Chilón, comunidad tzeltal perseguida por defender su territorio

La resistencia de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón adherentes de la Sexta se inscribe en distintas historias que son una sola: una misma campaña gubernamental desde 2009.

Hermann Bellinghausen, enviado
Publicado: 29/06/2013 17:33

San Cristóbal de las Casas, Chis. La resistencia de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón adherentes de la Sexta se inscribe en distintas historias que son una sola, desde el asesinato impune en abril de su dirigente Juan Vázquez Guzmán hasta la liberación esta semana de Miguel Vázquez Deara, más de dos años preso en Ocosingo acusado falsamente. Y la persecución judicial en curso contra Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez, recluidos respectivamente en Playas de Catazajá y El Amate, también por montajes ministeriales y tortura. Eso, y más, es el precio que pagan por la defensa de su territorio, que hoy refrendan.

La conferencia de prensa de los ejidatarios realizada este viernes en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) confirma que cada caso individual es resultado de una misma campaña gubernamental desde 2009 para desgarrar a esa histórica comunidad tzeltal de Chilón. Se trata de una comunidad perseguida. Porque resiste.

Domingo Pérez, representante de los ejidatarios de la Sexta, pone en un mismo plano el estar conmemorando estos días a Juan, el líder asesinado, y la alegría de recibir a Vázquez Deara libre. Éste, al tomar la palabra, exige la libertad de sus otros dos compañeros “porque sus familias están sufriendo sin ellos, que están sufriendo en la cárcel sin razón”.

Marta Demeza Jiménez dice de su hermano Miguel, preso en El Amate: “Es una persona honesta, honrada, trabajadora, injustamente presa desde 2010”. Y en referencia a la extraña decisión del juez Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, de Tuxtla Gutiérrez, quien en vez de resolver un recurso de apelación del indígena sentenciado, lo despachó a la ciudad de Jalapa, Veracruz. Lo más lejos que pudo. Marta apunta: “Es una mala decisión del juez Morcillo, no se puede lavar las manos como si les tuviera miedo al gobierno y a la opinión pública”.

Isabel Hernández Deara, esposa de Antonio Estrada Estrada, insiste en la inocencia de su compañero, preso desde 2011 por cargos falsos de robo con violencia. “Le hicieron ‘torturación’ para que confesara. Nosotros somos pobres y no tenemos para pagarle a la justicia. Los verdaderos culpables, que sí tienen para pagar, están libres”. (No había ironía en sus palabras). Algo que complica el proceso de Antonio es que, como parte de lo que su defensa del Frayba llama “el montaje” ministerial, al indígena le “sembraron” un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y eso le carga un delito de orden federal.

Ni siquiera la liberación de Vázquez Deara es definitiva. Apenas el juez en Ocosingo dictó el auto de libertad el miércoles 26, aceptando que “nunca existieron elementos para este proceso”, como explica el propio Frayba, de inmediato el fiscal del ministerio público de Ocosingo apeló la resolución.

Domingo Pérez Alonso recuerda que Juan Vázquez, antes de ser ultimado, se dedicaba a dar seguimiento directo a sus compañeros encarcelados y “estaba muy pendiente de sus familias”. Recordó que el hostigamiento de paramilitares, que parecía haber quedado en el pasado, recrudeció durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero. Responsabiliza del crimen al actual gobierno estatal y al líder oficialista Francisco García.

En una segunda intervención, Miguel (el liberado) afirma: “Con el mal gobierno no hay justicia. Mete a la cárcel al pueblo indígena que no ha hecho nada”.

En solidaridad internacional con la lucha de los ejidatarios realiza se ahora una semana mundial en memoria de Juan Vázquez Guzmán, y porque “la lucha de Bachajón sigue”.

El escritor Gustavo Esteva se sumó nuevamente a quienes apoyan al pueblo de la Sexta en San Sebastián: “Debemos asumir con entereza el estado de cosas. Quienes deberían vigilar el cumplimiento de la ley se dedican a violarla. Quienes tienen la facultad legal de usar la violencia para proteger a los ciudadanos la están empleando contra ellos. La maquinaria jurídica escarnece sistemáticamente la justicia y viste el despotismo con el manto de simulacros de tribunales. Es aberrante seguir hablando de estado de derecho y de democracia cuando las cosas están como ahora.

“Estamos en un estado de excepción no declarado en que se incurre en todos los vicios y males de la injusticia, en todos los horrores que no debe ver la justicia. ‘Aquí en Chiapas’, dijo alguna vez Juan Vázquez Guzmán, ‘la ley y la justicia no existen, sino que el gobierno impone su mandato’”.

Esteva, colaborador de La Jornada, concluye: “Lejos de impulsarnos a la parálisis o la desesperación, esta situación insoportable nos impulsa a tomar la iniciativa y nutre nuestra esperanza. Frente a los crímenes e impunidades del mal gobierno se levanta la energía de quienes, inspirados y alentados por Juan, deciden llevar adelante la lucha y hermanarse con otros muchos compañeros que en todas partes han decidido resistir. La lucha de Juan y del pueblo de San Sebastián está claramente en el frente de la batalla en que se definirá nuestro destino”.

Colectivos de París y Toulouse (Francia) anunciaron su respaldo a la lucha del ejido contra el proyecto turístico y el despojo de sus tierras. También denunciaron “la violencia desplegada por los grupos paramilitares coludidos con las autoridades”, y respecto a Juan, que “entregó su vida para la defensa de su territorio” y el suyo “fue claramente un asesinato político bajo el mando del mal gobierno. Sabemos también que este asesinato no parará su resistencia y determinación frente a la embestida del gobierno, títere de las transnacionales”. 

En la conferencia de prensa los indígenas expresan agradecimientos especiales para el Movimiento del Barrio de Nueva York. Simultáneamente se celebran actos solidarios en Colombia, Inglaterra (Dorset), Alemania (Berlín) y Estados Unidos.