Pronunciamiento sobre la Protesta Social y el 1DMX

Pronunciamiento sobre la Protesta Social 
y el 1DMX

El Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA se suma a las luchas y procesos colectivos de reconocimiento y reivindicación de la protesta social como un derecho humano legítimo e indispensable, y defiende que su ejercicio sea un acto legal así como una práctica democrática garantizada en las sociedades modernas.

 En ese contexto, se une a la indignación de diversas personas, colectivos y movimientos en contra de las iniciativas presentadas ante la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que criminalizan la protesta social con supuestos argumentos que pretenden “armonizar” la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de tránsito o de movilidad. La ausencia de un análisis serio y profundo de los derechos involucrados transforma a esa supuesta “armonización” en un mecanismo de criminalización de la protesta y de inhibición de la misma.

Reglamentar el legítimo derecho de cualquier ciudadano a reclamar las causas que considere justas significa coartar la expresión de disenso e inconformidad que debe existir en cualquier sociedad plural; sobre todo si tenemos en cuenta que este tipo de reclamos ocurren cuando han sido colmados los límites de lo socialmente tolerable, y son el punto extremo de un profundo reclamo de justicia ante el desamparo institucional de la vida moderna. Lo que los defensores a ultranza de los “buenos ciudadanos” ignoran es que en un contexto de degradación de la vida pública, como el de nuestro país, los canales institucionales para canalizar los disensos, inconformidades y reclamos son insuficientes, inadecuados y excluyentes, por lo que las actividades y espacios públicos –marchas, plantones, plazas, calles, avenidas etc.– se convierten necesariamente en formas y lugares idóneos para la expresión, comunicación, diálogo y denuncia de las inconformidades sociales y el fortalecimiento de la vida democrática.

 En ese sentido, son altamente reprochables las declaraciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que –como parte de su “cobertura integral” de las movilizaciones en conmemoración del #1DMX– informa sobre la presencia de policías vestidos de civil, quienes podrán detener a los manifestantes que a su juicio consideren “peligrosos”. Esto, además de ser una discrecionalidad desmedida, es contrario a los estándares internacionales en la materia, los cuales señalan que el uso de la fuerza pública debe ser excepcional y para garantizarlo los agentes policiales deben ser identificados visiblemente.

 Este Colectivo enfatiza categóricamente: “cazar” a quien protesta no es una afrenta sólo contra “la presa directa”, es una afrenta contra toda la sociedad. La existencia de estos argumentos arbitrarios y discrecionales nos convierte a todas y todos en las presas de la fuerza pública que, en lugar de garantizar nuestra seguridad y protección, es usada para restringir nuestros derechos, para controlar la expresión y por ende, las ideas.

 Marchar a sus horas, pensar a sus modos, cumplir con sus expectativas, luchar sólo por lo “políticamente correcto”, o por lo que no molesta, es una exigencia que las autoridades están impedidas a realizar, aunque a través de la mayoría de sus conductas parezcan ignorarlo.

 Ha pasado un año desde que la conducta violatoria de derechos de las instancias locales derivó en la emisión de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que, por una multiplicidad de factores, sigue sin ser atendida en su totalidad. En particular, no ha sido atendida en lo que respecta a la sanción de las y los servidores públicos que hace 365 días tomaron como orden del día reprimir, detener arbitrariamente, inhibir, torturar, entre otras graves vejaciones, a las víctimas del #1Dmx del 2012.

 Ante tal panorama, el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA se une a todos los actores sociales que se enfrentan a la tradición represora del Estado mexicano y la violencia actual de los gobiernos en turno.

 Recordamos a todas las autoridades que la protección efectiva de los derechos humanos de TODAS y TODOS–no sólo de los “buenos ciudadanos”– es su obligación irrenunciable. Hacemos un llamado a las autoridades federales y locales, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que cumplan con sus obligaciones constitucionales e internacionales reivindicando su actuación que hasta el momento ha sido opaca y deudora de las exigencias de las personas; así como establecer responsabilidades contra las y los servidores públicos que lleguen a cometer alguna violación a derechos humanos.

 Como este Colectivo ha sostenido previamente, la protesta social es un derecho que se ejerce como mecanismo para exigir el cese de los agravios dirigidos en contra de la subsistencia e integridad de las personas y núcleos de población, así como para reparar las violaciones cometidas en contra de sus derechos. De lo contrario, al criminalizar la protesta, los agravios principales que dan lugar a la misma serán olvidados y las violaciones originarias continuarán reproduciéndose. La tierra de los campesinos no será respetada, la identidad y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas no serán reconocidas, los desempleados no tendrán trabajo, la precarización de las condiciones de vida y de trabajo seguirá agudizándose, la democracia por la que pelean los ciudadanos se mantendrá en el eterno porvenir. Todos ellos gastarán sus esfuerzos en reivindicar sus luchas y confrontar a una sociedad que los criminaliza.

COLECTIVO DE ABOGADAS Y ABOGADOS SOLIDARIOS

C A U S A