Los Chimalapas, región de selvas tropicales vírgenes, es una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos (germoplasma), de mayor importancia en México y Mesoamérica. Ahí, el gobierno federal y el de Chiapas crearon arbitrariamente un conflicto agrario que ya lleva más de 50 años, a lo que se suma la apatía o desinterés del gobierno oaxaqueño. El resultado: enfrentamientos violentos y muertes entre los indígenas; mientras que caciques, funcionarios públicos y narcotraficantes, aprovechan y se enriquecen con los recursos naturales. Los pueblos originarios, en tanto, viven sumidos en la pobreza, en la marginación y con la violencia latente. En esta selva tropical, todo hace pensar que la invasión chiapaneca a tierras de los indígenas zoques de Oaxaca, fue planeada y urdida por puro interés económico, y por eso, evitar que haya una solución a la disputa agraria.
“San Miguel Chimalapa nada más es de nombre, aquí nada más se benefician gentes extrañas”, me dice el comunero Rosalindo Sánchez Martínez, ‘Lino’ como le llama la gente que lo conoce. Su expresión denota frustración, más que enojo, y añade: “San Miguel está abandonado”.
El sentir de Lino adquiere sentido cuando se contrasta la realidad en esta población ubicada casi en el corazón del Istmo de Tehuantepec, que es conocida por ser la porción más estrecha del país entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, y al mismo tiempo puente entre el sureste, el centro y el norte de la República. El paisaje natural rico en fauna y flora, con inmensidad de lagunas, arroyos y ríos, se diluye con la pobreza en la que viven los indígenas zoques.
Los Chimalapas abarcan 594 mil hectáreas de selvas tropicales vírgenes –de las cuales aproximadamente 300 mil aún se encuentran inalteradas-, junto con las regiones de Uxpanapa, (Veracruz), y El Ocote, (Chiapas). De estas 594 mil has, 460 mil corresponden a la comunidad indígena del municipio de Santa María Chimalapa, y 134 mil a la de San Miguel, por decreto presidencial.
Su ubicación, le da a la zona, un enorme interés geopolítico, pues en ella existen, importantes líneas de comunicación y oleoductos, que alcanzan a los dos complejos petroquímicos y puertos petroleros más importantes de México: Coatzacoalcos y Salina Cruz.
Es considerada una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos de mayor importancia en México y Mesoamérica. Se estima que una sola hectárea de vegetación tropical no perturbada en Chimalapas llega a albergar hasta 900 especies vegetales y más de 200 especies animales.
La región es habitada por la etnia Zoque y antes, por sus antepasados los mokayas, vínculo histórico entre las culturas maya y olmeca; aunque también habitan mixes, huaves, mixtecos, zapotecos, chinantecos, tzeltales, chamulas, chatinos y mestizos. En 1687 los Zoques le compraron a la Corona Española sus propias tierras, -que entonces abarcaban 600 lenguas cuadradas- por una cantidad de 25 mil pesos de oro. De esta compra, proviene la palabra Chimalapa, que en zoque, significa, "jícaro de oro".
Es en el significado del nombre donde Lino ve la paradoja: “a pesar de la biósfera y los recursos naturales que tenemos, San Miguel Chimalapa es nada más de nombre”.
La lucha agraria que mantienen desde hace más de 50 años con el vecino estado de Chiapas, explica en parte, las condiciones de marginación y pobreza en la que viven los indígenas zoques; quienes en sus comunidades carecen de energía eléctrica, servicios básicos, escuelas y caminos.
Durante 117 años, entre 1850 y 1967 de acuerdo con los historiadores, se caracteriza, por la apropiación y explotación ilegal intensiva de la región por hacendados, madereros y ganaderos, sobre todo en el lado oriente de la región, en los límites de los estados de Oaxaca y Chiapas. En 1967, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, confirma mediante un decreto presidencial, la propiedad comunal de 594 mil hectáreas, para San Miguel y Santa María Chimalapas.
Sin embargo, la Secretaría de la Reforma Agraria, nunca efectuó el deslinde físico de los terrenos comunales del decreto. Lo que fue aprovechado por los gobiernos chiapanecos quienes nunca reconocieron la propiedad comunal de Santa María y San Miguel Chimalapas, ambas poblaciones de Oaxaca.
En el mismo año en que fue emitido el decreto presidencial, el gobierno de Chiapas inició y alentó una invasión intencionada con la fundación de ejidos en territorio comunal de Santa María y San Miguel Chimalapas.
El ya fallecido ex secretario de la Comisión de Límites del gobierno de Oaxaca, José Isaac Jiménez Velasco, afirmaba que la entidad chiapaneca está detrás del origen del conflicto, luego de iniciar una invasión a esa zona de Los Chimalapas.
A mediados del siglo pasado, al percatarse de la riqueza natural que tenían frente a ellos, los gobiernos del estado vecino “se propusieron apropiarse de la región, tomando en cuenta que la población era escasa y que el gobierno de Oaxaca, por falta de comunicación, no ejerce control alguno o administración en gran parte de la región del estado”.
En un principio la pretensión de apropiación del territorio ascendía a aproximadamente 180 mil hectáreas; en la actualidad se disputan y reclaman 62 mil hectáreas.
El gobierno de Oaxaca ha permanecido pasivo ante la situación, mientras que la Secretaría de la Reforma Agraria, posterior a 1967, expidió títulos a favor de Chiapas, agravando el conflicto, porque ahora ambas poblaciones tienen documentos que los acreditan como legítimos dueños.
Asimismo, la Comisión de Límites del gobierno del estado no tiene facultades para plantear una defensa jurídica del territorio y la Junta de Conciliación Agraria, que depende del estado no ha hecho nada y desconoce las causas.
La línea recta que dividía los territorios de Oaxaca y Chiapas, ahora es una línea trazada en zig-zag por el lado del territorio de San Miguel Chimalapa. A una comunidad de San Miguel, la precede un ejido del municipio de Cintalapa, Chiapas. Así, de forma intercalada se encuentran los ejidos chiapanecos Díaz Ordaz, La Flor de Chiapas, Ramón de Balboa y Rodolfo Figueroa, con las comunidades oaxaqueñas Benito Juárez, San Antonio, Sol y Luna y La Cristalina.
Y otra particularidad, los ejidos chiapanecos tienen energía eléctrica y línea telefónica; las comunidades oaxaqueñas, ni una ni otra: reflejo de la importancia para cada uno de los gobiernos estatales las tierras en disputa y los pueblos indígenas.
“Recibe su resolución presidencial en el año de 1967. Y precisamente en ese año el gobierno de Chiapas instala los ejidos de Díaz Ordaz, La Flor de Chiapas, Ramón de Balboa, entonces estamos a unos meses del año que San Miguel Chimalapa recibe su título presidencial”, explica el comunero de San Miguel, Felipe Sánchez Villalba.
Esto ha generado caos agrario y problemas en la tenencia de la tierra, de límites territoriales, cambio de uso de suelo hacia la ganadería extensiva, colonización desordenada, tráfico de tierras, tala clandestina de árboles de madera preciosa y además, la región es conocida como zona de siembra y tráfico de estupefacientes, principalmente de marihuana.
Saqueo de madera preciosa
Después de visitar en la víspera la cabecera municipal de San Miguel Chimalapa, partimos a una de sus agencias, San Antonio. Para llegar hay que viajar por la carretera Panamericana en dirección al municipio de Arriaga, Chiapas, conducir por cerca de una hora hasta una población que se llama Jícaro y tomar el camino de terracería. La vía está en pésimas condiciones por las lluvias y, a la velocidad a la que vamos no supera los 20 kilómetros por hora durante el ascenso al cerro donde se encuentra la comunidad y el territorio en disputa.
El paisaje, sin embargo, no deja de ser hermoso. Nos acompaña Lino y el ex presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel, Cuauhtémoc Martínez Gutiérrez, quien cuenta sobre las dos mil 900 hectáreas que lograron fueran declaradas de conservación ecológica y que ellos protegen, así como de sus proyectos ecoturísticos para detonar la economía en sus tierras, ideados apenas en sus mentes.
En el camino pasamos por la localidad Rodolfo Figueroa, ejido de Chiapas, uno de los que fue creado posterior a la resolución presidencial de 1967.
Llegamos a San Antonio. Ahí, un camión con placas de Chiapas con cuatro árboles en trozos talados clandestinamente como carga, luce varado. Los comuneros se lo decomisaron al chofer hace un año para mostrar que están en contra de la tala de árboles de su territorio.
El saqueo de los recursos naturales ha sido posible, principalmente, por el conflicto agrario. El mismo gobierno chiapaneco y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo han permitido.
La región contiene importantes reservas de madera, incluyendo maderas tropicales de alta calidad, tales como cedro, Cedrela odorata, caoba, Swietenia macrophylla y Calophyllum brasiliense; algunas especies endémicas como la Sterculia sp., se utilizan localmente en la manufactura de madera fina; se encuentran también especies consideradas como corrientes, en total se estima que existen aproximadamente 222 especies de interés forestal.
Entre 1947 y 1977, el principal maderero fue Sánchez Monroy, originario del estado de Durango, al que se le concesionaron 55 mil hectáreas de selva; esta persona, instala en la región 5 enormes aserraderos, y crea, 5 haciendas ganaderas que suman más de 5 mil hectáreas, con 5 mil cabezas de ganado; además, obtiene ilegalmente, por medio de prestanombres, más de 100 títulos de propiedad, de supuestos terrenos nacionales.
A principio de los años setenta, comienza un proceso de invasión de tierras, y fundación de comunidades, conformadas, entre otras, por sectas de protestantes, y campesinos de Guerrero y Chiapas, expulsados por problemas políticos y religiosos.
En toda la zona, ocurre un saqueo y tráfico intensivo de palma camedora, especie atractiva para el comercio internacional. En agosto de 1977, los comuneros se unen y logran expulsar de la zona a las madereras encabezadas por Sánchez Monroy.
No obstante, la tala clandestina y el tráfico de especies de animales no se han detenido. Los saqueadores: gente proveniente de Chiapas.
“Hay una empresa británica ligada con la Coca Cola en el estado de Chiapas en donde ellos quieren conservar allá la cuestión ecológica sobre los recursos naturales, sobre los manantiales que hay allá y seguir explotando lo de San Miguel Chimalapa. Inclusive está interesado la empresa Coca Cola, porque la Coca está en Chiapas, a través de esa empresa quieren que San Miguel Chimalapa reciba las contraprestaciones, porque saben que el vital líquido, la Coca lo ocupa para fabricar sus productos. Por eso, esa empresa quiere se indemnice a San Miguel y tener a su disposición el vital líquido y seguir fabricando sus productos”, señala Cuauhtémoc Martínez.
El gobierno federal ha propuesto a los comuneros comprarles las tierras por 20 millones de pesos y dejar que se queden para los ejidatarios de Chiapas. Pero, los comuneros han rechazado la propuesta y han dicho, que mejor entreguen ese dinero a los chiapanecos para que dejen sus tierras.
E incluso, dice el ex Comisariado, aceptan que los indígenas continúen viviendo en sus tierras, pero que reconozcan que la propiedad es de San Miguel Chimalapa y que formen parte de la comunidad. Saben que los indígenas chiapanecos, asentados en terrenos comunales, requieren de tierras para vivir, y no son culpables de la situación. Opción que el gobierno de Chiapas ha rechazado. Aceptarla, les quitaría la posibilidad de continuar ingresando a territorio oaxaqueño y continuar explotando los recursos naturales.
“El gobierno federal tiene metidas las manos con Chiapas, porque le brinda más apoyo a Chiapas que a Oaxaca, con la intención de explotar los recursos naturales con la empresa británica. Chiapas se está implementando conservaciones ecológicas pero privadas. Los empresarios están comprando los recursos naturales de Chiapas, para que el campesino, el indígena sea saqueado de su territorio. Pero en San Miguel no se va a permitir, es autónomo y la asamblea general es la que decide que se hace con los bienes comunales.
“En Costa Rica es privada, yo fui a Costa Rica cuando fui Comisariado”, menciona Cuauhtémoc Martínez, “ahí nos contaron que los indígenas fueron saqueados, les compraron su territorio. Ahí hay conservaciones ecológicas pero son privadas y es lo que quiere hacer Chiapas. Saquean recursos naturales como agua, madera como cedro, pino, animales como pericos, el quetzal, la guacamaya, el faisán”.
Los proyectos del Gobierno para saquear los Chimalapas
Los distintos gobiernos federal y estatal de Chiapas han ideado una serie de proyectos para explotar los recursos naturales de los Chimalapas, que no se han podido llevar a cabo por la oposición de los indígenas zoques y de organizaciones no gubernamentales (ONG’s).
Entre ellos están, documentados por las ONG´s:
1).- El proyecto hidráulico Chicapa-Chimalapa, que pretende extraer agua del nacimiento del río de Corte-Coatzacoalcos, para trasladarla a la vertiente del Pacífico, mediante la construcción de presas, túneles, tajos y canales, con el fin de ampliar el sistema de riego en la planicie costera, además de alimentar el complejo petroquímico Salina Cruz. Este proyecto ha sido detenido, por su alto costo y la ausencia de financiamiento internacional; así como por la abierta oposición campesina, y de las ONG’s; pues implicaría, un grave deterioro ecológico para el país a mediano plazo, dada la alteración hidrológica que causaría.
2).- Proyectos carreteros de carácter federal, para construir una carretera de cuota: Sayula, Veracruz-Ocozocuautla, Chiapas, con una longitud de 240 kms y cuatro carriles, que en su trazo original cruzaba a lo largo de la Reserva El Ocote, el extremo nororiental de Los Chimalpas, y el extremo oriental de Uxpanapa. Actualmente, existe un proyecto del Gobierno del estado de Chiapas, que pretende construir una brecha revestida de 32 kms., desde el ejido Cal y Mayor, hasta la colonia invasora de San Isidro la Gringa, para facilitar el saqueo y el transporte de madera.
3).- Proyectos del corredor transístmico Coatzacoalcos, Veracruz-Salina Cruz, Oaxaca; una vía de comunicación a través del Istmo de Tehuantepec, ha sido uno de los deseos por los gobiernos nacionales y extranjeros, así como por grupos empresariales de diversos sectores. Con el fin de unir el corredor Coatzacoalcos-Minatitlán, al norte del Istmo, con el segundo puerto petrolero del país, Salina Cruz, Oaxaca, puerta obligada de salida de los productores petroleros hacia los países de la Cuenca de Pacífico. Este proyecto afectaría la zona de Los Chimalapas, debido a su cercana ubicación a la misma y traería consecuencias socio-económicas en su construcción y operación. Por otra parte, PEMEX ya anunció, informalmente, que existen importantes yacimientos petroleros en la zona de Los Chimalapas, que colinda con Uxpanapa.
María
María García tiene 50 años, pero en apariencia es más joven. Ha vivido en medio del conflicto y por su fortaleza y carácter se ha convertido en una de las líderes de la “lucha”, como ella la llama, para recuperar sus tierras. Estuvo un año en la cárcel, en el municipio de Cintalapa, Chiapas, luego de que retuvieran al hermano del ex gobernador de Chiapas Absalón Castellanos Domínguez, quien realizaba tala clandestina en tierras de los Chimalapas.
Nos platica sobre la historia del conflicto agrario y la invasión de sus tierras, mientras lava platos. A un lado de ella, un niño que adoptó, cuando una mujer del ejido vecino Díaz Ordaz – de sus enemigos – se lo dejara. “Era una mujer borracha, me dijo que lo tomara o lo tiraba por ay. Y pues mi corazón no es malo. Me lo dejó casi muerto, con neumonía, duré con él una semana en el hospital”, relata.
“Desde hace muchos años, la invasión de tierras empezó desde los Sánchez Monroy, unos ricos madereros que vinieron de Durango y durante 50 años robaron las riquezas de San Miguel Chimalapa. Después se unió un pequeño grupo de indígenas zoques y un poco de gente que quedó, de la gente que trabajaba con los Sánchez Monroy y se hizo un frente, se sacó al maderero y desde entonces hemos tenido constantes luchas con el estado vecino de Chiapas.
“Incluso también, dentro de la zona de Chiapas se agarró al hermano de un gobernador, Absalón Castellanos Domínguez, desde entonces hemos tenido constantes luchas. Hemos sido agraviados, encarcelados por el gobierno de Chiapas, por defender las tierras Chimalapas”, cuenta.
Posteriormente, menciona, la Secretaría de la Reforma Agraria dio posesiones de tierra dentro de bienes comunales, y conformó núcleos agrarios que pertenecen al estado de Chiapas como es Díaz Ordaz, Flor de Chiapas, Ramón de Balboa, Rodolfo Figueroa.
“Estamos luchando para que el gobierno federal ya le dé un reconocimiento por todas sus tierras a San Miguel Chimalapa, pero que hace el gobierno federal: ofrece una contraprestación, o sea un pago para las tierras que tiene Chiapas dentro de tierras comunales.
“Nosotros no aceptamos esa contraprestación, sino que nosotros queremos que el gobierno federal reconozca la tierra, que los ejidatarios que están reconozcan a San Miguel Chimalapas. Porque tampoco somos tan malos, tan injustos de correrlos, porque ya tienen una vida echa ahí; pero en todo caso de que no reconozcan, entonces sí que el gobierno federal esa contraprestación ofrecida a San miguel Chimalapa se la dé a ellos para que ellos desocupen las tierras si en realidad no las quieren reconocer”.
María ha sido golpeada y encarcelada, y otros comuneros han sido golpeados y despojados de sus pertenencias por el destacamento de policías que el municipio de Cintalapa, Chiapas, mantiene en el ejido de Díaz Ordaz, y quienes con toda impunidad entran a las agencias municipales de Santa María Chimalapa, como San Antonio.
En este mes, algunos comuneros han sido amenazados por la policía y los han “correteado” a caballo. “Ya metimos bastantes documentos, solicitudes, que los retiren, porque en este lugar de San Antonio ya en el 90 hubo un enfrentamiento entre comuneros y policías de Chiapas, hubo ya sangre y ni aun así, no le dan solución al asunto”.
En 1990 tuvieron un enfrentamiento con la policía de Chiapas. En ese entonces, la parroquia de Zanatepec apoyaba a las comunidades Benito Juárez y San Antonio con víveres, ropa y cobijas. La mitad para San Antonio y la mitad para Benito Juárez, Tres compañeros bajaron por su parte, pero en el ejido Díaz Ordaz los ataca la policía, les quita los víveres y se los lleva presos a Cintalapa, entre ellos iban dos niños que los dejaron abandonados alrededor de las seis de la tarde.
La población de San Antonio se entera de los hechos cinco horas después y la gente se organiza. Los policías entran a su población y se genera el enfrentamiento, cuando empezaron a exigir que regresaran a sus compañeros.
En el enfrentamiento murieron dos policías de Chiapas. Al ver los cuerpos, la gente por el temor abandono sus casas, y se refugiaron en la montaña. Estuvieron fuera ocho días, en los cuales alrededor de 800 policías chiapanecos se apoderaron y destruyeron todo en San Antonio.
“Desde ese entonces no ha parado el acoso y hasta ahorita seguimos con eso, se logró que se sacara a la policía, pero ahorita, de nuevo ya va a ser el año que está metida ahí la policía y anda haciendo de las suyas. En el mes de febrero que intentaron por Rodolfo Figueroa, íbamos a ver la tierra que están destrozando ahí, intentaron echarme la patrulla a mí, intentaron hacerme matarme”, narra María.
La culpable es Semarnat
María recalca que ellos defienden su territorio, porque hay “una tirazón brutísima” de árboles y la culpable es la Semarnat, porque está otorgando permisos en lugares de conflicto.
Una de sus demandas, dice, es que se cancelen definitivamente los permisos forestales a personas que están dentro de territorio que no es de ellos, porque eso les causa problemas y ha muerto gente.
“Según ellos, se defienden que tienen su carpeta básica, su registro, pero es después que el de nosotros. Queremos que nos reconozcan, porque su resolución presidencial es después de la San Miguel, no le dan solución, yo creo que hasta que haya 30 o 40 muertos, porque con dos, tres no les ha bastado. “Si tienen un permiso, aceptamos que tienen un permiso de la Semarnat, pero no es legal, porque está en territorio ajeno. Es como si dijera Don Temo, aquí voy a venir a cercar, aquí voy a vivir, pero cómo si es mío, pues. Así está ellos”.
El gobierno federal condiciona apoyo a cambio de las tierras
Las condiciones de la población de San Miguel Chimalapa, principalmente en la zona oriente que colinda con Chiapas, son de pobreza extrema. El pésimo camino de terracería, el mes pasado los dejó incomunicados un mes y sin víveres en la tienda Conasupo.
No tienen energía eléctrica ni otros servicios básicos. Aunque cuentan con una clínica de salud, carecen de medicamente y en el transporte, tienen que esperar cada miércoles a la camioneta. El resto de los días de la semana, tienen pocas posibilidades de viajar a los municipios más cercanos. Las escuelas son de madera y han sido construidas por la población, con tal de que sus hijos estudios; sin embargo, la mayoría solo llega hasta el nivel secundaria por la imposibilidad económica de los padres de enviarlos a estudiar el bachillerato.
“Cuánto tiempo que tenemos esos postes de luz parados ahí y eso con esfuerzo de nosotros, porque dejamos varios años nuestro fondo municipal para que según nosotros íbamos a poder hacer algo, pero nada más pudimos parar esos palos que están ahí”, María se refiere a unos postes que la gente compró para instalar la energía eléctrica por su propio esfuerzo, algo que no lograron y que lucen como mal chiste, sin cableado.
“Este es el segundo año que apenas se está queriendo enderezar la comunidad porque el año pasado se empezó a hacer el proyecto de la resina, pero también es una inversión de trabajao y es una inversión a largo plazo. No toda la gente está involucrada. Ahorita son 53 personas que están empezando a trabajar la resina, pero activos son 30”.
A través de un representante, el gobierno federal prometió dotar de servicios a las poblaciones de San Miguel Chimalapas si aceptaban la contraprestación de 20 millones de pesos por sus tierras.
“Vino de encargado un tal Ramón Zúñiga, pero dice acepten si ustedes firman el documento donde reciben la contraprestación, que ya dejan en paz a esa gente, mañana empiezan los trabajos de electrificación, de luz, de aulas. Entonces, o sea, estamos condicionados, cuando nosotros tenemos un derecho de tener un buen camino, de tener escuelas, techo, de los servicios, pero mientras que la zona no diga que si a los ejidos que están dentro”.
Situación cada vez más crítica
La indiferencia del actual presidente de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, Alberto Cruz Gutiérrez, sobre la disputa agraria que mantienen con Chiapas, según manifiestan los comuneros, la forma en que actúa la policía de Chiapas y el hartazgo de las nuevas generaciones ante lo inútil que ha resultado tratar de solucionar el conflicto por la vía institucional, puede desembocar en una tragedia.
“Ya hay jóvenes que ya se alteran mucho y que ya quisieran de una vez darle una solución definitiva por el lado malo, pero como aún estamos nosotros estamos conservando la paz y más que conservar la paz, estamos dando la oportunidad al gobierno federal de que solucione las cosas. Hasta ese grado estamos”, expresa María.
Entonces el sentimiento de Lino se comprende aún más. “San Miguel Chimalapa nada más es de nombre, aquí nada más se benefician gentes extrañas”.
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