corresponsal | El Universal
Un juez federal amparó y ordenó la libertad del vocero y uno de los
dirigentes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), Eric
Bautista Gómez, recluido 3 años en diferentes penales de Chiapas, y
procesado por el presunto delito de homicidio.
El juzgado 5º de Distrito ratificó el recurso de amparo contra la
prisión preventiva del representante de MOCRI, integrante de la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPAMN), quien
fue detenido el 7 de abril de 2009, por el homicidio de Martha Gómez,
militante de esa organización, en la colonia Emiliano Zapata, en esta
capital.
Bautista Gómez, quien posterior a su arraigo judicial en la desaparecida
finca Pitiquito, fue interno en los centros penitenciarios El Amate de
Cintalapa de Figueroa, de Copainalá y Tapachula, dejó las rejas de éste
último la tarde de ayer.
El representante de MOCRI participó esta tarde en una concentración de
protesta en las afueras del palacio de gobierno, donde acompañado de
unos 2 mil campesinos, cuyos vehículos bloquearon los alrededores,
exigieron la liberación de 33 reos más, entre ellos, el dirigente de ese
mismo grupo, Francisco Jiménez Pablo, recluso en un penal federal del
estado de Morelos.
El entrevistado informó que la resolución federal que ordenó su libertad
se fundamentó en las inconsistencias jurídicas iniciadas en su contra
por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), resumidas en
la ausencia del debido proceso legal.
Bautista Gómez denunció que a 48 horas de su aprehensión fue llevado
ante el actual procurador de justicia Raciel López Salazar, quien le
ofreció su libertad si delataba a su compañero Francisco Jiménez Pablo.
"Mi interrogatorio ante el procurador no estuvo relacionado con el
presunto homicidio en mi contra, sino en cuestiones de organización: me
pidió que entregáramos al compañero Francisco Jiménez, para que yo fuera
liberado y obtuviera una compensación económica", relató.
El Movimiento Campesino Regional Independiente y la defensa jurídica
argumentó desde un principio, que Eric Bautista fue víctima de
violaciones de sus derechos humanos, de sus garantías judiciales -"falta
del debido proceso legal, de presunción de inocencia, defensa jurídica
adecuada, torturas, agresiones y falta de atención médica"-.
La organización campesina acusó que la detención judicial de ambos
dirigentes fue realizada después de las protestas y manifestaciones en
defensa de un grupo de familias perjudicadas en sus tierras y viviendas
por el derrumbe, en noviembre de 2007, de un cerro que destruyó la
comunidad Juan de Grijalva, en las aguas de ese río, que desplazó a
decenas de comunidades de la zona.
MOCRI-CNPA-MN informo también que, luego de 2 años y medio de gestiones
jurídicas, la magistratura federal, determinó mediante un juicio de
garantías, que el delito de privación ilegal de la libertad en la
modalidad de retención de funcionarios prescribió del Código Penal
Federal y en la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de
Secuestro.
En consecuencia, precisó el Movimiento Campesino Regional Independiente,
se espera que en los próximos días el magistrado del Segundo Tribunal
Unitario, en cumplimiento de la sentencia de amparo, emita una nueva
resolución que ordene el sobreseimiento del proceso penal federal de
Jiménez Pablo.
Esto implica también que el procesado sea trasladado del centro federal de Morelos, a un penal de Chiapas, puntualizó.
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