04 de junio, 2013 — La Oficina en México de la Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos repudió el asesinato de Arturo Hernández
Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, cuyos cuerpos
a fueron hallados el lunes 3 de junio en la carretera federal México –
Acapulco, en el estado de Guerrero.
De acuerdo con la información
recibida por esa Oficina, las tres víctimas habían sido privadas de su
libertad por personas aún sin identificar el 30 de mayo, junto con cinco
personas más, todas integrantes de la organización Unidad Popular (UP)
de Iguala, quienes habían participado en una manifestación pública
frente a una caseta de peaje en el municipio del mismo nombre.
La
información difundida por los medios de comunicación señala que cuatro
de los activistas habrían escapado con vida de manos de sus captores,
mientras que aún se desconoce el paradero y estado del quinto de ellos.
El
representante en México de la Alta Comisionada de la ONU, Javier
Hernández Valencia, consideró que la indignación y alarma que produce un
hecho de tal envergadura “debería ser compartida y expresada como un
rechazo unánime desde amplios sectores de la sociedad y la política
mexicanas”.
Además, Hernández Valencia urgió a que se adopten
medidas inmediatas y eficaces para que los sobrevivientes, testigos del
abominable crimen, reciban la debida protección y garantías para el
esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables.
Agregó
que dichas medidas deben incluir la salvaguarda de las familias de los
activistas, así como de los demás integrantes de la dirigencia de la
Unidad Popular.
La ONU instó a las autoridades mexicanas a
desarrollar de manera diligente una investigación seria, completa,
imparcial e independiente de los hechos para sancionar a los
responsables, desplegar todo el esfuerzo para encontrar con vida a Jaime
Castrejón y prevenir la comisión de agresiones en contra de otros
miembros de la Unión Popular y de cualquier otro movimiento social o
político.
Finalmente, la ONU conminó a las autoridades locales y
federales a brindar a las familias de las víctimas la asistencia y
justicia que merecen.
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