domingo, 29 de mayo de 2011

INM CONTINÚA VIOLANDO DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

BOLETÍN DE PRENSA


28 de mayo de 2011


AT’N. JEFATURA DE INFORMACIÓN
REPORTERA/O DE LA FUENTE:

INM CONTINÚA VIOLANDO DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

· Traslados arbitrarios y violación al debido proceso
· Niegan entrada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

En punto de las 19:30 hrs 9 migrantes cubanos y 1 dominicano, quienes hasta el día de ayer se encontraban al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 3 (CERESO No.3) de Tapachula, Chiapas, acusados de daños en propiedad ajena por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), consecuencia de la política discrecional del INM en materia de debido proceso y acceso a la información, fueron trasladados a bordo de dos autobuses –Línea Space Tours núm. 2801 y 2601-- escoltados por dos patrullas de la Policía Federal Núm. 12497 y 12491 rumbo a la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, argumentando que “en la Estación Migratoria Siglo XXI, la más grande de Latinoamérica, no hay las condiciones para que permanezcan”.

Alrededor de las 18:00 hrs la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova intentaron ingresar a la Estación Migratoria para corroborar el estado de salud físico y emocional de los 13 migrantes, así como su situación administrativa y si pesaba sobre ellos alguna notificación de traslado o de deportación, sin embrago por ordenes de la delegada regional del INM en Chiapas, María de las Mercedes Gómez Mont Urueta, se les negó el acceso.

En este contexto es que desde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunciamos el actuar discrecional del INM en los traslados de migrantes, toda vez que un traslado de noche, como el que se está efectuando en esto momentos, con condiciones climatológicas adversas pone en riesgo la integridad física de los migrantes así como su integridad emocional ya que no se les comunico, en tiempo y forma, de su traslado a la Estación Migratoria de Acayucan y responsabilizamos al INM de cualquier acción que ponga en riesgo la vida de Richard René Remedios Morell, Wilmar García Perez, Julio Esteban González Amaral, Pedro Pablo Perez Mils, Daniel Espinoza Guzmán, Idalberto Perez Bermúdez, Diego Juvera Miranda, Santiago Apostol Díaz Dauhajre, Alejandro López Sánchez y Junior Michel Castillo Reyes.

Así mismo esta organización envío, el 26 de mayo pasado, una Acción Urgente en la que urgía a la INM a retirar inmediata e incondicionalmente los cargos en contra de Richard René Remedios Morell, Wilmar García Perez, Julio Esteban González Amaral, Pedro Pablo Perez Mils, Daniel Espinoza Guzmán, Idalberto Perez Bermúdez, Diego Juvera Miranda, Denis Alexis Ulloa Iscoa, Santiago Apostol Díaz Dauhajr, Alejandro López Sánchez y Junior Michel Castillo Reyes; así como que al momento de regresar a la Estación Migratoria Siglo XXI no tuvieran ninguna represalia y que continuará su procedimiento administrativo garantizando todas las garantías procedimentales y de respeto a sus derechos humanos.

Sin embargo, este traslado contraviene no sólo la petición que este organismo de derechos humanos hiciera sino también viola las garantías individuales de los migrantes.

Cabe señalar que el día de ayer el Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas pago la fianza de los 13 migrantes (9 cubanos, 1 guatemalteco, 1 dominicano y 2 hondureños) que se encontraban al interior del CERESO No. 3, tras su salida el día de hoy, fueron trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI.

11 de los 13 migrantes permanecieron 24 días en huelga de hambre, al interior del CERESO No.3 como una mediad para hacerse escuchar, de ellos el miércoles pasado fueron trasladados dos migrantes cubanos de urgencia al Hospital Regional de esta ciudad, quienes salieron ese mismo días tras practicárseles un examen médico.

Tomado de Chiapas Indymedia
http://chiapas.indymedia.org/article_178493

sábado, 28 de mayo de 2011

Gobierno mexicano responsable de la desaparición forzada de personas

Frayba:
En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, este Centro de Derechos Humanos se suma a la exigencia por la aparición con vida de las personas desaparecidas forzosamente en el mundo, en el continente latinoamericano, en México y en Chiapas durante el conflicto armado interno aún no resuelto donde, a través de una guerra de baja intensidad, el Estado mexicano resulta responsable de graves violaciones a los derechos humanos.



San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
27 de mayo de 2011
Pronunciamiento

Gobierno mexicano responsable de la desaparición forzada de personas

En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, este Centro de Derechos Humanos se suma a la exigencia por la aparición con vida de las personas desaparecidas forzosamente en el mundo, en el continente latinoamericano, en México y en Chiapas durante el conflicto armado interno aún no resuelto donde, a través de una guerra de baja intensidad, el Estado mexicano resulta responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

La práctica de la desaparición forzada de personas, como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, constituye un Crimen de Lesa Humanidad,1 puesto que implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los tratados internacionales como son el derecho a la vida; a la libertad personal; a la integridad personal; a la seguridad personal; a tener personalidad jurídica; protección judicial y garantías judiciales.

En Chiapas, durante el periodo más álgido del conflicto armado interno, la desaparición forzada de personas era una práctica común y, en el periodo que va de 1995 a 2001, este Centro de Derechos Humanos tiene documentado en la zona Norte del estado la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres por el actuar del grupo paramilitar “Desarrollo Paz y Justicia” (Paz y Justicia) cuyas acciones respondían a un plan de contrainsurgencia vigente desde 1994, con la finalidad de acabar con las Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y sus simpatizantes.

En ese entonces Paz y Justicia actuaba en contra de la población civil en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón, Salto de Agua y se caracterizó por la violencia utilizada a través de emboscadas, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, torturas, la cual fue denunciada reiteradamente en su momento por este Centro de Derechos Humanos.

En una política contrainsurgente, similar a la descrita anteriormente, el 13 de noviembre de 2006, en Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, la comunidad fue emboscada por civiles armados identificados como Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) acompañados por 300 elementos de la seguridad pública, resultando el asesinato de cuatro personas y la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo.

En este escenario, cabe resaltar que en el ámbito internacional el Estado mexicano figura como uno de los principales impulsores de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otros instrumentos internacionales en la materia. Lo paradójico es que ha realizado reservas muy claras en cuanto al fuero militar, por lo que a través de éstas, sigue permitiendo violaciones a derechos humanos perpetradas por efectivos militares, además de haber cerrado la fiscalía especial para investigar los crímenes del pasado y no efectuar las investigaciones adecuadas por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez integrantes del Ejército Popular Revolucionario; así como mantener en la impunidad las desapariciones forzadas de las personas migrantes que cruzan el territorio mexicano.

Con respecto a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el gobierno mexicano estableció como reserva el no reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas, sus familiares o representantes. Esta decisión es incompatible con la naturaleza misma del tratado y deja ver nuevamente la falta de voluntad política para emprender acciones reales para abatir y erradicar dicha práctica.

Lo que hemos constatado, a través de los casos de desaparición forzada de personas que ha documentado este Centro de Derechos Humanos, el gobierno mexicano, no respeta, ni protege, ni garantiza, en el ámbito nacional, los derechos humanos que ratifica ante la comunidad internacional, lo cual demuestra la ineficacia del sistema de justicia y la falta de voluntad a encontrar el paradero de las víctimas de estos hechos de crímenes de lesa humanidad.

Ante la situación anteriormente descrita, exigimos la aparición con vida de:

Amado Gómez Torres, desaparecido forzadamente el 7 de mayo de 1996, en Unión Juárez, Sabanilla.
Antonio González Méndez, desaparecido forzadamente el 19 de enero de 1999, en El Calvario, Sabanilla.
Basilio Gutiérrez López, desaparecido forzadamente el 6 de junio de 2001, en Misopá Chinal, Tila.
Braulio López Pérez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, Tila.
Cándido Vázquez Sánchez, desaparecido forzadamente el 30 de septiembre de 1994 en El Crucero, Tila.
Carmelino Pérez Jiménez o Carmelo Pérez López, desaparecido forzadamente el 5 de junio de 1996 en Los Moyos Sabanilla.
Carmelino Vázquez Sánchez, desaparecido forzadamente entre el 12 y 17 de junio de 1996 en Patastal, Tila.
Cruzindo Álvarez Jiménez, desaparecido forzadamente el 19 de junio de 1996 en Jesús Carranza, Sabanilla.
Domingo Jiménez Sánchez, desaparecido forzadamente el 2 o 3 de septiembre de 1996 en Rancho Santa Rosa, ejido Huanal, Tila.
Domingo Ortiz Gutiérrez, desaparecido forzadamente el 25 de junio de 1996 en Panchuc Corozil, Tila.
Domingo Pérez Martínez, desaparecido forzadamente en junio o julio de 1996, zona Norte.
Emilio Martínez Pérez, desaparecido forzadamente el 10 de septiembre de 1996, en Masojá Grande, Tila.
Encarnación Pérez Pérez, desaparecido forzadamente el 12 de agosto de 1996 en Masojá Chico, Tila.
Fernando López Martínez, desaparecido forzadamente el 19 de junio de 1996 en Jesús Carranza, Sabanilla.
Florencio Gutiérrez Vázquez, desaparecido forzadamente el 3 de junio de 1996 en zona Norte.
Florentino Pérez Sánchez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995 en el municipio Tila.
Guadalupe Hernández Jiménez, (indígena Chol) desaparecido forzadamente el 4 de junio de 1996, Los Moyos, Sabanilla.
Guadalupe Sánchez López, desaparecida forzadamente el 25 de junio de 1995 en Pachuc Corozil, Tila.
Gustavo Hernández Parcero, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, en El Crucero, Tila.
Hermelinda Pérez Torres, desaparecida forzadamente el 21 de junio de 1996, en Miguel Alemán, Tila.
Juan Ramírez Torres, desaparecido forzadamente el 4 o 5 de junio de 1996, en Miguel Alemán, Tila.
Lorenzo García García, desaparecido forzadamente el 20 de noviembre de 1994, Tzaquil, Tila.
María López Méndez, desaparecida forzadamente el 24 de marzo de 1995, Emiliano Zapata, Tumbalá.
María Rebeca Pérez Pérez, desaparecida forzadamente el 12 de agosto de 1996, Masojá Chico, Tila.
Mateo Arcos Guzmán, desaparecido forzadamente el 1 de agosto de 1997, Aguascalientes, Tila.
Mateo Jiménez López, desaparecido forzadamente el 24 de mayo de 1996, Usipá, Tila.
Mateo Méndez Jiménez, desaparecido forzadamente el 24 de mayo de 1996, Usipá, Tila.
Miguel López López, desaparecido forzadamente el 4 de septiembre de 1996, municipio Tila.
Miguel Parcero Parcero, desaparecido forzadamente el 1 de agosto de 1997, 1 de Enero de 1997.
Minerva Guadalupe Pérez Torres, desaparecida forzadamente el 20 de junio de 1996, Miguel Alemán, Tila.
Oscar Jiménez Jiménez, desaparecido forzadamente el 19 o 20 de junio de 1996 en Pachuc Corozil, Tila.
Pascual Ortiz Sánchez, desaparecido forzadamente el 25 de junio de 1995, Panchuc Corozil, Tila.
Pascual Ramírez Gómez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.
Pedro Álvaro Arcos, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.
Ramón Ramírez López, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.
Sebastián Vázquez Martínez, desaparecido forzadamente el 14 o 15 de agosto de 1996, municipio Tila.
Gerónimo Gómez López, desaparecido forzadamente el 20 de diciembre de 2000 en Simojovel.
José Hidalgo Pérez, desaparecido forzadamente el 10 de junio de 1999, San Cristóbal de Las Casas.
Antonio Guzmán González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
Fernando Ruiz Guzmán, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
Marco Guzmán Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
Doroteo Ruiz Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
Diego Aguilar Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
Eliseo Hernández Cruz, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
Eusebio Jiménez González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan,
Ocosingo.
Santiago Pérez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan, Ocosingo.
Marcos Pérez Córdoba, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan, Ocosingo.
Juan Mendoza Lorenzo, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Miguel, Ocosingo.
Elíseo Sánchez Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Miguel, Ocosingo.
Leonardo Méndez Sántiz, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Garrucha,
Ocosingo.
Carmelo Méndez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Carmen Pataté, Ocosingo.
Javier Hernández López, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Carmen Pataté,
Ocosingo.
Enrique González García, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.
Marcelo Pérez Jiménez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.
Manuel Sánchez González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.
Nicolás Cortez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.
Vicente López Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.
Javier López Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Nuevo Suchilá,
Ocosingo.
Alejandro Sánchez López, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Galeana, Ocosingo.
Enrique Hernández Vázquez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Martinica, Ocosingo.
Juan N, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Ibarra, Ocosingo.
Floriberto López Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.
Pedro López García, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.
Alfredo Sánchez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994,, La Sultana,
Ocosingo.
Santiago Ramírez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juanito, Ocosingo.
Apolinar López López, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Francisco,
Ocosingo.
Rogelio García García, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Carmen Chiquito,
Ocosingo.
Silverio Gómez Alvarez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Norte de Chiapas, Ocosingo.
Bartolo Pérez Cortés, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.
Marcos Gómez Velasco, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Chanal, Ocosingo.
Arturo Aguilar Jiménez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Yaxkul, Ocosingo.
Francisco Gómez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.
Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo, desaparecidos forzadamente el 13 de noviembre de 2006 en Viejo Velasco, Ocosingo.
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos forzadamente el 24 de mayo de 2007, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Los y las migrantes desparecidos.idas forzosamente en territorio mexicano.

viernes, 27 de mayo de 2011

COMUNICADO DE LAS ABEJAS DE ACTEAL

Una vez más hoy recordamos en Acteal, el crimen de estado que se cometió contra 45 hermanos y hermanas nuestras el 22 de diciembre de 1997. Y como siempre emitimos un comunicado para denunciar la impunidad y la violencia qu sufre cada día nuestro país. Les pedimos puedan hacer una amplia difusión de este documento leído hoy en Acteal.

 Organización de la Sociedad Civil las Abejas
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chiapas, México


22 de mayo, 2011

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas
A todos los Defensores de los Derechos Humanos
A la prensa Nacional e Internacional.
A la Sociedad Civil
A la Otra Campaña y
A la Opinión Pública

Hoy nos encontramos reunidos nuevamente para conmemorar una vez más a nuestros 45 hermanos nuestros y los 4 que aun no nacían. Somos la organización sociedad civil de las abejas que luchamos pacíficamente y buscamos la justicia, dignidad y bienestar de nuestros pueblos. La organización no va descansar nunca de de exigir justicia a sus hermanos caídos por que fue el crimen del estado. Entonces nosotros cada 22 de los meses nos reunimos para pedir a nuestro dios padre creador y formador del universo y de la humanidad para que nos siga fortaleciendo nuestro corazón y nos cuida para vivir en paz.

Nosotros y nosotras seguimos denunciando los malos actos que ejercen los gobernantes que no tiene ningún interés de respetar el derecho de los pueblos. Sabemos muy bien que cada día hay muertos en diferentes partes de nuestro país. Pero todos y todas que luchamos a favor de la paz, la justicia y el respeto de nuestros derechos, sabemos que Felipe calderón es presidente de México pero no le respeta a los derechos humanos. Aunque como organizaciones luchadores decimos que esta mal su acto en México pero el nos responde en la televisión en las noticias que México esta buscando el desarrollo del país. Entonces nosotros respondemos donde hay el desarrollo será que es un desarrollo que busca si solo handa persiguiendo a los defensores de los derechos humanos y Sabemos que en su sexenio ha matado mas de treinta mil hombres, mujeres, niños, estudiantes y ancianos de nuestro país, este hecho tan cruel no podemos vivir en armonía con el presidente calderón por que su trabajo cada vez mas peor, por que esto es un exterminio de la humanidad. Lo que menciona en la televisión son puras mentiras que solo busca callar la voz de la gente, pero esas mentiras ya lo tenemos claramente y lo entendemos al profundo que es lo que busca esos malos gobernantes por que solo buscan su desarrollo personal, no a los pobres.

martes, 24 de mayo de 2011

Para comprender y defender la autonomía de San Juan Copala en Oaxaca


El asedio al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, está rodeado de confusiones auténticas y hasta entendibles, en muchos casos, y en otros, abiertamente interesadas y de mala fe.
Una de las reiteradas inquietudes que se plantean es que resulta incomprensible para miradas externas que en el seno del pueblo triqui existan divergencias políticas profundas entre grupos que reivindican su posición de izquierda y que como tales son reconocidos por su participación en proyectos con ese carácter. Ello no debería neutralizar ni contener la urgente necesidad de lograr la protección a la población triqui de San Juan Copala.
La lucha del pueblo indígena triqui está ampliamente documentada, en especial por el estudio reciente que publicó Francisco López Bárcenas. De ella se destaca la brutal persecución que han sufrido por parte del Estado en represalia por su adhesión a movimientos de izquierda radicales en tiempos de la hegemonía autoritaria del priísmo. En su momento fueron marcados por el decreto del Congreso local, en 1948, en torno a la desaparición oficial del municipio en San Juan Copala, centro ceremonial que se conjuga con el corazón del gobierno indígena y su dimensión cultural más profunda.
La formación de cacicazgos en la región en torno al control de recursos en la zona y el auspicio del Estado no han sido ajenos al clima de confrontación interna que prevalece. En ese contexto se formó la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), en 1994, de abierta filiación priísta, cuyo accionar en los hechos recientes la ubica como grupo paramilitar. Puede señalarse que algunos de los rasgos anotados son comunes al conjunto de los pueblos. Sin embargo, la particularidad de los triquis fue su posición rebelde y contraria al sistema. Uno de los parteaguas que marcaron la división histórica de un movimiento como el de Unificación y Lucha Triqui (MULT) fue la creación, en 2003, de un partido político local –el Partido de Unidad Popular (PUP)– que aportó en su momento a Ulises Ruiz los votos necesarios para desplazar a quien también era candidato y hoy es gobernador electo: Gabino Cué. Para valorar el significado de esta decisión habría que recordar que los llamados usos y costumbres como sistema de elección se aplicaban en Oaxaca décadas atrás de su reconocimiento, siempre y cuando formalizaran la contienda electoral por conducto del partido oficial. Es decir, la autodeterminación comunitaria se ejercía, pero el PRI la capitalizaba. Este hecho y la secuela del mismo en torno a la obtención de recursos públicos, cuyo reparto daba al PUP posibilidades de control en la región triqui, generó una división del MULT histórico y dio lugar al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2007 decidió la creación del municipio autónomo en San Juan Copala.
Ya hemos observado las dificultades para los pueblos indígenas cuando se trata de construir autonomías, aun contando con derechos que formalmente se les reconocen. En el caso triqui la cuestión es más compleja, porque se plantea en oposición a otras tendencias del propio pueblo. Y más aún cuando el Estado favorece a quienes internamente en el mismo pueblo se oponen al proyecto. Lamentablemente no estamos ante una simple lucha ideológica que podría asumirse en un espíritu democrático. La confrontación ha sido alimentada con graves hechos de violencia que han marcado al conjunto del tejido social del pueblo triqui. Las familias de ese pueblo están dispersas en comunidades que a su vez están bajo el control de las diferentes fuerzas. Sólo la historia reciente da cuenta de diversos crímenes, e incluso desapariciones que no se han investigado. Esa cadena de impunidad tendría que romperse si se busca restablecer las más elementales reglas de convivencia política y democrática.
El asedio al municipio autónomo ha sido constante, pero a finales de 2009 le fue declarada abiertamente la guerra por los grupos opositores. El gobierno ulisista no tenía que dar la cara. Los últimos días el sitio a Copala por la Ubisort anunciaba una masacre y por fortuna la población logró desplazarse a comunidades aledañas. El MULT, por su parte, envía comunicados cuestionando al MULTI y reivindicando su pasado histórico.
Mientras todas estas violaciones a derechos humanos suceden, el Estado se lava las manos, el gobierno federal utiliza el argumento del conflicto interno, tratando de reducirlo a eso, sin asumir responsabilidades, olvidando que en esa región el gobierno estatal ha incurrido en acciones y omisiones propiciatorias de la impunidad. Urge colocar la atención en el derecho del pueblo triqui a la autorreivindicación, sin que por ello sean atropellados. Qué bien que los desplazados están vivos, pero no se pueden olvidar los muertos; unos y otros esperan justicia y el Estado debe garantizarla.

lunes, 23 de mayo de 2011

CONVOCAN A PARTICIPAR EN LA SEMANA DEL DESAPARECIDO EN CHIAPAS


El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en coordinación con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, en el contexto de la Semana del Detenido Desaparecido
Invitan a:
Periodistas, corresponsales y medios alternativos, organizaciones sociales, populares, democráticas e independientes, a organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos a las siguientes actividades:
25 de mayo:
Conferencia de prensa
Por el 4° aniversario de la detención-desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del PDPR-EPR.
Lugar: Café Sorbo y Aroma, calle Crescencio Rosas No. 17- Bis, SCLC.
Hora: 11:00 am.
26 de mayo:
Conferencia magistral:
La necesidad de tipificar la desaparición forzada como delito en los estados y la promulgación de la ley general contra la desaparición forzada.
Lic. Pedro Raúl López Hernández.
Consejero de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
Del Consejo Estatal de Derechos Humanos del estado de Chiapas.
Lic. Miguel Ángel de los Santos Cruz.
Abogado, activista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNACH.
Lugar: Centro de Difusión Cultural (CEDUI), calle Diego de Mazariegos # 19, planta alta.
Hora: 05:00 pm.
27 de mayo:
Mesa redonda:
Los crímenes de lesa humanidad, bajo el pretexto de la delincuencia organizada.
Dr. Raúl Pérez Verdi
Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, UNACH y de la UNICH.
Antropólogo. Gaspar Morquecho Escamilla
Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, UNACH
Lic. Baltasar Ramos Martínez
Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, UNACH
Mtro. Juan González Esponda
Catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, UNACH
Lugar: Calle Flavio A. Paniagua # 10, en las instalaciones de EDELO (Centro de Arte experimental y residencia internacional de diversas prácticas).
Hora: 05:00 pm.
28 de mayo:
Foro:
La criminalización de la protesta popular y la acción crítica de los luchadores sociales, bajo el contexto del Plan Mérida.
Participantes confirmados:
Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN)
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
Invitamos a las diversas organizaciones populares, familiares de desaparecidos por cualquier motivo para denunciar las problemáticas.
Lugar: Auditorio Che Guevara de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, ubicado en calle presidente Obregón s/n, colonia Revolución Mexicana.
Hora: 05:00 pm.
29 de mayo:
Evento político-cultural
Inicio 3:00 pm.
Plaza de la resistencia, San Cristóbal de las Casas.


martes, 17 de mayo de 2011

UN ASUNTO DE RENDICION Y ENTREGUISMO

Autor: Guillermo Fabela Quiñones *

Mientras el país se desangra en una guerra intestina inútil, cuando la mayor parte de los mexicanos implora que haya paz, Felipe Calderón reitera su decisión absurda de mantener un estado de cosas inaceptable que está generando una inestabilidad que pone en alto riesgo el futuro de la nación. A pesar de que la escalada de violencia se ha recrudecido, en la medida que la fuerza del gobierno federal se acrecienta en el territorio nacional, sigue terco en mantener a las tropas en las calles, con resultados contraproducentes. Vale la pena preguntarse por qué semejante actitud, cuando lo razonable y conducente debería ser enfocar la capacidad del Estado a la puesta en marcha de medidas correctivas de las causas estructurales del fenómeno.
Cada vez hay más evidencias de que tal manera de “gobernar” obedece a designios ajenos a los intereses nacionales. Ya quedó muy claro, incluso para quienes no lo querían ver, que el gobierno estadunidense está decidido a mantener su liderazgo al precio que sea, sin importar las consecuencias. Se demostró, por si hiciera falta, que la población mayoritaria de la nación vecina está imbuida de un patriotismo que raya en lo irracional. Le fascina saber y constatar que su país es el más poderoso del planeta, como quedó de manifiesto luego de que la Casa Blanca informó sobre el homicidio de Osama bin Laden.
Con esa lógica, no es descabellado suponer que aplaudirían a rabiar la anexión de México, con el pretexto de que sólo así estarían a salvo del terrorismo. Suena absurdo, pero es bastante creíble en vista de que son ya más de dos décadas de vigencia de una estrategia de comunicación tendiente a justificar la intervención de tropas estadunidenses en suelo mexicano, cada vez más debilitado por el poderío del crimen organizado, según su perspectiva. De ahí que las palabras de Calderón, dichas en la ceremonia conmemorativa de la Batalla del 5 de mayo de 1862, más que decirlas a otros debió pronunciarlas frente a un espejo. Él debería anteponer los intereses de la patria antes que los de su partido y no eludir responsabilidades, como demandó a los gobernadores.
Afirmó que “no está a la altura de nuestro legado histórico la opción de rendirse y entregar el país”. Sin embargo, lo está haciendo a marchas forzadas al eludir su responsabilidad de frenar las presiones de la Casa Blanca para que se mantenga una guerra sangrienta cuyas terribles consecuencias lo abarcan todo, sin que haya un mínimo avance en el debilitamiento del crimen organizado. De ahí que sea un contrasentido monumental pedir “comprensión y apoyo” a su guerra fratricida. Sería tanto como aplaudir al verdugo que nos está cortando en pedazos.
Ciertamente, “todos nos sentimos entristecidos y ofendidos por la agresión de los criminales”, sólo que éstos no son los que dice el inquilino de Los Pinos, sino los que, en aras de crear un clima propicio a la justificación de una intervención extranjera directa, están matando a diestra y siniestra a mexicanos que no tienen nada que ver con el crimen organizado. Cabe preguntarse por qué se le echó tierra al asunto del operativo Rápido y Furioso, llevado a cabo por una agencia del gobierno estadunidense, mediante el cual se introdujeron a México más de 2 mil armas sumamente mortíferas. ¿Cuántos operativos como ése no se habrán puesto en marcha antes de que se descubriera, gracias a que uno de sus propios agentes fue asesinado con una de esas armas?
En efecto, nos sentimos muy entristecidos y ofendidos, pero por lo que está ocurriendo en el país, ocasionado por el propio gobierno federal, principalmente por una guerra que no persigue una victoria sobre el crimen organizado, sino meter al país en la geopolítica imperialista de Estados Unidos, tarea estratégica que dio magníficos resultados, para ellos, en lo económico, como lo demuestran los hechos. Somos ahora el país en el mundo más dependiente de la economía estadunidense. No somos dueños de nuestros principales recursos, por lo que se toman medidas tan absurdas como la de comprar 100 toneladas de lingotes de oro, con un valor de cerca de 5 mil millones de dólares, cuando somos uno de los principales productores del metal a nivel mundial, sólo que las minas donde se extrae son explotadas por extranjeros, estadunidenses y canadienses, principalmente. Igual como sucede con el petróleo.
Y aun así, Calderón pide no entregar el país, cuando ya está casi totalmente entregado, motivo por el que la Casa Blanca presiona a todas horas, pues considera que todavía faltan bienes que, considera, deben entregársele. ¿Cómo, pues, supone que se le puede apoyar en su estrategia entreguista? ¿Cómo exige comprensión a la toma de decisiones que afectan brutalmente a la inmensa mayoría de mexicanos?


*Periodista

EMBATE DEL GOBIERNO EN MONTES AZULES


* Embate del gobierno en Montes Azules                                                  
* Calderón garantiza la tierra expropiada
* Mueren indígenas por falta de medicinas

En el corazón de los territorios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el gobierno de Felipe Calderón intenta perpetrar un golpe más contra los pueblos indígenas y su autonomía bajo la bandera de la protección ambiental de regiones estratégicas para el país.
En otra de las “batallas” de Felipe Calderón – tal vez menos pública e intencionalmente menos mediática –, su gobierno busca debilitar a las comunidades autónomas en la región de Ocosingo y eliminar obstáculos a la propiedad en una zona considerada clave para liberar, entre otros, los proyectos de captura de carbono, comprometidos por México ante el gobierno de Estados Unidos, específicamente con California.
Pero más allá del mercado de bonos de carbono y de la pretendida reforestación de bosques, subyace el interés por garantizar el acceso irrestricto a una de las zonas más ricas del mundo en biodiversidad y recursos naturales.
El problema es que Calderón pretende hacerlo sin que medie un debate nacional, por conducto del Poder Legislativo y de la sociedad civil, que decida cómo aprovechar estos recursos: más de 22 mil especies de plantas y micro organismos con los que cuenta el país y que el gobierno de Barack Obama considerada estratégicos para un futuro sustentable.
Se trata, además, de uno de los compromisos y acuerdos firmados por Calderón en Cancún durante la celebración en noviembre pasado de la Cumbre del Cambio Climático, COP 16. De esta forma, Calderón, otra vez, empeñó la palabra de México sin consultar antes a los afectados. A cambio, recibió en Nueva York, a principios de este mes, el premio “Campeones de la Tierra”, que otorga anualmente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Sin embargo, los escenarios para Calderón en el terreno de sus promesas ambientales en el exterior también se están complicando por la resistencia de las comunidades indígenas en Ocosingo.
Así, fue el 8 de mayo de 2007, antes de cumplir su primer año al frente del Poder Ejecutivo, cuando Calderón publicó el decreto que expropiaría en pleno municipio de Ocosingo y “por causa de utilidad pública” una superficie superior a las 14 mil hectáreas.
Dicha extensión en la zona lacandona se destinarían, según el decreto de Calderón, “a la constitución de una nueva área de protección de los recursos naturales tendiente a la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable”.
Expandir, en otras palabras, el área natural protegida de Montes Azules, pero con una explotación explícita al quedar bajo la tutela del gobierno que lo considera de “utilidad pública” pero que, a juicio de Calderón, no amerita una discusión seria sobre la urgencia de declararlos constitucionalmente “Bienes Estratégicos para la Nación”, como sucedió con el petróleo y la minería. Hoy, de hecho, la biodiversidad es para muchos países mucho más estratégica que los recursos fósiles.
El documento con el que Calderón pretende obtener el control de esta superficie asegura que dicha extensión territorial es simplemente un claro patrimonio natural de utilidad pública porque “representa una de las áreas de mayor presión sobre los recursos naturales existentes y que comparte con la reserva de la Biósfera Montes Azules, además de que la alta diversidad biológica con que cuenta la región, significa un acervo genético único en México, con una densidad poblacional de especies característica en sólo el 0.4 por ciento del territorio del país, donde se encuentra el 27 por ciento de los mamíferos, el 30 por ciento de las aves, el 40 por ciento de las mariposas diurnas y del 15 al 20 por ciento de las plantas vasculares de México. Asimismo, es considerado el sitio más diverso del país y protege un número considerable de especies animales, algunas de ellas consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción”.
Sin embargo, un documento de rendición de cuentas de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que no se hace referencia a la importancia ambiental de esa región sino al conflicto social, establece el verdadero objetivo de la intervención del gobierno federal en la zona – que se ubica entre los asuntos más relevantes del sector agrario nacional –, que es el financiamiento de la adquisición o indemnización de tierra para resolver conflictos involucrados en la atención del “foco rojo”: comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biósfera Montes Azules.
Desaparecen los médicos y las vacunas
Casualmente se trata de la región en la que Calderón busca expropiar 14 mil hectáreas por causas supuestamente ambientales, lo que involucra la reubicación de las comunidades asentadas en la zona: unos 450 habitantes. Calderón también ha enviado el Ejército a esta zona, en donde las organizaciones indígenas han ubicado ya a militares que han sido sancionados por estar involucrados con el narcotráfico y que, en una especie de castigo, fueron enviados a la región considerada – parafraseando a Calderón – de utilidad pública y patrimonio natural de México y el mundo.
No sólo eso, entre los lacandones una especie de fuerza de Seguridad Pública Municipal comienza a hacerse presente en silencio, pero fortaleciendo la hipótesis de la contrainsurgencia a su cargo en la región.
En su intento por concretar la expropiación, en 2007 el gobierno federal había destinado poco más de 58 millones de pesos para el pago de esa tierra al establecer un precio de sólo 4 mil 126 pesos por hectárea en la zona que se considera una de las principales reservas ambientales de México y el mundo. Paradójico que el precio sea menor al que se ofreció por los terrenos del aeropuerto o los de la nueva refinería de Pemex.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), a cargo de José Luis López Díaz Barriga, fue el encargado de determinar el monto que se pagaría a los “dueños” de la tierra que no se identifican en el decreto expropiatorio. No resulta extraño, por lo tanto, que los avalúos en esta zona de conflicto social ya formen parte de los juicios que debió resolver la SRA durante los últimos diez años.
Entre 2000 y 2006, la SRA reconoce 262 juicios ordinarios civiles en los que los propietarios de predios en la zona de conflicto de Chiapas reclamaban el pago de entre 10 mil y 15 mil pesos por hectárea. Fueron más de 41 mil hectáreas las que formaron parte de estos juicios mientras que los propietarios de 14 mil, correspondientes a 179 predios, no interpusieron juicios. Éstos lotes podrían ser los que busca expropiar Calderón y que cerrarían la llamada Brecha Lacandona.
Sin embargo, el Fideicomiso de Apoyo a los Propietarios Rurales en Chiapas (Fiapar) que se utilizó para comprar ejidos expropiados hasta 2007 se encuentra en proceso de extinción, según información de la Secretaría de Hacienda. En el caso de los predios de Ocosingo, el decreto instruyó a la SRA a que el pago autorizado se realizara a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
Para justificar la compra a cargo del gobierno federal, el decreto de Calderón cita las expropiaciones de ejidos a favor de la comunidad lacandona, hechas durante el gobierno de Vicente Fox y que forman parte de las expropiaciones que, desde la década de los setenta, buscan reducir la inconformidad social. Sin embargo, el decreto nunca señala la ubicación exacta del territorio objeto de la expropiación, lo que encendió las señales de alerta entre los grupos autónomos de Ocosingo respecto a la seguridad de sus territorios.
El titular de la SRA, Juan Rafael Elvira Quesada – quien también firmó el decreto expropiatorio – aseguró en 2007, sin mencionar a los pueblos autónomos, que la expropiación se presentaba luego de la solicitud de la comunidad de la zona lacandona (sin precisar quiénes) que “al no poder administrar y cuidar los recursos naturales del lugar, en el seno de sus asambleas acordaron solicitar al gobierno federal que se haga cargo de ellos”.
El tono contrainsurgente de la estrategia difícilmente se pudo ocultar. Aún más, el gobierno panista extendió muy cerca de los territorios zapatistas su estrategia política que involucra el uso de los recursos para ofrecer servicios de salud a cambio de votos. Amador Hernández fue la zona que organizaciones civiles ubicaron como el objeto de la expropiación.
Fue así como el 25 de mayo de 2007, apenas unas semanas después de que Calderón, Agustín Carstens – entonces titular de la SHCP – y Elvira Quesada firmaron el decreto expropiatorio de las 14 mil hectáreas de la región de Amador Hernández, el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, junto con representantes de la Organización Mundial de la Salud, anunciaron con bombo y platillo que, precisamente, en esa localidad de Ocosingo se daba inicio a las llamadas Caravanas Aéreas de Salud.
Con ello, los habitantes de la Selva de Chiapas en cuatro micro regiones de la entidad – al menos 2 mil 253 personas de 19 localidades – se verían beneficiados por los ocho vuelos mensuales de los helicópteros que se asignaron al traslado de enfermos graves. Sin este tipo de recursos, son muy pocos los indígenas que pueden sobrevivir a un traslado de al menos 12 horas por tierra en camiones de redilas, en algunos tramos, pero sobre todo a pie. Un traslado en avioneta les costaría 3 mil pesos y nadie allí puede pagar ese monto a cambio de su vida.
Esa fue una buena noticia, dijo la propia Secretaría de Salud, pues la dependencia federal recordó que desde 1994, cuando se declaró el movimiento autónomo de los zapatistas, el gobierno federal no tomaba una medida asistencialista de esta naturaleza para proteger la salud y la vida de estos mexicanos marginados en Chiapas.
El problema ahora, después de que las comunidades y organizaciones civiles se opusieron a que Calderón concretara la expropiación de esas 14 mil hectáreas, fue que las Caravanas Aéreas de Salud simplemente desaparecieron, según lo reportan organizaciones civiles en la zona.
En marzo de 2008, ante las protestas de comunidades de la región de Amador Hernández y de zonas vecinas, se detuvo la ejecución física del decreto del 8 de mayo de 2007. Pero en la zona de la discordia por esos terrenos ricos en biodiversidad, no sólo se esfumaron los helicópteros para trasladar enfermos y mujeres en trabajo de parto con complicaciones, también dejaron de abastecerse las vacunas necesarias para contrarrestar enfermedades como la influenza.
¿Sabrá Córdova Villalobos que, en esta zona, los niños – sobre todo – están padeciendo el virus que combate con tanto ahínco y del cual habla frecuentemente ante los medios nacionales y extranjeros? ¿Está enterado que los niños indígenas están muriendo a causa de fiebre y de influenza atípicamente virulenta? Por supuesto que sí, pero es un secretario negligente, omiso y a quien lo que menos le preocupa es la salud de los mexicanos y muchos menos si son indígenas.
Los médicos en Amador Hernández también fueron retirados y se dijo a los indígenas que su presencia se necesitaba en las ciudades de Chiapas para hacer frente a un nuevo embate del virus de influenza.
Hoy las comunidades indígenas de esta zona atienden sus enfermedades con medicina tradicional a causa de la ausencia de medicamentos alópatas y vacunas desde agosto de 2010. En medio de la represión, también quedó al descubierto la falta de una política de salud pública adecuada que provocó graves problemas que hoy quedan al descubierto entre la población de la zona: resistencia a antibióticos prescritos de forma incorrecta y padecimientos gastrointestinales asociados a su consumo inadecuado. Sin medicamentos, sin vacunas, sin insulina, en la zona que quiera expropiar Felipe Calderón para cumplir sus compromisos “ambientales”, mueren los niños que son los legítimos propietarios de esa riqueza. Pensar, como en otras regiones indígenas del país, que el extermino instrumentado por la contra insurgencia y el abandono del gobierno federal, es una hipótesis que se dibuja cada vez con mayor fuerza en el corazón de los territorios que en 1994 fueron escenario del levantamiento de indígena que se resistía, desde entonces, a la injusticia.

FUENTE: OFICIO DE PAPEL

Con el acero y la ley en las manos: ¡la presa La Parota no pasará!

Autor: Abel Barrera Hernández *
 
15 Mayo 201

Por el Río Papagayo no sólo corren impetuosas las aguas bravías que bañan la Costa Chica de Guerrero; también se gesta un movimiento de resistencia protagonizado por campesinos acapulqueños que han defendido su territorio con el acero y la ley en sus manos para encarar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Desde sus orígenes, esta paraestatal se ha caracterizado por esquilmar a los pobres y atracar el patrimonio de los pueblos originarios de nuestro país: la construcción de hidroeléctricas ha implicado el desplazamiento forzoso de miles de familias campesinas que han sido orilladas a vivir como parias en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. En nombre del desarrollo, los gobiernos represores borraron a sangre y fuego todos los vestigios de sus asentamientos prehispánicos: centros ceremoniales, los lugares sagrados donde descansan sus antepasados, sus formas de organización comunitaria, el uso colectivo de la tierra y sus saberes milenarios sobre el cultivo del maíz.
En Guerrero se construyeron cuatro hidroeléctricas a la usanza caciquil: reprimiendo y matando a los opositores. Los arrancaron de sus tierras por considerarlos un estorbo para el desarrollo. Lo que hoy impera en estos enclaves es la pobreza, la desolación y los pueblos fantasmas. La vida parece consumarse con el mismo fuego que quema los tlacololes.
Las nuevas generaciones que nacen en estos lugares ahora sobreviven en Chicago y Nueva York. Los más pobres se enrolan como jornaleros en los campos agrícolas de Sinaloa, y los más arriesgados combinan sus cultivos tradicionales con el maíz bola (amapola).
El polo de la opulencia del Acapulco diamante contrasta con los terregales y las calles destrozadas por donde corren las aguas negras del Acapulco rural. La frontera de la desigualdad está marcada por la Autopista del Sol, que tiene su garita con las casetas de cobro. Los pueblos que surten de agua al puerto de Acapulco no tienen acceso a ésta en sus viviendas. La población joven que trabaja de manera eventual en los grandes hoteles vive en chozas de bajareque y sin ninguna oportunidad de estudiar en la universidad. El futuro de este centro turístico está construido sobre un terreno minado, donde las balas, la sangre y las cruces han transformado este paraíso en el infierno del Pacífico.
Las colonias pobres de Acapulco son las que ponen los muertos. Se trata de jóvenes y niños que aparecen ejecutados en las banquetas de los centros comerciales o sobre avenidas principales. Sus padres fueron expulsados del puerto para ser trasplantados sobre las márgenes del río de aguas negras de la Sabana. Esta limpieza social barrió con todos los ejidatarios que vivían en las playas más hermosas de Acapulco, repobladas por ricos y preferentemente extranjeros.
Ahora que las playas están en manos de grandes inversionistas, los gobiernos continúan expandiéndose en la parte rural para poner en venta las tierras de propiedad colectiva, que cuentan con un alto potencial turístico e hidroeléctrico. Este proceso de privatización del patrimonio de los pueblos originarios de Guerrero se ha topado con la fuerza y la resistencia de los campesinos que se oponen a la construcción de la presa La Parota. Desde 2003, los gobiernos en turno maniobraron para torcer las leyes con el fin de obtener la anuencia de los campesinos para iniciar el proceso de expropiación y celebrar convenios de ocupación previa con los comisariados comunales y ejidales.
De agosto a diciembre de 2005, el gobierno estatal y la CFE promovieron la realización de asambleas espurias en los núcleos agrarios de Cacahuatepec, la Palma, los Huajes y Dos Arroyos. Todas violaron la ley y fueron controladas por las corporaciones policiacas del estado.
La lucha inquebrantable del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) logró vencer en los tribunales agrarios a la CFE y al gobierno. Demostraron su fuerza, su capacidad de movilización y su gran legitimidad. Tuvieron el arrojo de realizar una consulta dentro del núcleo agrario de Cacahuatepec, en la comunidad de Agua Caliente, donde más de 3 mil campesinos dijeron ¡no a La Parota! Para ellos, esta decisión significó la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico.
Por la vía de los hechos, ejercieron su derecho a la consulta y asumieron la máxima zapatista de que la tierra es de quien la trabaja y que ningún gobierno debe atentar contra los derechos de los verdaderos dueños de las tierras.
Los intereses del capital obligaron al gobierno a convocar a otra asamblea en la comunidad de la Concepción, que pertenece al núcleo de Cacahuatepec, donde se tiene planeado construir la cortina. Con un aparatoso operativo policiaco, el gobierno la realizó el 28 de abril de 2010. De nueva cuenta se intentó convalidar la expropiación de estas tierras con una asamblea plagada de irregularidades.
Por su parte, el CECOP, además de plantarse frente a los policías para exigir su entrada a la asamblea, interpuso otro juicio de nulidad, y por quinta ocasión el Tribunal Unitario Agrario resolvió nuevamente a su favor el pasado 18 de abril de 2011.
Los herederos de Zapata que viven en el Acapulco rural están dando lecciones al país de que la lucha por la tierra se defiende con el acero y la ley en las manos, de que sabiamente saben combinar la defensa legal con la movilización social. Son los hombres y mujeres del campo los que nos dan ejemplo de tenacidad y resistencia, que no se arredran y que están dispuestos a dar todo por la tierra y por la patria.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

sábado, 14 de mayo de 2011

VOCAL exige todo el peso de la Ley para Rufino Juárez, líder de la UBISORT-PRI

Rufino Juárez es señalado como responsable de la muerte de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y el finlandés Jyri Jakkola. Ante las últimas noticias sobre la detención del dirigente paramilitar de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) Rufino Juárez Hernández. Queremos expresar lo siguiente: Ayer jueves 12 de mayo por la tarde, diversos medios de comunicación por internet comenzaron a difundir información sobre la aprehensión del señor Rufino Juárez Hernández, dirigente de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
En esos medios se ha difundido la noticia de que esta persona fue detenida aproximadamente a las 6:30 de la tarde en las oficinas de su organización ubicada en Santiago Juxtlahuaca y que dicha detención fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Como es de información pública y ampliamente difundida, esta persona es dirigente del grupo paramilitar priista antes mencionado y es responzable directo de diferentes delitos y crímenes cometidos contra los habitantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, y también responsable directo del homicidio de nuestros compañeros Bety Cariño Trujillo y Jiry Antero Jakkola, quienes perdieron la vida en una emboscada realizada el día 27 de abril del año 2010 por paramilitares integrantes de la organización que él dirije, quienes atacaron con armas de fuego una caravana humanitaria que se dirigía al Municipio Autónomo de San Juan Copala para entre otras cosas, documentar el estado de sitio que paramilitares impusieron contra esa población, llevar alimentos y agua a los habitantes y romper el cerco paramilitar.
A más de un año de estos crímenes y sin que hasta estos momentos exista una respuesta clara a la demanda de justicia y castigo a quienes han ordenado los atentados que han cobrado la vida de muchas personas, entre ellas nuestros compañeros ya mencionados, así como la vida de mujeres, jóvenes y niños triquis. Demandamos enérgicamente al gobierno del Estado no se permita la impunidad en estos casos y se castigue a esta persona que tanto daño ha hecho en la región triqui y fuera de ella, que ha sembrado violencia y luto en la vida de indígenas triquis y en la vida de nuestros compañeros. Demandamos y exigimos se le procese y juzgue por todos los crímenes y asesinatos que ha cometido para que estos no vuelvan a repretirse. La justicia solo puede llegar con el castigo a los responsables y con un alto a la impunidad de los paramilitares que se pasean con descaro y sin que nadie les ponga un alto. Si a lo largo de los años, los paramilitares solo han gozado de impunidad en nuestro Estado de Oaxaca, exigimos que no se vuelva a repetir esta situación. Que a esta persona se le procese por todos y cada uno de los delitos que ha cometido por propia mano y como dirigente de su grupo paramilitar, ya que por su peligrosidad social no debe andar libremente e impunemente por las calles.
Nos preocupa que hasta estos momentos a casi 24 horas de esta detención, el gobierno del estado guarde silencio al respecto a pesar de que fuentes nuestras nos permiten tener la certeza de que su detención fué realizada por el gobierno del Estado. Esta situación deja abierta la posibilidad de que Rufino Juárez Hernández pretenda ser liberado mediante una negociación política entre su organización paramilitar y el Gobierno del Estado de Oaxaca encabezado por Gabino Cué, lo que nos recordaría una vez más que en este como en muchos otros casos no se ha hecho justicia para los pueblos de Oaxaca y que se privilegía la impunidad en nuestra localidad. Exigimos al gobierno del Estado de Oaxaca que presente oficialmente al paramilitar Rufino Juárez Hernández, que informe junto con la Procuraduría de Justicia del Estado los delitos por los cuales fue detenido y se le juzgue de manera inmediata por los homicidios que ha cometido.
¡NO MÁS IMPUNIDAD!
¡Justicia para nuestros compañeros Betty Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jakkola!
¡Castigo para los asesinos del pueblo!
Voces Oaxaqueñas Contruyendo Autonomía y Libertad (V.O.C.A.L.)

Oaxaca: Detienen a Rufino Juárez, líder de la paramilitar Ubisort, organización acusada de decenas de asesinatos

12 de mayo de 2011.- Hoy al atardecer fue detenido Rufino Juárez, líder de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), presuntamente por policías de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca según unas versiones y por la Policía Federal Ministerial según otras. La priista UBISORT es acusada de paramilitar, de estar armada y de recibir financiamiento y entrenamiento gubernamental para ello. La UBISORT es una de las organizaciones civiles de corte contrainsurgente impulsadas por el gobierno mexicano tras el levantamiento zapatista en 1994.
Se acusa a la UBISORT y a su lider, del asesinato el 27 de abril del 2010 de la mixteca defensora de los derechos humanos Bety Cariño, coordinadora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y del finlandés internacionalista Jyri Jaakola (léase Yuri Yaakola), mientras avanzaban en Caravana Humanitaria, tras la emergencia humanitaria surgida en el Municipio Autónomo de San Juan Copala por el cerco paramilitar establecido según los autónomos por la UBISORT y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en diciembre de 2009.
En septiembre de 2010 la UBISORT, en alianza con el MULT, según los autónomos, tomó la cabecera municipal del Municipio Autónomo de San Juan Copala, desalojando forzadamente a todos los autónomos de esa población. Durante el asalto se reportaron muertos y desaparecidos miembros del Municipio Autónomo. El 7 de febrero pasado Rufino Juárez afirmó "La Guerra ya terminó" y pidió una tregua en la región triqui.
Por la noche se reporta la toma del palacio municipal de Juxtlahuaca por miembros de la UBISORT, exigiendo la liberación de su líder.
Dos años y medio llevan movilizados los triquis autónomos denunciando la agresión de grupos paramilitares contra la organización autónoma. Los días recientes participaron en las 2 marchas nacionales por justicia y paz en la Ciudad de México. También participaron en las conmemoraciones a 1 año del asesinato de Bety Cariño y Jiry Jaakola. Este momento es una oportunidad para la justicia. Sin embargo el gobernador Gabino Cué ha afirmado que la existencia del Municipio Autónomo no tiene sustento constitucional y que con su gobierno no existirá el Municipio Autónomo.
Al día de hoy hay campamentos de desplazados de San Juan Copala en el zócalo de la Ciudad de Oaxaca y en el zócalo de la Ciudad de México, además de decenas de familias triquis refugiadas en comunidades triquis distantes de San Juan Copala. Para el 23 de mayo próximo está planteada una caravana triqui informativa que partirá del zócalo de Oaxaca para llegar al zócalo de la Ciudad de México.
No hay reportes sobre el paradero de Rufino Juárez, su detención la realizaron civiles armados, al parecer la Agencia Estatal de Investigación, otros reportes afirman que fue la Policía Federal Ministerial. En el pasado hay un reporte del 17 de febrero de 2010 de un detenido de UBISORT "rescatado" por un operativo de dicha organización.
http://cmldf.lunasexta.org/node/18542

miércoles, 11 de mayo de 2011

QUE PASA CON EL ZAPATISMO?




CHARLA DE JAVIER ELORREAGA SABALDI

martes, 10 de mayo de 2011

EL SME: Ahora presos y perseguidos políticos


Roberto Mendoza Delgado
Comisión Independiente de Derechos humanos


En México, la legalidad se ha divorciado de la Justicia, se han impuesto los intereses de la clase dominante sobre la de los ciudadanos; se ha utilizado al poder judicial para reprimir movimientos sociales y cualquier tipo de manifestación de inconformidad. En pocas palabras, se volvió prioridad nacional la criminalización de la protesta. En este contexto el poder judicial se ha mostrado sumamente dócil y condescendiente; y se entiende aunque no lo comprendamos, -nadie muerde la mano de quien le da de comer-. El poder judicial se encuentra supeditado al ejecutivo, de hecho y de derecho, los gobernadores avalan a los presidentes de tribunales y el presidente a los integrantes de la suprema corte de justicia. Solo de esta manera se entiende que siempre se favorezca los intereses de algunos cuantos y no los de los simples ciudadanos. En el caso de la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro se sigue la misma fórmula. Calderón en su afán privatizador y con la intención de instaurar una segunda colonización española abre el sector eléctrico a la libre empresa, casualmente las beneficiadas serán las del Rey Felipe de España, una de ellas Iberdrola. Para lograr la privatización de la industria eléctrica solo tiene un obstáculo: el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sindicato independiente, democrático y sobre todo patriótico y nacionalista. Esto al émulo de santa ana lo aterroriza y busca a cualquier precio imponer la sumisión. Utiliza a su peón preferido, el secretario del trabajo para hacer el trabajo sucio, quien con ayuda de algunos traidores del SME siembran la duda y el desconcierto entre la organización. Desde entonces la obsesión de tales sujetos es el acoso hacia los integrantes del SME. De tal suerte que hasta el momento, con ayuda de los tribunales se ha buscado la desarticulación del movimiento de resistencia del SME en contra del anticonstitucional decreto de extinción de la empresa estatal Luz y fuerza del Centro. Para cubrir sus arbitrariedades, la ilegalidad, sus mentiras y sus torpezas han mandado a resguardar el expediente por 12 años. En 12 años los mexicanos no sabremos la verdad sobre los verdaderos manejos que se dieron en la empresa del estado, empresa mexicana propiedad de los mexicanos. Y en ese contexto se encuentra PEMEX.
Una forma sutil que ha encontrado el estado mexicano para desinhibir la protesta ante la injusticia o ante la ilegalidad ha sido la criminalización de la protesta, así pues, para acallar voces incómodas les ha mandado a encarcelar, con cargos inventados o denuncias apócrifas, con testigos falsos, etc. Así paso con las indígenas de Querétaro y con Nacho del Valle y otros más de Atenco. Estamos seguros que a pesar de las autoridades mexicanas la verdad siempre saldrá a la luz y todos conoceremos la misma.
Los acontecimientos actuales en contra de los integrantes de Sindicato Mexicano de Electricistas es una clara forma de represión en contra de las personas que obstaculizan la Privatización del Sector Eléctrico, y sobre todo la entrega del patrimonio nacional a privados y extranjeros; baste decir que desde hace mucho mencionamos que el botín principal era el uso de la fibra óptica, que se construyó con impuestos de todos los mexicanos y propiedad de luz y fuerza del centro, que se podría dar el servicio gratuito a escuelas y espacios públicos por parte de compañía de luz y ahora se concesiona a televisa y tv azteca , empresas privadas que como sabemos impondrán sus cuotas de acuerdo a lo pactado con anterioridad con las autoridades encargadas del asunto. Así pues, se maneja el México del pequeño déspota.
 

PABLO VS SABINES: CARTA DE UNA MADRE INJUSTAMENTE ENCARCELADA EN CHIAPAS

Carta a una madre injustamente encarcelada en Chiapas
10 de mayo de 2011



Arquitecta Socorro Domínguez Aguilar

Centro de Readaptación Social para
Sentenciados número 14.
Cintalapa, Chiapas.

Querida Socorro:

En esta fecha que se celebra el día más importante en millones de hogares mexicanos, queremos que sepas que estamos contigo además de tu familia, tus amigos y ex compañeros de trabajo. Sabemos que por tu ausencia hay un intenso dolor en tu familia y que todos compartimos. Es el dolor de tu ausencia temporal, porque sabemos que muy pronto regresarás a casa. Es un dolor producto de una gran injusticia: la que nace de la mentira, la maldad, la ausencia de valores y la sin razón.

Desde el 29 de abril pasado, una manipulada y desaseada acusación de desvío de fondos del programa de reconstrucción de vivienda por el huracán Stan te roba horas de trabajo, plenitud, y amor. Tu familia, amigos y conocidos podemos constatar que sigues viviendo en la medianía que te proporcionan los ingresos familiares, producto del trabajo de todos los días. Los ficticios recursos de los que te acusan sólo existen en la mente de nuestros detractores.
Para bien de los tuyos y mal de los infames, conocemos tu fortaleza y dignidad. Esos atributos que pusiste con todo empeño cuando se necesitó y fueron decisivos para iniciar los trabajos de reconstrucción en el menor tiempo posible. La atención del desastre requirió de sacrificios personales, de confianza, disciplina y autocontrol de todos cuantos participamos en el proceso en el que fuiste un elemento central. Porque te vimos trabajar, sabemos que enfrentarás con integridad la dura prueba que te han puesto, quienes ni idea tienen de tu aportación durante los meses que viviste en la zona de desastre.

Mientras tu progresas, tus acusadores se empequeñecen. Tu creces en dignidad, ellos en miseria humana. Demuestran que lo único grande en ellos son sus resentimientos.

Mantén el ánimo, la fe y la certidumbre de que la verdad, la razón, la rectitud y la decencia están de tu lado, de nuestro lado y no son valores de tus inculpadores.

En este día tan especial te abrazo con mucho cariño.

Pablo Salazar Mendiguchía

PD. Querida Coco, no estás sola, jamás lo has estado. La lucha que estamos dando, es por ti, por nuestros hijos y por el gobierno al que orgullosamente perteneciste. ¿Con qué cara veríamos a los ojos a todos ellos, dando por válida, con nuestro silencio, la acusación de los cobardes?. No descansaremos hasta verte en libertad. 


viernes, 6 de mayo de 2011

RAUL VERA LOPEZ: EL PAIS ESTA SIN CABEZA

 MARCHA POR LA PAZ, JUSTICIA Y DIGNIDAD.

Alonso Urrutia y Rubicela Morelos / La Jornada 06/05/2011

Autopista México-Cuernavaca, 5 de mayo. Sostiene que está convencido de que su deber pastoral es estar aquí y participar en la movilización, porque el país se está desbaratando de tanta violencia. Enfundado en ropa deportiva, sólo un enorme crucifijo sobre el pecho identifica a Raúl Vera López como obispo de Saltillo, quien, sin matices, afirma: Este país cada día se desarticula más, la impunidad y la inseguridad crecen; aunque no, no es un país de cabeza, es un país sin cabeza.
Al paso que lleva la caravana, el obispo alude al mensaje presidencial emitido en cadena nacional la víspera del inicio de la Caminata-Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.
Asevera que ese mensaje mostró al presidente Felipe Calderón con una gran debilidad, porque su sistema, aunque lo está imponiendo a la fuerza, no tiene aceptación: su guerra no tiene respaldo. No veo una mentalidad democrática en quien gobierna, porque la democracia consiste en escuchar al pueblo.
–¿Hay obstinación presidencial en su estrategia?
–No sólo obstinación, sino también incapacidad de la estructura que ha creado y de las personas que colaboran con él. Hay mucha corrupción dentro de la estructura del Estado y su colaboración política.
La ley de seguridad, con tintes dictatoriales
Vera López tiene claro su diagnóstico sobre la situación del país y por eso lamenta que ante la creciente inconformidad social la respuesta sea la promoción de una Ley de Seguridad Nacional con visiones dictatoriales, cuya pretensión principal no es defender a la sociedad sino defender al Estado de los ciudadanos.
Quieren suplir la indignación e inconformidad con el endurecimiento de una legislación que autorice el uso discrecional del Ejército, subraya.
Vera señala que el reclamo social empuja a recomponer esa estrategia, “porque la violencia nos está desbaratando, amenaza a la ciudadanía, pero no, no se quiere escuchar. No le estamos pidiendo cauces fuera de la Constitución, le estamos pidiendo que regrese a la Constitución porque es presidente de una República democrática que tiene cauces legales para resolver los problemas, para desarticular el crimen organizado, para llevar ante los jueces a los criminales, para desmontar las complicidades.
Y si esos cauces legales no son suficientes, por ejemplo, para detener el lavado de dinero, se deben fortalecer con una nueva legislación. Pero aquí se junta todo: no querer enfrentar la corrupción que hay en las estructuras políticas y no frenar el dinero sucio en las elecciones, porque desde ahí empiezan a nacer los compromisos de entregarles las policías.
Acerca del otro lado, el de la gente, indica: Lo que en un momento hubiera podido ser desorientación, cobardía o miedo, ya se convirtió en indignación, en conciencia de que los que realmente llevamos el país somos los ciudadanos. Ya son concientes de la ineficiencia de la estructura del Estado, cuya respuesta a sus reclamos de justicia es sencillamente impunidad y más impunidad.
–Es raro ver a un obispo marchando…
–Siempre he trabajado en generar conciencia, es mi trabajo pastoral. Y la conciencia es que la sociedad no funciona si sólo hay cabeza y no hay cuerpo. Digámoslo así: el Estado mexicano no sólo lo forman las cabezas estúpidas, la conformamos todos los ciudadanos que tenemos una responsabilidad con el país y ahora tienen que cuestionar la correcta aplicación de la ley para hacer justicia, para acabar con este desorden espantoso.