Las minas y el despojo llevan a la lista de Forbes a los millonarios mexicanos

Los tres hombres más ricos de México basan su fortuna principalmente en la explotación minera, facilitada por leyes permisivas sin par en el continente, y dejando a su paso destrucción ambiental y comunitaria.
Adazahira Chávez, desinformemonos.org

México. La riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes está cimentada “en el despojo de los bienes de la nación”, resume Francisco López Bárcenas, autor del libro “El mineral o la vida”, sobre la legislación minera en México.

Los tres primeros lugares de la lista de México (Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea) tienen empresas mineras. El artículo 27 actual señala que  se pueden concesionar los recursos naturales “pero siempre debe ser, primero, para distribuir la riqueza nacional -y no para tres gentes-; para el desarrollo de los mexicanos y para conservarlos”, precisa López Bárcenas, que agrega que en el caso de la minería no se cumple ninguno de estos supuestos. Además, explica, se afecta el derecho al agua y la alimentación de los mexicanos por el carácter preferente del que goza esta actividad industrial.

Empresarios mexicanos: explotación y especulación

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, desincorporó las concesiones que tenía el Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente a Grupo México (de Larrea), Grupo Peñoles (de Bailleres) y Grupo Frisco (de Slim, el hombre más rico del mundo) para asegurarse de que controlaran gran parte de la minería, aún antes de que hiciera la reforma al artículo 27 de la Constitución y se publicara la nueva ley minera.

“Cuando se modifica la ley de inversión extranjera, que permite cien por ciento de capital extranjero en las minas, ya los empresarios mexicanos tienen asegurada su parte”, señala López Bárcenas. Después de la entrega de las concesiones vino la Ley Minera, que unificó los permisos para explorar y explotar y permitió que los periodos de concesión fueran prácticamente de cien años. Eso, apunta López Bárcenas, abrió paso a la especulación.

“Casi todos los proyectos, dicho por los propios mineros, se llevan máximo 15 años. ¿Para qué quieren cien? Porque entre más tiempo tengan, su precio es más alto en la bolsa de valores; el negocio no es sólo explotar el mineral, es especular con el patrimonio nacional”, enfatiza el abogado mixteco. La Ley Minera también permite que las concesiones se unan, con lo que adquieren mayor valor en la bolsa.

Ante la idea de que la mayoría de las mineras en México son canadienses, López Bárcenas responde que esto no es totalmente verídico. Explica que en la bolsa de valores de Vancouver se concentran todos los proyectos de minería. “Puede ser un capital mexicano o estadunidense que se va a Vancouver, se domicilia ahí para entrar a la economía especulativa y de ahí se viene a México, pero ya como capital canadiense”, precisa.

La producción de metales en México se disparó en 2010; para 2011, su valor superó los 20 mil millones de dólares y llegó al tercer lugar entre los sectores productivos de México, según datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

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Otro factor que abona al fácil enriquecimiento para los empresarios mineros es que solamente “pagan por hectárea de superficie concesionada entre cinco y 111 pesos semestralmente, sin importar ni el tipo de mineral ni la cantidad que obtengan”, informa el abogado e historiador.  México es “el único país en América Latina en que los empresarios no pagan impuestos por la obtención y la exportación del mineral”, agrega. Colombia, aún con una ley minera muy parecida, cobra el 30 por ciento del valor del mineral extraído.

Una comparación que ilumina es el caso de la paraestatal Petróleos Mexicanos. “El petróleo también es un mineral, que el Estado se ha reservado para explotarlo él solo. Si uno ve la cantidad de impuestos que paga, no hay un punto de comparación con lo que pagan los otros minerales”, indica López Bárcenas. México es ya el primer productor de plata a nivel mundial y el décimo de oro, según datos de la Camimex, pero mientras gran parte de la recaudación del Estado mexicano viene del petróleo, de los otros minerales “no viene ni un centavo”, acusa López Bárcenas.

 “Facilidades”,

Revolution Resources –la empresa acusada de hacer trabajos ilegales de explotación en el territorio sagrado de Wirikuta-, en la sección “¿Por qué México?” de su página de internet, indica que además de las leyes pro-mineras, este país es el más estable políticamente en América Latina.

Durante el gobierno de Salinas, el Banco de Comercio Exterior y el gobierno de Canadá realizaron talleres sobre las posibilidades de inversión en América Latina, recuerda López Bárcenas. Llegaron a la conclusión de que además de las leyes permisivas en México, el gobierno tenía la disposición de cambiar los requisitos mínimos que había en algunas disposiciones legales y no había organizaciones no gubernamentales que pelearan por el medio ambiente.

Francisco López Bárcenas agrega a las condiciones que posibilitan la gran explotación el asesinato de opositores a las minas: “En (el caso de) Minera San Xavier, un presidente municipal se opuso a otorgar el cambio de uso de suelo y lo asesinaron; en Chicomuselo, Chiapas, mataron a Mariano Abarca; en San José del Progreso, Oaxaca, mataron a Bernardo Vázquez”. El asesinato de Ismael Solorio y Manuelita Solís, en el año 2012 en Chihuahua, también podría estar relacionado porque luchaban contra las perforaciones ilegales que realizaba la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera canadiense Magsilver.

Daños y resistencias

En octubre de 2012, Humberto Gutiérrez, presidente de la Camimex, declaró que en México hay oro y plata para explotar otros 500 años. El oro extraído en la década que va de 2000 a 2010 (419 mil 097 kilogramos) duplica fácilmente a la cantidad extraída durante 300 años de Colonia española (191 mil 825 kilogramos).

Para López Bárcenas, la preocupación no es que se acabe el mineral sino el tipo de explotación que se hace. “Todo es a cielo abierto, y para explotar 500 años más tendrían que poner el país al revés, y a ver a dónde nos vamos cuando estén devastando el territorio”, declara.

Muchas comunidades que rentan sus tierras no saben el daño que se les causará con la actividad minera, que prácticamente destruye todo porque el mineral no está en veta y se tiene que revolver toda la superficie terrestre.

La ley agraria, que debería ser de protección social, permite que la renta de ejidos sea de 30 años prorrogables, “la vida de toda una generación”, apunta López Bárcenas, amén de que el pago es muy bajo. Lo que no dice la minera es que cuando devuelvan la tierra rentada, no va a servir para nada.

En Mezcala, por ejemplo, debido a las protestas se aumentó considerablemente la renta pagada por las tierras, pero el problema “es que la gente emigró porque ya no tenía que hacer”, se acabó el dinero, y al cabo de unos años el pueblo se destruyó completamente. Más que migración, señala el abogado, se trata de desplazamiento forzado.

Otro de los costos es la afectación al derecho a la alimentación. Para que el Estado lo garantice, “sembrar debería ser una actividad preferente; sin embargo, la Ley Minera dice que esa actividad es la preferente y se puede parar todo para hacer minería”.

También se afecta el derecho al agua. En el norte del país hay protestas de campesinos porque la Comisión Nacional del Agua sí se las regula a ellos pero a la minería no. “Hay que modificar ese esquema”, concluye López Bárcenas.

A diferencia de lo que las mineras veían a finales de la década de los ochenta, la protesta social aumentó considerablemente, señala Francisco. Estas resistencias se activaron en los últimos dos años; en primer lugar, las protestas se originaron por la destrucción ambiental; luego, por la baja renta que pagan las empresas por las tierras (mil pesos por hectárea) y más recientemente, los pueblos indígenas piden ya la cancelación de concesiones argumentando la violación a su derecho a la consulta.

Uno de los frentes de protesta “es el legal, demandar que se cumplan los mínimos derechos, que se anulen los contratos de arrendamiento, que se cancelen las concesiones porque no se respetó el derecho a la consulta”; el otro frente es “la organización social, con dos grandes tendencias: la Red Mexicana contra la Minería y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, además de los frentes a nivel regional”; un tercero es la denuncia pública que hacen los afectados, cada uno según su capacidad, analiza el experto.

Posibilidades de reforma

El abogado López Bárcenas señala que para hacer un poco aceptable esta actividad, se le debería quitar el carácter de preferente, las concesiones se deberían reducir a solamente el tiempo que necesite un proyecto, las empresas deberían pagar el agua que utilizan y la renta de la tierra sólo debería hacerse por un valor superior a la actividad que existiera ahí anteriormente.

Sin embargo, señala, eso no es lo principal. “Los pueblos lo que quieren es seguir siendo pueblos y defender su derecho al territorio”, finaliza.

Publicado el 18 de marzo de 2013