El 22 de diciembre de 1997, hace doce años, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el gobierno federal priista de Ernesto Zedillo Ponce de León cometió la masacre de 45 indígenas, niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, de la organización civil no sólo pacífica, sino, como dijera Andrés Aubry, incluso pacifista: Las Abejas.
Los autores de la masacre fueron aproximadamente uno 60 indígenas paramilitares, patrocinados por el gobierno federal priista de Ernesto Zedillo Ponce de León y el estatal priista de Julio César Ruiz Ferro.
Es importante no olvidar quienes fueron las víctimas, los asesinados, un grupo cristiano, refugiado en una ermita haciendo ayuno y oración por la paz, en medio de una estrategia de muerte, como acertadamente le llamó Canal Seis de Julio en su video, la guerra irregular paramilitar del gobierno contra las bases civiles de apoyo al EZLN y contra los indígenas que se negaron a participar en los grupos paramilitares.
La estrategia paramilitar incluyó el asesinato de indígenas priistas de base, porque se negaron a tomar las armas contra sus hermanos, hecho que, distorsionado, han usado intelectuales mercenarios, defensores de los paramilitares, para tratar de vender la mentira de que los paramilitares se armaron solos, como grupos de “autodefensa”, concepto usado en Guatemala y en Colombia por estrategias contrainsurgentes con asesoría israelí y norteamericana, respectivamente.
Al llamar a los paramilitares “grupos de autodefensa”, los intelectuales al servicio del zedillismo reproducen el lenguaje de los militares estadunidenses autores de los manuales de guerra irregular que se usan en México y América Latina.
Después de la conjunción del esfuerzo de intelectuales, revistas, periódicos, instituciones académicas y abogados, así como grupos evangélicos, que han defendido legalmente y logrado la liberación de una parte de los paramilitares detenidos por la masacre, también han difundido versiones falsas que hablan de combates y tratan de pintar a las Abejas como guerrilleros.
Intentaron exculpar y justificar el crimen de los paramilitares, pero sobre todo trataron de ocultar la responsabilidad de los gobiernos priistas de Salinas, Zedillo y los siguientes, los panistas de Fox y Calderón, por la guerra sucia contra los indígenas, por la masacre y por la impunidad.
La complicidad de los intelectuales con el poder no es nueva, y la guerra en Chiapas no es la excepción. Transcribimos de la película Acteal: estrategia de muerte, de Canal Seis de Julio: “Desde que Julio César Ruiz Ferro llegó al gobierno de Chiapas el 14 de febrero de 1995, con Eraclio Zepeda como secretario de gobierno, la entidad registró un promedio de 42 asesinatos de indígenas cada mes.” Y luego esos mismos intelectuales pregonan que hoy, en Chiapas, a los indígenas les va muy bien.
Los paramilitares no actuaron solos. Lo hicieron con apoyo de policías estatales de Chiapas, quienes recogieron los cadáveres tratando de borrar las huellas de la masacre, por órdenes de funcionarios del gobierno estatal chiapaneco como el secretario de gobierno Homero Tovilla Cristinani y el subsecretario de gobierno Uriel Jarquin, después contratado como asesor de la bancada perredista en el Congreso michoacano, y defendido ante las críticas por el PRD de ese estado.
En el informe de la comisión de investigación del EZLN se aportan datos como el hecho de que “el comando paramilitar que realizó la masacre se movilizó en vehículos propiedad de la presidencia municipal priista de Chenalhó y de particulares”. Y también: “Los vehículos, así como el armamento, uniformes y equipos de los agresores se obtuvieron con dinero proveniente del gobierno federal. En concreto, de la Secretaría de Desarrollo Social.”
El dinero que el gobierno de Zedillo mandaba a Chiapas con supuestos fines de “desarrollo” financió la masacre y otros asesinatos. Así lo expresó un comunicado de los zapatistas: “El desvío de fondos federales para el financiamiento de diversas estructuras paramilitares. En la Selva, Norte y Altos de Chiapas no es ignorado por funcionarios federales y estatales. Desde 1994 la asignación de recursos económicos federales en Chiapas se realiza con un criterio político-militar; aquellos que están dispuestos a enfrentarse contra las comunidades zapatistas y contra las neutrales pueden obtener el dinero con la condición de cumplan con lo que llaman «preparación básica» y estar en absoluta disposición a responder al llamado de «los encargados» de tramitar los proyectos en Sedesol. No se trata sólo de comprar lealtades, es un verdadero reclutamiento, una «leva» para hacer la guerra gubernamental contra los indígenas… con indígenas. ”
El propósito de Zedillo fue escalar la guerra, y después de la masacre, en medio del escándalo mundial, mandó al ejército (cinco mil efectivos) a buscar armas no entre los paramilitares, sino a las comunidades zapatistas.
Algunos de estos datos se encuentran en http://amolt.interfree.it/Messico/spagnolo_storia13_b.htm
Los 45 indígenas asesinados en acteal no fueron las primeras víctimas, porque antes y después de la masacre y hasta hoy, han habido agresiones de grupos paramilitares en Chiapas contra las comunidades zapatistas, pero también contra indígenas de otras diversas organizaciones sociales que no se subordinan al PRI y ahora al PRD. El papel de este último partido ha sido particularmente nefasto, porque hace 12 años sus simpatizantes fueron también víctimas del paramilitarismo priista, pero actualmente los gobernantes perredistas de Chiapas tienen grupos paramilitares y han llevado al poder a políticos vinculados al paramilitarismo en Chiapas, como a Juan Sabines, actual gobernador, bajo cuyo gobierno son cobijados grupos paramilitares como el “Ejército de Dios” y la OPPDIC. Al tiempo que reciben como a héroes a los paramilitares excarcelados por la ayuda de un grupo de intelectuales, académicos y abogados afines a Aguilar Camín.
La herida de Acteal sigue abierta no solamente por la impunidad de Zedillo y de todos los autores intelectuales y la gran mayoría de autores materiales de la masacre, sino porque hoy la estrategia de guerra sucia contra las comunidades indígenas rebeldes sigue siendo la misma, como lo llamara Canal Seis de Julio, una estrategia de muerte.
El paramilitarismo quiere convertir la guerra entre el gobierno y los grupos insurgentes en una especie de guerra civil, pero no solamente agreden a grupos armados, agreden a todo tipo de protestas, resistencias y luchas sociales. Y el paramilitarismo se extiende, como se mostró en las agresiones contra el pueblo de Oaxaca en 2006 así como actualmente en Guerrero, donde, y lo han denunciado Jacobo Silva y Gloria Arenas en diversas publicaciones, incluso grupos armados del narcotráfico disparan contra los luchadores sociales.
Es decir, la impunidad, la falta de justicia, la persistencia en el poder de los agresores de Acteal, como de otras masacres en Chiapas, Oaxaca, y agresiones en muchos otros lugares como Guerrero y Atenco, está empeorando las cosas, al profundizar la misma estrategia criminal que operó en Acteal en 1997.
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