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A los intelectuales y sector progresista de México
México vive un gran atraco, el gobierno en turno, que encabeza Enrique
Peña Nieto, expresión pura de los intereses empresariales nacionales y
trasnacionales ha desatado una abierta campaña
de venta de los
últimos bienes de la Nación, de la profundización del desmantelamiento
de la propiedad social de la tierra, iniciado de por si a partir de la
contrarreforma constitucional al artículo 27 realizada en el sexenio de
Carlos Salinas de Gortari, las llamadas reformas estructurales
emprendidas por el actual gobierno y en particular las modificaciones a
los artículos 25,26 y 27 de la constitución legalizan la entrega del
petróleo a las petroleras internacionales, pero sobre todo profundizan y
legalizan el despojo de los recursos del subsuelo de la nación,
renuncian al papel rector del estado en la planeación y conducción del
desarrollo del país, quitándole el papel estratégico que dichos recursos
tenían en la constitución, adecuando el marco jurídico para la
reconcentración de la tierra y sus recursos, el despojo del territorio
de indígenas y campesinos y la apropiación de sus recursos como el agua,
los minerales, etc., utilizando para ello todo tipo de maniobras
políticas y legislativas; así como la utilización de la represión a los
movimientos de resistencia de los distintos sectores sociales, maestros,
estudiantes, indígenas y campesinos, mediante la criminalización de la
lucha y la protesta social, encarcelando a los luchadores sociales e
incluso llegando al asesinato de líderes sociales y activistas de los
movimientos de resistencia que se han generado en el país a partir de la
imposición de las mal llamadas reformas estructurales. El porfirismo
revivido y campeando ni más ni menos en el país como antes de la
revolución de 1910 donde un millón de indígenas y campesinos ofrendaron
su vida para construir el pacto social emanado en el constituyente de
1917 y hoy liquidado de un plumazo por los traidores que gobiernan este
país.
Los integrantes de las autodefensas en Aquila fueron detenidos el 15 de agosto del año pasado; en la imagen, después de tomar la presidencia municipal en julioFoto cuartoscuro
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 2 de febrero de 2014, p. 9
Domingo 2 de febrero de 2014, p. 9
La Procuraduría General de la República (PGR) analiza desistirse de la acción penal en contra de 40 comuneros del municipio de Aquila, Michoacán, que fueron detenidos el 15 de agosto del año pasado cuando participaban en un grupo de autodefensa por los ataques de grupos criminales que operan en esa zona.
Hasta el momento, 21 de ellos están en libertad caucional, pero continúan bajo proceso, y 19 siguen encarcelados con la posibilidad de recibir penas que van de 12 a 40 años de prisión.
Uno de los argumentos que plantea una propuesta jurídica que se encuentra en manos de funcionarios cercanos al procurador Jesús Murillo Karam, propone que ante la legalización de los cuerpos de autodefensa y el hecho de que los detenidos de Aquila tuvieron que defenderse ante la inacción de las autoridades, el delito de posesión y portación de armas debe quedar sin efecto, revelaron mandos del Ministerio Público Federal.
La postura que se analiza en la PGR coincide con los argumentos que la defensa de los detenidos presentará como prueba en el juicio que se desarrolla ante jueces con sede en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número cinco, de Villa Aldama, Veracruz, y en Michocán.
Los abogados plantearán que sus clientes deben ser exculpados por existir
un estado de necesidad para defender sus bienes más preciados, como la vida, ante la inoperancia y falta de garantías por parte de las autoridades.
Esto coincide con los señalamientos que integran el análisis que deberá ser aprobado por el procurador Murillo Karam si la PGR decide desistirse de la acción penal, y luego debe entregar el escrito a los jueces que llevan el caso de los habitantes de Aquila.
El 15 de agosto de 2013, efectivos del Ejército Mexicano detuvieron a 40 miembros del grupo de autodefensa del municipio de Aquila, de los cuales 16 fueron dejados en libertad por no haber incurrido en delito grave, mientras los otros 24 fueron acusados de ser presuntos responsables de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Los autodefensas habían tomado la presidencia municipal de Aquila en julio y desarmaron a los policías locales, asumiendo que los uniformados tenían nexos con grupos criminales como Los caballeros templarios.
Argumentos
El análisis fue realizado por la especialista colombiana Sandra Hincapie, y refiere que “en el caso particular del municipio de Aquila los ciudadanos se han visto ante un escenario en el cual preservar la vida, la libertad y la propiedad por sus propios medios se ha vuelto una necesidad apremiante y un recurso último.
Es especialmente importante subrayar que a diferencia de otro tipo de organizaciones de autodefensa que a lo largo y ancho del país se han venido desplegando en los últimos años y exponencialmente en el último año, la comunidad de Aquila vive una situación particular y específica que hace legítima la conformación de una organización autodefensiva frente al crimen organizado, como un recurso último que no pretende en ningún caso desafiar a la autoridad estatal sino, por el contrario, solventar su incapacidad de combatir el crimen organizado en la localidad.
Asimismo, apuntó el abogado Leonel Rivero, en el estudio se menciona que “la justificación del estado de necesidad es un recurso legítimo desde la misma justificación del Estado moderno, tal como vimos con Hobbes, así como en todos los autores contractualistas, la principal función del Estado es preservar la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos; cuando el poder estatal es incapaz de cumplir con sus funciones básicas está amenazada la comunidad política en general en sus vínculos más esenciales.
“Aún siendo Thomas Hobbes un defensor del poder absoluto, defendió la idea según la cual los ciudadanos podrían aplicar la coerción por su propia mano ante un inminente peligro, siempre y cuando no estuviese dicha actuación en contravía del fundamento del pacto. En este caso específico la comunidad de Aquila en Michoacán ha tratado de defenderse de las organizaciones criminales que se han constituido en un poder arbitrario y opresor, no consensuado, ni legitimado, erigido de facto y contrario al estado de derecho”.
