarrar el paso. Se equivocaron quienes
pensaron que nos íbamos a rendir. Sabemos que cuando alguien lucha
por la justicia no todos lo ven bien, pero poco a poco nos hemos
ganado el respeto de los otros”, afirman.
Los presos no sólo denuncian “la fabricación de delitos, la
tortura para obligarlos a firmar declaraciones inculpatorias, la
falta de traductores en sus juicios y el hostigamiento”, sino también
las injusticias que se viven dentro del penal. En estos momentos
la mayor parte de ellos padece alguna enfermedad y no
hay atención médica. Alejandro Díaz sufre alarmantes dolores
de cabeza y problemas de carnosidad en los ojos. Rosario Díaz
tiene pérdida de la memoria; Alfredo López tiene un mal crónico
en la rodilla, agudizado por la falta de atención desde hace cinco
años, y Rosa, su esposa, presa en el área femenil del mismo penal,
tiene hernia umbilical. Un severo dolor matutino le impide
estar en la entrevista. “Si te sacan es porque ya te estás muriendo.
Te dan medicamentos caducados o cambiados o de plano te
niegan la atención”, señalan.
A unos meses de que el gobernador Juan Sabines termine su periodo,
los presos le recuerdan que “sale como un violador de los
derechos humanos, aunque quiera mostrarse como lo contrario. Él
gestionó el traslado de Patishtán, aunque lo niegue, y por él las cárceles
de Chiapas están llenas de inocentes”.
El de Sabines, coincide el grupo, “es un gobierno represor, injusto
y tirano. Ignoró la huelga de hambre pasada y se ha dedicado
a lesionar los derechos humanos de la población. Sabe que somos
inocentes. Sabe que se prefabricaron delitos. Sabe que en Chiapas
no se buscan culpables, sino quién pague el delito”.
Para Alfredo, Pedro, Enrique, Rosario y Alejandro, la cárcel ha
representado “la concientización”. “Estamos más despiertos que antes”,
dice Rosario, “y convencidos de que seguiremos luchando por
nuestra libertad”. “Aquí yo no veo cruces”, dice Alfredo, “así es que
nos vamos vivos. No hay más”.
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