No se
notificó a familiares a dónde lo transportaban, pero uno de los custodios dijo
que lo llevaban “a dónde él quería”, lo que permite suponer que se trata la
ciudad de México.
La Jornada
Hermann Bellinghausen, enviado
Publicado: 03/10/2012
Hermann Bellinghausen, enviado
Publicado: 03/10/2012
San Cristóbal de las Casas, Chis. La ministra
Olga Sánchez Cordero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó
hoy estudiar el caso de Alberto Patishtán Gómez, preso indígena de la otra
campaña en Chiapas, para presentar próximamente su análisis a la Primera
Sala de la Corte. Allí se determinará si es admitido el incidente de
reconocimiento de inocencia presentado en septiembre por la defensa legal del
sentenciado, la cual demanda que la instancia reasuma la competencia originaria
que le confiere el artículo 561 del Código Federal de Procedimientos Penales
para conocer de dicho Incidente.
En tanto, familiares de Patishtán Gómez informaron que la tarde de hoy,
a eso de las 17 horas, éste fue trasladado en una ambulancia al aeropuerto
Ángel Albino Corzo desde el hospital Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez. No se les
notificó a dónde lo llevaban, pero uno de los custodios comentó que lo llevaban
“a dónde él quería”. Ello permite suponer que se trata la ciudad de México.
En días pasados el propio profesor indígena señaló en una carta a las
autoridades gubernamentales su rechazo a ser atendido en el hospital tuxtleco
donde, en un internamiento anterior, en 2010, no recibió atención adecuada y se
le hizo un diagnóstico erróneo. Solicitó en cambio ser atendido en el Instituto
Nacional de Neurología “Manuel Velasco Suárez”, por un tumor cerebral que le ha
afectado la vista de manera gradual y hoy está casi ciego.
Patishtán, quien se ha convertido en un importante preso de conciencia y
defensor de los derechos humanos en las prisiones de Chiapas, lleva 12 años
purgando una condena de 60, acusado de participar en el asesinato de seis
policías estatales y uno municipal en junio de 2000, en la carretera
Simojovel-El Bosque.
Convencidos de su inocencia, colectivos y organizaciones sociales de
México y numerosos países han demandado su liberación, así como personalidades
como Pablo González Casanova, Luis Villoro, John Berger y Raúl Zibechi.
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