La Jornada
Jueves 1º de noviembre de 2012
Jueves 1º de noviembre de 2012
Los sistemas de justicia indígena
tienen mucho qué aportar en la materia, sobre todo en cuanto al respeto a los
derechos humanos, la integración de transgresores y el acotamiento de la
impunidad; sin embargo, sufren constante asedio y persecusión y en muchos casos
sus resoluciones no son tomadas como válidas por las autoridades, sino que se
les relega a decisiones de asuntos menores, coincidieron expertos en el tema.
Durante el foro Sistemas de
Justicia Indígena en México, organizado por el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, Magdalena Gómez, integrante de la Academia Mexicana
de Derechos Humanos y articulista de La Jornada, indicó que debido a que
la justicia nacional ha evidenciado importantes fallas estructurales, sobre
todo en relación con el respeto a los derechos humanos para la ciudadanía de a
pie, deberían valorarse las virtudes del sistema de justicia indígena, el cual,
afirmó, se encuentra ante el asedio del Estado, que en el contexto del
neoliberalismo se convierte en defensor del capital.
Hay que voltear hacia el sistema
de justicia indígena; estos espacios constituyen un asidero de resistencia ante
el avance del actual sistema económico, añadió.
La abogada lamentó las
dificultades que enfrentan las comunidades para hacer valer sus sistemas de
justicia, pues muchas autoridades consideran que en las comunidades se usurpan
funciones y se violan derechos humanos, por lo que tienden a no reconocerse sus
resoluciones.
María Teresa Sierra, experta del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, afirmó que luego
de la reforma en materia indígena de 2001 se han dado dos grandes tendencias,
una en la que
el Estado reconoce ciertos espacios de justicia, como en Oaxaca y San Luis Potosí, y otra en la que se
construyen nuevas instancias, un nuevo modelo de justicia indígena surgido desde el Estado, y ésta se trata de una justicia acotada y subordinada, dedicada a
asuntos menores, a la que se confiere sólo el carácter de
mediación.
Gilberto López y Rivas, académico y
articulista de este diario, destacó que las autonomías son una respuesta
estratégicade los pueblos originarios en su lucha por
conservar su autoridady de enfrentarse en últimas fechas a un “Estado que ha devenido en un tipo de Estado delincuencial penetrado por el narco”. Resaltó el caso de Cherán, comunidad que ante la inacción gubernamental se organizó para defender sus bosques del crimen organizado y resaltó la importancia de las
alianzas que se tejen entre diferentes autonomías.
Flora Gutiérrez, abogada y defensora de
derechos humanos, se refirió a la participación de las mujeres indígenas en los
procesos de justicia y señaló que al respecto ha habido avances.
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