miércoles, 31 de agosto de 2011

¿Quiénes son los culpables de los sucesos de Monterrey? o, ¿No hay culpables?


PEDRO ECHEVERRIA

1. ¡No jodan, por favor! ¿Qué no hay que buscar culpables de las más de 50 muertes por prenderle fuego a un casino de Monterrey, lleno de personas? Bien, ya entiendo, no hay que buscar culpables dentro del gobierno y empresarios porque los únicos malosos son los delincuentes. ¿Y en las guarderías de Hermosillo –donde murieron quemados más de 50 niños- hubo algún culpable? ¿Será que el verdadero culpable haya sido el fuego ardiente?, ¿el destino?, ¿dios?



2. La zona metropolitana de Monterrey es la tercera más importante de México, sólo superada en número de habitantes y desarrollo por las grandes urbes de México y Guadalajara. Cuenta con poco más de cuatro millones de habitantes, pero es sin duda el centro económico más importante en el norte del país. Está a 950 kilómetros del DF y modelo de administración económica, política y su pensamiento ideológico tiende a imitar a los EEUU, con quien hace frontera.


3. ¿Qué no hay que buscar culpables? ¿No bebe preguntarse acerca de quién avaló la instalación de miles de casinos? ¿Quiénes son sus propietarios? ¿Cuánto dinero del narco se lava en ellos? ¿Cuántos millones se entregan por impuestos y cuántos para silenciar a funcionarios? ¿Han servido los casinos para beneficiar económicamente al país o a sus dueños? ¿Deben continuar siendo una buena fachada para lavar dinero o deben cerrarse porque en nada benefician al país?


4. ¿Que no hay culpables de que el país se haya descompuesto, se haya complicado y ahora sea más miserable y peligroso? Yo no tengo duda que los principales culpables son la clase política, empresarial, los medios de información y también la iglesia porque todos ellos ejercen un enorme control sobre la población. ¿No hay culpables de la profundización de la quiebra de la economía, del gigantesco desempleo, de los miserables salarios a trabajadores, del alto número de migrantes?


5. ¿Debe unirse México alrededor de quién? Hoy la clase política y empresarial clama unidad ante el desastre que significa las 53 mil muertes en México y los que siguen en los próximos días, semanas y meses. ¿Unirse alrededor del presidente Calderón, de Televisa, del PAN, del PRI? ¿No es más coherente acaso exigirle al gobierno en las calles un cambio radical en su política económica y en su estrategia militar que ha causado más muertes que en muchas guerras y de subordinación a los EEUU?


6. El señorito Obama y Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, –de la manera más cínica, porque la sangre de sus víctimas les brotan por los poros- condenan el magnicidio de Monterrey, mientras asesinan con los bombardeos de la OTAN a miles de ciudadanos de Libia, Irak y Afganistán. Qué condolencias ni qué madre de aquellos que a diario ordenan a sus soldados bombardear pueblos y siguen haciendo gigantescos negocios en la venta indiscriminada armas, helicópteros y aviones de guerra.


7. Así que en México sí hay culpables y –por cobardía- no hay que dejar de denunciarlos. ¿Quiénes son los que se están robando en salarios insultantes y haciendo negocios el presupuesto público? ¿Quiénes son los que han hecho más miserable a la población explotando el trabajo? ¿Por qué han crecido en México, por millones, los que Ni estudian Ni trabajan? En Monterrey, como en Hermosillo hay y hubo culpables. Los vemos haciendo declaraciones diarias por la televisión y pidiendo apoyo. ¡Qué gran cinismo!

http://pedroecheverriav.wordpress.com/

martes, 30 de agosto de 2011

MOCRI-CNPA-MN: EXIGEN RESOLUCION DE AMPARO EN CASO DE PRESOS POR LUCHA SOCIAL

MOVIMIENTO CAMPESINO REGIONAL INDEPENDIENTE

COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA

MOVIMIENTO NACIONAL



A LA OPINIÓN PÚBLICA

EL MOVIMIENTO CAMPESINO REGIONAL INDEPENDIENTE, COORDINADORA PLAN DE AYALA (MOCRI-CNPA-MN) DA A CONOCER A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, QUE LUEGO DE 16 MESES DE HABER SIDO ENCARCELADO EL COMPAÑERO FRANCISCO JIMÉNEZ PABLO (RECLUIDO EN UN PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD DE NAYARIT ) Y A MÁS DE DOS AÑOS DEL ENCARCELAMIENTO DEL COMPAÑERO ERIC BAUTISTA GÓMEZ QUIEN A MANERA DE CASTIGO FUE TRASLADADO A EL PENAL NUMERO 3 DE TAPACHULA A PESAR DE QUE EL CASO ESTA EN EL TRIBUNAL DE CINTALAPA, DESPUÉS DE QUE EL 27 DE MARZO DEL 2010 EMPEZARA UNA HUELGA DE HAMBRE QUE DURARA MAS DE 45 DIAS EXIGIENDO SU LIBERTAD Y LA DE SUS COMPAÑEROS, ACTUALMENTE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN POR CONDUCTO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO Y DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO, TODOS CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, TIENE EN SUS MANOS LA DECISIÓN DE REVERTIR LA PERSECUCIÓN JUDICIAL DE QUE HAN SIDO VÍCTIMAS LOS COMPAÑEROS. TAL ES EL CASO DE NUESTRO COMPAÑERO ERIC BAUTISTA.

LUEGO DE VARIOS MESES DE TRABAJO JURÍDICO Y POLÍTICO SE LOGRÓ QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TUVIERA EN SUS MANOS LA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS FRANCISCO JIMÉNEZ PABLO Y ERIC BAUTISTA GÓMEZ.

EN ESTE MOMENTO EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO Y LOS MAGISTRADOS DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS, TIENEN A SU CARGO LOS JUICIOS DE AMPARO Y EL RECURSO DE APELACIÓN QUE PROMOVIÓ LA DEFENSA DE LOS COMPAÑEROS, PARA REVOCAR LOS AUTOS DE FORMAL PRISIÓN QUE LES FUERON DICTADOS, POR LOS JUECES PRIMERO Y TERCERO DEL FUERO COMÚN Y POR EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO.

LA DECISIÓN DE JUEZ Y DE LOS MAGISTRADOS ES SUMAMENTE IMPORTANTE PORQUE PUEDE PONER UN ALTO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y JUDICIAL QUE DESDE HACE TIEMPO EMPRENDIÓ EL GOBIERNO ESTATAL.

POR LO TANTO, LA ORGANIZACIÓN LE SOLICITA AL JUEZ QUINTO DE DISTRITO Y AL MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO, QUE AL MOMENTO DE RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTOS PROMOVIDOS A FAVOR DE LOS COMPAÑEROS FRANCISCO JIMÉNEZ PABLO Y ERIC BAUTISTA GÓMEZ; ANALICEN DE MANERA EXHAUSTIVA LOS AUTOS DE FORMAL PRISIÓN Y LOS ARGUMENTOS QUE HICIERON VALER LOS DEFENSORES PARTICULARES DE NUESTROS MILITANTES; LA ORGANIZACIÓN CONSIDERA QUE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA, TENDRÁ COMO RESULTADO LA CONCESIÓN DEL AMPARO A FAVOR DE NUESTROS DOS COMPAÑEROS.

DE MANERA PARTICULAR AL MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO, LE PEDIMOS QUE A LA BREVEDAD POSIBLE RESUELVA EL RECURSO DE APELACIÓN QUE INTERPUSO EL COMPAÑERO FRANCISCO JIMÉNEZ PABLO, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO QUE DE MANERA ILEGAL DECLARÓ IMPROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DEL CUAL ESTÁ ACUSADO EL COMPAÑERO Y POR ESA RAZÓN SE ENCUENTRA PRESO EN UN PENAL DE ALTA SEGURIDAD.

LA ORGANIZACIÓN CONSIDERA QUE AL HABER DEJADO DE EXISTIR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD BAJO LA MODALIDAD POR LA QUE FUE ACUSADO EL COMPAÑERO FRANCISCO JIMÉNEZ PABLO, SU PROCESAMIENTO Y RECLUSIÓN EN EL PENAL DE ALTA SEGURIDAD RESULTA INJUSTA E ILEGAL.

LA ORGANIZACIÓN HOY RECLAMA JUSTICIA Y LES SOLICITA AL JUEZ Y A LOS MAGISTRADOS QUE NO SE CONVIERTAN EN CÓMPLICES DE LAS ACCIONES REPRESIVAS DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, Y QUE AL MOMENTO DE RESOLVER LOS AMPAROS Y EL RECURSO DE APELACIÓN, NO CEDAN ANTE LAS PRESIONES POLÍTICAS DE LAS AUTORIDADES, QUE ACTÚEN APEGADOS A LA LEGALIDAD, SABEMOS QUE SI LO HACEN, SU DECISIÓN BENEFICIARÁ A NUESTROS DOS COMPAÑEROS.

HOY TAMBIÉN LES COMUNICAMOS AL JUEZ QUINTO Y A LOS MAGISTRADOS DE LOS DOS TRIBUNALES UNITARIOS, QUE NUESTRO AFÁN EN BUSCA DE JUSTICIA NO VA A CLAUDICAR, QUE ESTA ACCIÓN ES EL INICIO DE MUCHAS MÁS, QUE LA PRÓXIMA DEMOSTRACIÓN SERÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LA SEDE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, HASTA DONDE LLEVAREMOS NUESTRA PETICIÓN DE JUSTICIA.


MOCRI CNPA MN
JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA
RESOLUCIÓN A LOS AMPAROS DE NUESTROS COMPAÑEROS
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

¡ ¡ ¡ ¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD, LIBERTAD!!!





martes, 16 de agosto de 2011

Pide AI revisión de caso en proceso contra líder indígena chiapaneco

16 de Agosto, 2011


Solicitó al procurador de la entidad "información de las acciones tomadas para garantizar la revisión inmediata del caso y asegurar el debido proceso y juicio justo según las normas internacionales de derechos humanos como parte de la obligaciones de la Constitución mexicana".

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) solicitó al procurador de Justicia de Chiapas, Raciel López Salazar, la revisión del caso de Eric Bautista Gómez quien es acusado por el homicidio de Martha Gómez Pérez, en noviembre de 2009 en Tuxtla Gutiérrez, debido a que existen diversas irregularidades en el proceso que se inició en su contra.


Bautista Gómez, fue acusado del homicidio de Martha Gómez Pérez en el 2009 pero de acuerdo con AI la preocupación radica en que existen una serie "de graves irregularidades en la detención y procesamiento de Eric Bautista de la organización social, MOCRI-CNPA-MN.


"Amnistía Internacional considera que estas irregularidades constituyen violaciones a los derechos humanos y en concreto la negación al derecho a un juicio justo", señaló Javier Zúñiga Mejía Borja asesor especial en Programas Regionales de la organización, mediante una carta fechada el pasado 20 de julio al procurador de la entidad.


A decir del activista, la información recibida por esta organización, Eric Bautista Gómez, fue detenido en 2009, puesto en arraigo judicial y luego consignado por el homicidio de Martha Gómez Pérez cometido durante disturbios en la colonia de Emiliano Zapata en Tuxtla Gutiérrez.


Al parecer este enfrentamiento tuvo lugar el día 11 de noviembre de 2008 cuando se intentaba realizar una asamblea extraordinario y dos facciones de la organización social MOCRI -CNPA RC y MOCRI CNPA MN se enfrentaron dentro de la comunidad. Martha Gómez Pérez fue muerta con un arma de fuego y por lo menos otras tres personas resultaron lesionadas.


"Amnistía Internacional está consciente de la gravedad del crimen cometido y la obligación del estado de investigar los hechos y llevar ante la justicia los responsables con todas las garantías. Sin embargo, está preocupada de que el procesamiento de Eric Bautista Gómez no parece ser producto de esta obligación, sino un intento de culpar un líder del MOCRI-CNPA MN que no estaba presente en el estado cuando ocurrió el crimen", señala la carta.


La organización ha podido analizar el expediente legal del caso en contra de Eric Bautista Gómez "lo cual levanta serias dudas acerca de la conducción de la averiguación previa y el procesamiento legal".


En particular, la organización ha tenido la oportunidad de revisar las declaraciones rendidas por varias testigos presénciales de los hechos el mismo día que ocurrieron y ninguno hace referencia a Eric Bautista o una persona de su apariencia. Por lo contrario, nombran otras personas como las responsables de los hechos.


Solo al final de febrero de 2009, el ministerio público al cargo de la investigación señala que algunos de los vecinos habían identificado a Eric Bautista Gómez como un líder de la comunidad de Emiliano Zapata que participaba en actividades de MOCRI CNPA MN en la colonia desde hace varios años y que había participado en los disturbios.


Refirió que existen declaraciones contradictorias sobre el caso; entre ellas en la forma y manera en que Eric Bautista Gómez supuestamente participó en los hechos y éstas nunca fueron consideradas o resueltas por el ministerio público o el juez del proceso que luego emitió el auto de formal prisión.


El paradero de Eric Bautista Gómez nunca fue establecido con claridad antes de ser procesado por el delito de homicidio. Sin embargo, la defensa de Eric Bautista Gómez ha presentado pruebas claras de que él no estaba presente durante los hechos en Tuxtla Gutiérrez el 11 de noviembre de 2008, por estar en la comunidad de Juan C. Bonilla del Estado de Puebla donde él trabajaba y residía.


La presencia de Eric Bautista Gómez en aquel municipio de otro estado los días 10, 11 Y 12 de noviembre dando cursos de capacitación está confirmada con la constancia expedida por el Presidente Municipal de ese ayuntamiento por el testimonio de varios testigos presenciales.


Estas pruebas –dice la misiva- también señalan que lejos de haber estado activa en la comunidad de Emiliano Zapata en Chiapas durante varios años, en realidad solo llegó a Chiapas después de los acontecimientos para apoyar el MOCRI CNPA MN en sus esfuerzos para lograr la libertad de varios de sus activistas detenidos o con órdenes de aprehensión.


Eric Bautista Gómez es un líder reconocido de MOCRI CNPA MN, aunque de otro estado, que llegó a Chiapas para protestar contra las acciones de las autoridades chiapanecas, parecen ser el detonante para su detención.


Es de destacar que según el propio acusado cuando fue detenido nunca fue informado del motivo de su detención o la acusación en su contra. Además, durante el periodo de arraigo en la Quinta Pitiquito, Tuxtla Gutiérrez, Eric Bautista Gómez denunció la tortura y maltrato para intentar obligarle a confesar al crimen y otros actos de intimidación y mal trato siendo ya bajo detención en la cárcel, el Amate.


Estas denuncias de graves violaciones de derechos humanos e irregularidades en su detención al parecer nunca han sido investigadas debidamente para esclarecer los hechos.


Por lo contrario, durante su declaración ante el ministerio público, al parecer no fue asistido por un abogado defensor, como requiere la ley. Sin embargo, el juez del proceso lo admitió como prueba. En el mismo sentido, el hecho de que el defensor de oficio quien le fue designado finalmente no ofreció pruebas en su favor, lastimó de forma directa su derecho a una defensa efectiva.


Al reemplazar su defensa legal, el acusado logró presentar algunas pruebas en su favor y un amparo indirecto contra el auto de formal prisión ante el Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Chiapas. La resolución del amparo está pendiente.


Sin embargo, las irregularidades y graves cuestiones acerca de la investigación del ministerio público presentadas en esta carta evidencian la necesidad de una revisión inmediata e imparcial de la acusación en contra de Eric Bautista Gómez.


De acuerdo con el activista, Amnistía Internacional considera que si la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas mantiene la acusación en contra de Eric Bautista Gómez, la organización tendrá que analizar el caso en términos del uso indebido del sistema de justicia en base de la motivación política.


Por ello, insistió en que la obligación fundamental de las autoridades es identificar y llevar ante la justicia por medio de un juicio justo a los responsables por la muerte de Martha Gómez Pérez, Sin embargo, es imprescindible que la investigación y proceso judicial garantizan el respeto de las normas internacionales de derechos humanos para realmente asegurar la justicia para la víctima y sus familiares.


Así, solicitó al procurador de la entidad "información de las acciones tomadas por para garantizar la revisión inmediata del caso y asegurar el debido proceso y juicio justo según las normas internacionales de derechos humanos como parte de la obligaciones de la Constitución mexicana".

FUENTE:http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=191184

sábado, 13 de agosto de 2011

Comité Cerezo México: 10 años de luchar desde los DH por la Verdad, la Justicia y la Memoria.‏




Comité Cerezo México: Diez años de luchar desde los derechos humanos por la Verdad, la Justicia y la Memoria.

México DF a 13 de agosto de 2011
El trece de agosto de 2001 fueron detenidos y torturados en México Distrito Federal Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y Pablo Alvarado Flores. Los tres primeros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el último indígena vendedor en mercados ambulantes.

Con estas detenciones que se llevaron a cabo sin orden de aprehensión e infligiendo tortura contra los detenidos, el gobierno de Vicente Fox pretendía resolver el caso de diferentes explosiones en bancos de la Ciudad de México, que habían sucedido cinco días antes. Sin embargo, en realidad, con dichas detenciones sólo le dio continuidad a su política de violación a los derechos humanos que cobró otras víctimas, entre ellas Digna Ochoa y Plácido, abogada que defendió a los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, quien fue asesinada el 19 de octubre de 2001.

En aquél año pocas organizaciones creyeron que el caso de los hermanos Cerezo Contreras y el señor Pablo Alvarado sería un caso más de violación a los derechos humanos entre los muchos otros –y de mayor gravedad- que ocurrían en aquel entonces. La gran mayoría quería creer que la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del 2000 por la presidencia cambiaría las cosas en materia de derechos humanos, pues el Partido Acción Nacional (PAN) y Vicente Fox llegaban a la presidencia con un discurso en el cual se expresaba la voluntad de garantizar el respeto a los derechos humanos e incluso de investigar las violaciones y castigar a los responsables.

Diez años de gobierno del PAN: seis años a cargo de Vicente Fox y cuatro y medio al mando de Felipe Calderón se han encargado de demostrar que el caso de violación a los derechos humanos que dio origen a nuestra organización es sólo uno de una larga -muy larga ya- cadena de graves violaciones a los derechos humanos en el país; que nuestro caso no fue ni es un caso aislado y que esa larga cadena de violaciones a los derechos humanos nos da elementos para pensar que son producto de una política sistemática del Estado mexicano.

Afirmamos que dicha política emana del Estado mexicano porque los gobiernos del PRI actuaron con la misma política de represión por motivos políticos y de control social, con sus particularidades y formas específicas por supuesto, pero que también arrojó víctimas de ejecución extrajudicial, masacres, desapariciones forzadas, tortura y amenazas: la masacre del 2 de octubre de 1968, la del 10 de junio de 1971, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, la de Acteal, Chiapas en 1997, la del Charco, Guerrero en 1998 etcétera.

Es verdad que en la actualidad la doctrina de “seguridad democrática” haya cobrado más víctimas (es probable que en ningún sexenio priísta haya habido más de 50 mil muertos), también es cierto que la participación de las fuerzas armadas es mayor; que tenemos leyes como la Ley federal contra la delincuencia organizada que viola “legalmente” los derechos humanos de los detenidos o procesados por ese delito, es evidente; que la supuesta práctica extinta de la desaparición forzada ha vuelto con más fuerza, es triste, pero es una realidad. Sin embargo, pensar que ésta es una razón para desear que el PRI regrese al poder es negarse a ver que la mayoría de los mecanismos legales e ilegales de represión política y de control social se comenzaron a establecer con este partido, y que el PAN tan sólo les dio continuidad, los amplió y los adecuó, incluso perfeccionó algunos para imponer a la mayoría de la sociedad los intereses económicos y políticos que ambos (PRI y PAN junto con otros partidos) en esencia defienden en este momento.

Hace diez años no imaginábamos que tendríamos que defender los derechos humanos en un contexto de creciente violencia del Estado y de creciente miseria económica en la gran mayoría de la sociedad; de hecho hace diez años no conocíamos la herramienta de los derechos humanos ni comprendíamos la importancia de la documentación; fue la necesidad la que creó y forjó nuestra organización, ha sido la solidaridad y el trabajo constante la que nos ha permitido mantenernos acompañando diferentes luchas de nuestro pueblo, pero también debemos decir que diez años de luchar desde los derechos humanos nos han enseñado que si bien éstos son una herramienta más que tienen los pueblos para luchar, no es la única.

Nuestro pueblo es sabio y ha creado y utilizado otras herramientas de lucha como la movilización, la difusión, la educación popular y otras más.

Estamos convencidos que en una realidad tan adversa, los defensores y las organizaciones de derechos humanos no podremos realizar con eficacia nuestro trabajo si nos desligamos del movimiento social y si no combinamos nuestras capacidades, conocimientos y experiencia con otros, en aras de alcanzar un objetivo común: superar las causas económicas, políticas y sociales que originan las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos de la gran mayoría de la población.

Sabemos, por experiencia, que el Estado mexicano y sus gobiernos siempre han argumentado no ser los responsables del origen de las causas que dan pie a las graves violaciones de los derechos humanos; sabemos que negarán hasta el cansancio la aplicación de una estrategia de represión política y de control social que se fundamenta en la violación sistemática de los derechos humanos; sabemos que pretenderán engañar a la sociedad y mentir sobre su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y dividir al movimiento social, por ello aceptarán ciertas reformas legales o responsabilidades en casos concretos, con el objetivo de disminuir la presión en su contra; pero también sabemos que si documentamos las violaciones de una manera correcta y si el movimiento social se une, podremos demostrar que mienten, que pretenden engañarnos y, sobre todo, que pretenden que en el fondo toda esta realidad injusta siga igual.

Para terminar, agradecemos profundamente la solidaridad y el cariño de muchas personas y de muchas organizaciones que han hecho posible que nuestro Comité de Derechos Humanos cumpla diez años de existencia y de trabajo, a ellos y a nuestro pueblo, víctima cotidiana de la violación a sus derechos, nos debemos, por ellos seguiremos en el esfuerzo de permanecer congruentes en la lucha que elegimos dar.

A diez años de existencia el Comité Cerezo México, organización de derechos humanos refrenda su compromiso de acompañar las luchas de nuestro pueblo en la búsqueda de condiciones de vida digna; refrenda su compromiso con la lucha por la libertad de todos y cada uno de los presos políticos y de conciencia, y reitera que el único responsable de cualquier atentado en contra de la integridad física, psicológica o en los bienes materiales de cualquier integrante de nuestra organización es el Estado mexicano a través de sus instituciones y personas involucradas en los hechos.

¡Por qué ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista!
¡Presos hoy, libres siempre!
¡Alto a la guerra contra el pueblo!


Comité Cerezo México


 http://www.comitecerezo.org/spip.php?article979







viernes, 12 de agosto de 2011

FRAYBA: A DOS AÑOS DE LA LIBERACION DE AUTORES MATERIALES DEL CASO ACTEAL

Centro de Derechos Humanos

Fray Bartolomé de Las Casas, AC
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 12 de agosto de 2011

Se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación libera a los autores materiales de la Masacre de Acteal

• Persiste un clima de inseguridad para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad

• Con la liberación de 54 personas, señaladas como autores materiales de la Masacre de

Acteal, el Estado mexicano crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia.

El día de hoy se cumplen dos años en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la libertad a 20 personas señaladas como los autores materiales de la Masacre de Acteal. Esa resolución, dio inicio a otras excarcelaciones por parte de la SCJN: el 4 de noviembre de 2009, nueve personas; el 14 de octubre de 2010, quince; y el 23 de marzo de 2011, uno más. De los 87 autores materiales procesados, el poder judicial absolvió a seis, excarceló a dos por cuestiones de humanidad, más uno fallecido; por lo que sumados a los 45 que se han beneficiado de la decisión de la SCJN: 54 personas han sido liberadas. Esto representa más de la mitad de los autores materiales que habían sido señalados.

La decisión de la SCJN revictimiza a los sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas y viola su derecho a la integridad física y psicológica exponiéndolos a un clima de inseguridad y riesgo. A la fecha quedan presas 33 personas sentenciadas por los hechos del 22 de diciembre de 1997, de ellos seis han presentado recurso de reconocimiento de inocencia por lo que, según información difundida por los medios, la SCJN está por pronunciarse para su resolución.

Lo anterior lleva a los sobrevivientes y familiares a una situación de desconfianza en la estructura del gobierno mexicano, un sistema en donde las instituciones correspondientes no cumplen con su obligación de garantizar justicia y reparación del daño, lo cual incrementa la impunidad y la vulnerabilidad de las personas. De las condiciones que se van perfilando, no sólo el Estado no esclarece los hechos satisfaciendo el derecho a la verdad e implementando medidas de no repetición, sino, con la liberación de los mencionados autores materiales de la masacre, crea las condiciones para la continuación de la estrategia de contrainsurgencia, ahora con otras modalidades. El Estado mexicano, de múltiples maneras, ha querido ocultar su innegable responsabilidad en los hechos de la Masacre de Acteal; sin embargo, la participación del Ejército mexicano ha sido confirmada por materiales desclasificados de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés) que deja en evidencia el involucramiento directo de los militares en actividades de adiestramiento a grupos paramilitares (Humint) en la zona de los Altos de Chiapas, esto en concordancia con lo establecido en el documento de la Secretaría de la Defensa Nacional denominado “Plan de Campaña Chiapas 94”.1

Esta información desmiente la versión oficial de la masacre proporcionada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) en su informe el “Libro Blanco” de Acteal, donde se afirma que “la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas”.2

Este Centro de Derechos Humanos reitera, una vez más, que para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal no hay justicia. No se ha reparado el daño ni concluido con las investigaciones aunque llevan casi 14 años exigiendo justicia, verdad y paz con dignidad.

La negación de justicia que el Estado mexicano impone, contraviene a los estándares internacionales de aplicación y eficacia de los recursos judiciales internos. De igual manera, habiendo transcurrido casi 14 años de este crimen de lesa humanidad, al no tener resultados concretos sobre la investigación y responsabilidad de los perpetradores, se incurre en un injustificado retardo que no respeta los plazos razonables establecidos por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dejando los hechos ocurridos en total impunidad. Al respecto la Corte IDH ha indicado que el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad, por todos los medios legales disponibles, ya que al no hacerlo propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

Hoy en día la Masacre de Acteal, se suma a la inmensa fila de casos que van quedando en impunidad en todo el territorio nacional. Las masacres que a diario ocurren en distintos estados de la república mexicana, bajo el manto de la lucha contra el narcotráfico, confirman la descomposición política y nula legitimidad de un Estado que incrementa la violencia y el clima de terror por todo el país, cuyos costos más graves son las pérdidas de vidas humanas.

Finalmente, saludamos las acciones de permanente construcción de justicia y autonomía que la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha mantenido a lo largo de su existencia como sujeto activo en este contexto. Saludamos también el esfuerzo de miles de hombres y mujeres que el próximo domingo 14 de agosto estarán manifestando su rechazo a esta guerra oficial participando en la Movilización Ciudadana Pasos Hacia la Paz con Justicia y Dignidad.


fuente:http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/110812_15_dos_anos_acteal.pdf

miércoles, 10 de agosto de 2011

DENUNCIAN ROBO E IMPUNIDAD DE AUTORIDADES EN PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN


Denuncia urgente.
                Hoy, siendo alrededor de las 16:00 horas del día cuatro de nuestros compañeros que viajaban en un taxi originario del municipio de Pueblo Nuevo, sufrieron un intento de asalto por tres sujetos que descendiendo de una moto – la cual no logro ser identificada- amagaron al chofer del taxi pistola en mano, calibre de 9 mm, para que les entregara las llaves de la unidad, ante la negativa y resistencia del chofer de nombre Santiago Pérez Pérez y el auxilio del compañero Agustín López Montejo, los asaltantes hicieron disparos, hiriendo de gravedad en la pierna al compañero Agustín López Montejo, y golpeando fuertemente en la cabeza al chofer de la unidad, para después darse a la fuga en plena impunidad y ante la presencia de la patrulla 1027 de la policía estatal preventiva.

Queremos destacar y al mismo tiempo elevar nuestra más enérgica protesta ante la actuación de la policía estatal preventiva, concretamente de los policías pertenecientes a la unidad 1027, quienes ante la agresión donde mediaron disparos de por medio, acto que hace imposible no darse por enterado del suceso, no hicieron nada por evitarlo y quienes ante la llamada de auxilio de la compañera Micaela Pérez Pérez procedieron a llamar a la comandancia para después llevarse a nuestros compañeros a la Procuraduría Estatal de Justicia o injusticia del estado, donde de manera alevosa, premeditada y ventajosa procedieron a despojar a nuestros compañeros de los recursos que le acababan de ser entregados en el banco Bancomer y mismos que corresponden a programas de proyectos otorgados por la secretaria de la reforma agraria bajo el programa Fappa y Promusag, para después de contarlos de manera oculta hacerles perdedizo la cantidad de 7,000 pesos en moneda nacional. Por lo tanto, aparte de negligencia, indiferencia y burocratismo en el ejercicio de justicia, lo cual lo convierte en una flagrante injusticia, contribuyen a robar los recursos que con esfuerzo lucha y sacrificio nuestros compañeros están obteniendo de la secretaria de la reforma agraria para tratar de desarrollar su precaria situación.
Asimismo, hasta este momento de las 22:00 horas permanece la unidad de taxi retenida, los recursos no le son entregados a nuestros compañeros bajo el pretexto de que se tiene que probar la procedencia y a pesar de haberles mostrado las pruebas que constituyen el convenio de concertación entre el gripo y la secretaria de la reforma agraria, de acreditar la identidad de los compañeros y todo lo posible por hacer siguen haciendo negativa la entrega de los recursos mientras el compañero Agustín López Montejo permanece olvidado en los pasillos del hospital general de Tuxtla Gutiérrez,  bajo dos argumentos por demás detestables en un estado de derecho consitucional, que nos otorga el derecho a ser tratados con respeto, en igualdad de condiciones y sin distingos políticos o ideológicos. El primero que no cuentan con el equipo para extraer una bala que está en la pierna del compañero, que no salió, y que lo hace por demás riesgoso, el segundo que no se cuenta con espacio en dicho hospital, lo cual condicionara que nuestro compañero no sea atendido a tiempo y como es debido.
Denunciamos la actuación sesgada de la procuraduría estatal de injusticia del estado de Chiapas, la negligencia médica del director del hospital general de Tuxtla Gutiérrez, condenamos la inseguridad que reina en las calles de nuestro país mientras se elaboran planes no para combatir a la delincuencia organizada sino para hostigar de manera permanente a la población civil, a los campesinos, a las organizaciones sociales, acusamos y denunciamos el carácter criminal del actual gobernador quien sigue sumando muertes en diversos operativos contra el pueblo del estado de Chiapas, y continua afirmando su alianza con los paramilitares, exigimos el fin de los actos criminales de gobierno que impiden el desarrollo y la convivencia armónica de los ciudadanos.
Llamamos a los organismos nacionales e internacionales, oficiales e independientes, a los defensores de derechos humanos de vocación  o de empleo, a condenar estos actos y a intervenir por la salud y el derecho a la justicia y al progreso de nuestros compañeros y compañeras y del pueblo en general.


Atte.
MOCRI-CNPA-MN.
ALTO AL ROBO DESDE LAS ESFERAS DE JUSTICIA.
ATENCIÓN MÉDICA PRONTA Y EXPEDITA.
CESE A LOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTOS A NUESTRA ORGANIZACIÓN POR PARTE DEL GOBERNADOR SABINES GUERRERO.
UNIDOS, ORGANIZADOS Y LUCHANDO, VENCEREMOS

lunes, 8 de agosto de 2011

RECUERDAN ASALTO A LA MACTU POR ORDENES DE SALAZAR MENDIGUCHIA

MOVIMIENTO CAMPESINO REGIONAL INDEPENDIENTE
COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA
MOVIMIENTO NACIONAL


A los medios de comunicación
A los medios de comunicación Alternativos
A las organizaciones sociales democráticas
A los organismos defensores de los derechos humanos
Al pueblo en general


El día sábado 6 de agosto del presente año, se conmemoró un suceso repugnante en la historia de Chiapas y la educación; se trata del asalto a las instalaciones de la escuela normal Rural Mactumactza por miles de granaderos donde golpearon y detuvieron a estudiantes y padres de familia, situación que tenía como objetivo la desaparición de la escuela. Uno de muchos actos de represión llevadas a cabo en el sexenio de Pablo Salazar Mendiguchía, hoy preso en el penal del amate, y que por cierto, por este grave delito no se le está llevando a cabo ningún proceso penal, pese aun, que en el intento de acabar con la protesta de los estudiantes, se asesinó al chofer de la escuela normal de Tenería, Edo. De México, Joel David Martínez en plena ciudad y con el autobús en marcha.

A ocho años de distancia, como organización campesina repudiamos tal acto, puesto que es la política del estado que se reproduce cada sexenio para acabar con las distintas formas de protesta social, de estrangular a la educación pública y de no permitir que el pueblo marginado tenga las herramientas para lograr su desarrollo y progreso. Para el gobierno, es preferible que el pueblo se encuentre adormecido y silenciado con apoyos indignantes a la difícil situación a la que se enfrenta, tanto en el campo y la ciudad, y no generar mecanismos o programas capaces de mejorar la producción, la cultura y el acceso a la educación y a la tecnología.

Es por ello, que nos solidarizamos con los compañeros estudiantes de la Normal Mactumactzá, por que a partir de esa represión, se les negó la obtención de una plaza de forma automática, se les redujo la matrícula hasta un 60% y se les quitó el servicio de internado que daba alojo a los estudiantes de procedencia campesina de distintos municipios del estado.

A 5 años del gobierno de Juan Sabines, que lo mismo ha aplicado una política represiva y autoritaria, no se ha reinstalado el sistema de internado, por que no existe la voluntad política para llevar a cabo tal acto, aun siendo una de las principales promesas de campaña. Es de considerar que solo son parte de las estrategias electorales de los partidos y sus candidatos con tal de llegar al poder a cuesta de lo que fuese, para que cuando estén en el poder se olviden del pueblo; suceso que veremos muy pronto con el proceso electoral que se avecina. Por lo tanto exigimos:

• Apertura del internado de la escuela normal Rural Mactumactzá.

• Aumento a la matricula escolar en el nivel superior.

¡Zapata vive, la lucha sigue!

¡Libertad a los presos políticos del país!

¡Libertad a los presos políticos de MOCRI CNPA MN!

¡Alto a la criminalización de la protesta y lucha social!

 

MOCRI CNPA MN