La nueva batalla de Atenco, ahora en defensa de su agua

La lucha contra el despojo en esta localidad del Estado de México no terminó con la victoria jurídica contra la construcción del aeropuerto; los especuladores ponen de nuevo sus ojos en estas tierras y pretenden secar la resistencia quitándoles el agua.
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Mayra Irasema Terrones Medina

Desinformémonos noviembre de 2012

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México. La nueva estrategia para doblegar al pueblo de Atenco y despojarlo de sus tierras pasa por quitarles la administración de su agua, comprar las tierras vecinas con engaños y cortar la luz de los pozos de agua.
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Los operadores de esta estrategia, por parte de los tres niveles de gobierno, son la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los beneficiarios serían los grupos empresariales que catapultaron al poder a Enrique Peña Nieto.
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El neoliberalismo y la tierra
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A partir de la adopción del modelo económico y político neoliberal por parte del gobierno, movimientos campesinos y luchas populares tienen como objetivo la defensa de sus territorios. Estas luchas constituyen una reacción contra  el intento de despojo del territorio y la explotación de los recursos naturales de racionalidad instrumental por parte de empresas privadas -nacionales y trasnacionales- y proyectos desarrollistas del Estado.

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En particular, el campo ha sido afectado por la implementación del modelo de ventajas comparativas (importación de alimentos, incentivación de la inversión extranjera en la manufactura, promoción de agroimportaciones no tradicionales de grupos pequeños de productores, abandono de las inversiones estatales en materia de infraestructura para el campo e investigación, supresión de subsidios y precios de garantía, ectétera). Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994 se redujo aún más el apoyo gubernamental a la agricultura, y grandes grupos de campesinos quedaron relegados.
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Estos movimientos responden a las consecuencias que el andar hacia un Estado neoliberal  ha dejado. En 1992 se modificó el artículo 27 constitucional, con lo que se abrió la puerta a la privatización de las tierras campesinas, inscritas en un marco legal de propiedad ejidal o comunitaria, es decir, propiedad social. El Programa de Certificación de  Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) fue la  puerta legal para llevar a cabo la transformación de la propiedad social a privada. En 2006 se cerró el programa, intensificando la compra y renta de tierras para su explotación o transformación.
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Ya no sólo las expropiaciones eran las estrategia de estos gobiernos para despojar a las comunidades campesinas e indígenas, con el argumento del bien común, sino que ahora también esta apertura  a la privatización dio capacidades a las elites económicas y políticas  que,  de acuerdo a sus intereses, han especulado con las tierras de nuestra patria para la construcción de casas habitación, para construir carreteras,  para la explotación de la propia tierra. Esto ha sucedido sobre todo en el norte del país, donde los empresarios agrícolas se han hecho de grandes extensiones de territorios para la implementación del monocultivo de productos que se exportan a los Estados Unidos. El modelo agroexportador incrementa el deterioro por la explotación intensiva de las mejores tierras y de los distritos de riego.
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Los capitalistas se han dado cuenta de lo finito de los recursos naturales y han incluido en su discurso la dimensión de lo ambiental, pero en los hechos nuestro país se encuentra sumamente deteriorado y no dan cuenta de cómo detener la devastación. Estas condiciones han dado lugar al nacimiento de algunos movimientos sociales que no necesariamente están guiados por alguna filosofía política o inclinación particular y que también se alimentan de las consecuencias de las medidas que desde los años setenta se han tomado para hacer frente a la crisis económica, que llevarían a la adopción del modelo neoliberal.
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El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco representa un ejemplo de cómo se han implementado las estrategias del capitalista, con las distintas caras que tiene,  pero también representa un ejemplo de lucha que puede darnos alguna idea de por dónde caminar hacia la lucha por una transformación social. Este movimiento social logró cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que el gobierno federal pretendió construir en 2001 sobre tierras ejidales de la zona de Texcoco (2001) en la región donde se contempló el Plan Puebla- Panamá. La construcción del aeropuerto, representaban no sólo la desposesión de los campesinos, sino también el acceso a otros negocios para las empresas privadas: hoteles, comercios, nuevas zonas residenciales, etcétera, así como  un paso más hacia la privatización del agua y la tierra.
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Desde la derogación del decreto, los gobiernos -municipales, estatal y federal- han insistido en la compra o despojo de las tierras atenquenses dado que se canceló la posibilidad de expropiarlas, es decir, arrebatarlas. Hoy los mecanismos son otros, pero el gobierno no ha parado su intención de arrebatar el patrimonio de Atenco. Ahora no sólo quieren las tierras, sino que han iniciado estrategias para arrebatarles la autonomía de la administración y gestión del agua.
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Del despojo de tierras.
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Todos los proyectos que el gobierno ha querido implementar en las comunidades del municipio de Atenco tienen que ver con la insistencia en  imponer el aeropuerto.  Un ejemplo son las concesiones que se le han otorgado a OHL, fusión de siete empresas españolas que en México se llama OHL Concesiones. Esta empresa ha tenido muchas alianzas con la gestión del gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto desde el 2003. OHL ofrece servicios de infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria y portuaria.
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Distintos niveles de gobierno, pero principalmente el gobierno de Peña Nieto, le concesionaron a este corporativo la construcción de las cuatro fases del Circuito Exterior mexiquense, el Viaducto Bicentenario, la autopista Puebla–Perote, la autopista Urbana Norte, el libramiento Norte-Puebla y la Supervía Poetas, además de la operación del aeropuerto de Toluca hasta el 2040. A su vez, OHL contrató  a Alter Consultores para la desincorporación de la propiedad social del Circuito Exterior Mexiquense Bicentenario fases I, II, III, así como la liberación y desincorporación de tierras de propiedad social y privada para el libramiento norte de la ciudad de Puebla.
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Alter Consultores dice que se dedica a la “elaboración de diagnósticos de riesgo ejidal o comunal, así como de la pequeña propiedad”. El director de Alter consultores  es el licenciado Julio Antonio Virgen Camaño, quien fuera delegado de la Procuraduría Agraria del Estado de México desde el 2005; él tiene información estratégica de los ejidos de esa región.  Este  ex delegado, en ese mismo año,  presentó un  informe a nombre del Comité Operativo Estatal con el resultado de la actividades de regularización desplegadas por las instancias agrarias, junto con el Procurador Agrario, doctor Isaías Rivera Rodríguez; el secretario general de gobierno del Estado de México, ingeniero Manuel Cadena Morales; y el representante del ejecutivo estatal, que en ese entonces era Arturo Montiel Rojas.
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Alter Consultores está coludido con el gobierno y los grupos de poder mexiquenses que llevaron a la presidencia a  Enrique Peña Nieto. OHL es una de las empresas señaladas por facilitar el dinero para la compra de los más de cinco millones de votos de la imposición -en la elección federal- que vivimos hoy día de un grupo de poder que quiere privatizar muchos de nuestros recursos naturales y vender nuestra patria, un grupo de poder represor.
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No estoy diciendo que los demás partidos políticos o grupos de poder no son corruptos, sabemos que todos lo son, pero este grupo es el que insiste en la desaparición de estos  pueblos y en la compra de voluntades a través de despensas.
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Los clientes de Alter  Consultores son el gobierno del Estado de México -o sea ellos mismos-, la administradora mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca,  Promotora y Operadora de Infraestructura S.A. de C.V., así como  Impulsora del Desarrollo y Empleo en América Latina, de Grupo CARSO.
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Alter Consultores está contratada por OHL para que lleve a cabo  la compra de las tierras en San Francisco Acuexcomac, San Salvador Atenco y en la colonia Francisco I. Madero. Con la excusa de que son expertos en resolver “conflictos agrarios”, los ingenieros Andrés Ixmatlahua Lemus y Álvaro Paredes Pérez se ha presentado con los comisariados ejidales de las comunidades mencionadas para ofrecer la compra de tierras para el entronque de la autopista Peñón – Texcoco, que cruza los ejidos mencionados y conecta a Acolman hacia Tulancingo, Hidalgo.  Estos técnicos operativos, como se presentaron, están  a la orden del ingeniero Roberto Muñoz Espinoza, quien fuera visitador agrario de la propia Procuraduría Agraria y a quien reconocen los ejidatarios de estos núcleos agrarios.
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Las argumentaciones de esta empresa para comprar en estos tres ejidos implican la intención de engañar a los ejidatarios. Primero los visitan casa por casa. En el caso de San Salvador Atenco, visitaron a 33 ejidatarios de la tabla que se conoce como “El gachupín” diciéndoles que la colonia Francisco I. Madero ya les había vendido su terreno; luego visitaron a 43 ejidatarios de Acuexcomac, diciéndoles que San Salvador Atenco ya había vendido.  El 6 de mayo de este año, en asamblea ejidal, el ejido de San Salvador Atenco rechazó la venta de las tierras, mientras en Acuexcomac está por darse una asamblea de pueblo para tratar este tema.
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Los mismos técnicos les han dicho a algunos ejidatarios que el artículo 27 constitucional ya cambió y que ahora pueden vender aunque no tengan el dominio pleno de sus parcelas, que es el último paso del Procede para abrir la puerta a la venta de tierras. Este paso legaliza la parcelación de las tierras para el cambio de la propiedad social a la privada. Si este paso no se ha dado en los núcleos ejidales, el destino de las tierras se decide en la asamblea ejidal. Todo es una artimaña de estos señores para confundir a los pobladores.
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Otra argumentación es que tienen que vender ahorita que están pagando porque en unos meses se puede reactivar una expropiación para esos terrenos. Esto también es un engaño por parte de esta empresa mencionada, ya que esto no puede ser posible por la derogación que gano el FPDT en el 2002.
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El gobierno del Estado de México también ha construido, en la gestión de Peña Nieto, el  libramiento Texcoco, la ampliación de la carretera Calpulalpan – Texcoco, puentes distribuidores proyectados en el ejido de San Salvador Atenco y  San Fermín, al igual que las obras de drenaje Túnel Emisor Oriente para evitar la saturación de agua en la zona. La intención es poner en marcha un proyecto “ecológico” que desde el  2008  impulsó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) denominado  Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco. Este  proyecto destinaría aproximadamente el  80 por ciento de su presupuesto a la compra de tierras; el resto sería para el mantenimiento del mismo. Si el presupuesto del proyecto es del 20 por ciento, ¿por qué el gobierno no dejó que los pueblos lo llevaran a cabo en vez de que el objetivo principal sea la compra de tierras?
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La Conagua compró terrenos ejidales en Ixtapan y Nexquipayac. En esta última localidad lo hizo buscando a cada ejidatario, ofreciendo de 200 a 250 pesos por metro cuadrado y asesoría para cambiar la propiedad social a privada.  Ahí los ejidatarios tienen el dominio pleno de sus tierras desde el 2008, cuestión que se dio en medio de la especulación de sus tierras por parte de la Conagua; finalmente, se hizo el cambio y se vendieron los terrenos. San Salvador Atenco y San Francisco Acuexcomac se negaron a la venta de sus tierras.
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El agua
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En San Salvador Atento y Acuexcomac, así como en otros núcleos agrarios, la Conagua ha incitado el bloqueo a las mejoras de los pozos de agua que se utilizan para  riego. En el  ejido  de  Atenco  existen siete  pozos  de  riego  (San Antonio, la Purísima, La Manal, San Bartolo, Espíritu  Santo, Santa  Rosa y La Galera), todos ellos  constituidos  por  sociedades ejidales de  las unidades de  riego  agrícola del  ejido  mencionado. Estos  pozos están en la Cuenca del Valle de Texcoco, donde  hay  una veda permanente  de  nuevos  pozos para los ejidatarios con la argumentación de la sobreexplotación de agua del subsuelo; no  hay ninguna posibilidad de realizar  una gestión para  abrir un solo pozo más. Sin embargo, los gobiernos dan concesiones a modo; por ejemplo, en la  zona Texcoco – Chimalhuacán hay complejos comerciales con uno o más  pozos de  agua  potable para abastecerlos. De  igual manera, en los  desarrollos de casas de “interés social” -sobre todo las construidas por Casas ARA, como es el caso de San Vicente Chicoloapan- el agua ya no es de la comunidad, si no para el abastecimiento de las casas habitación.

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Se han abierto más pozos en una devastada cuenca hidrográfica  del oriente  del  Estado de México mientras se niega la extracción a las comunidades originarias.  Cualquier ejido que se encuentra en esta región tiene que pasar por un sinnúmero de trámites, además de que se han modificado las políticas de concesión.  Por ejemplo, las concesiones se deben renovar cada cinco u ocho años, y de no hacerlo causan  una multa por retardo. Algunos  ejidatarios no renovaron a tiempo, como es el caso del pozo de La Manal, del ejido de San Salvador Atenco, y la Purísima y  Espíritu  Santo de Acuexcomac. Estos no han podido renovar su concesión por una serie de trámites que, en tiempos, lleva a la terminación del plazo en el que tienen para pagar las multas y la misma renovación; los pozos se clausuran con una tapa soldada con la leyenda “Inviolable”.
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El pozo de La Purísima se encuentra en los bordes del río San Bartolo y es un pozo inhabilitado por la Conagua justo en la zona que Alter Consultores pretende comprar. También han sufrido robo de instalaciones eléctricas, transformadores y tableros, que los mismos ejidatarios costean, como en el caso del pozo Espíritu  Santo.
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También están los cobros de  luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No ha sido posible pagarlos en algunos pozos, y por ello les cortan el  suministro  eléctrico; esto lo padecen los ejidatarios desde hace varios años. Hoy día, San Salvador Atenco lleva más de un mes sin agua potable porque la CFE cortó la luz del pozo que los suministra.  El derecho humano  al acceso al  agua es uno de los aspectos que a la CFE se le escapan en estos casos. En el 2002, el  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas hizo la observación general número 15 sobre el derecho al agua; ahí afirmó que es un derecho de todos “disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.
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En México ha habido diversas iniciativas -en 2008, 2009 y 2011- para que se reconozca ese derecho a nivel constitucional, que llevaron a la reforma al artículo cuarto constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero  de 2012. En ella se adicionó un párrafo a dicho artículo, que a la letra dice:
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 “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
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Esta reforma tiene dos implicaciones. La primera es que CFE comete un delito al cortar la luz, negando así la posibilidad de acceder al servicio de agua. La segunda es sobre la intención de los priistas locales, que se han manifestado sobre la municipalización de los  pozos. Atenco ha sobrevivido a la pérdida de capacidad de riego en sus parcelas debido al manejo a modo de los pozos de riesgo por parte de la Conagua. Ahora, la CFE se presta a cortar la luz, lo que se suma a las condiciones de deterioro de los pozos.
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Por si fuera poco, Atenco tiene que iniciar ahora otra resistencia contra la intención de municipalizar –o sea, privatizar- el agua a través de los pozos. El FPDT se pregunta quién garantiza que municipalizando el agua van a garantizar el abasto de los pueblos, cuando en otros municipios del Estado de México se ha visto que se llevan el agua para las casas habitación, es decir, hacen negocio con los recursos naturales.
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Atenco nunca puso un letrero de “Se venden tierras”; sin embargo, el gobierno federal, la Conagua, la CFE y el propio gobierno del Estado de México especulan con el territorio de estos pobladores. Para el FPDT, esto es ponerle precio al futuro de las familias atenquenses, a su historia, a su identidad. Son las elites económicas y políticas las que han provocado la división entre quien vende su voluntad y los que defienden su futuro; han roto el tejido social desde el 2001.
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El FPDT ha mostrado en estos  años que lo que los gobiernos entienden por progreso y desarrollo tiene que ver con las necesidades de esa burguesía que nos gobierna y no con las necesidades de las y los ciudadanos de nuestro país. El Frente evidenció también la falta de congruencia de estos gobiernos neoliberales en torno a las necesidades reales de nuestro pueblo.
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Hoy día, el FPDT lucha por un bienestar común que no privilegie el crecimiento económico de unos cuantos, el endeudamiento de muchos  y la miseria para casi todos, sino que genere una calidad de vida justa y digna para cada uno de los mexicanos, así como el respeto a las formas de organización comunitarias, campesinas e indígenas. Se trata de respeto a su historia y a su identidad.
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Estamos en tiempos de represión a los movimientos, de manipulación de los medios de comunicación, de extracción y explotación de nuestros recursos naturales, de conformación de una reserva de mano de obra barata. Hoy día, el letrero de “Se vende” se quiere colocar a todos los territorios que conforman nuestra patria, mientras se da a la par el ascenso de elites económicas y políticas que simulan la construcción de una democracia que ha servido para avalar la imposición en el poder. En estas elecciones presidenciales se evidenció, ya  sin disimulos, su falta de respeto a la voz del pueblo, así como sus intenciones.
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Por eso es que en estos tiempos de rapiña cínica y ante tanta insistencia, cobra más relevancia la consigna que al unísono grita el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra: Atenco no se vende, se ama y se defiende.  ¡La tierra no se vende, se ama y se defiende! ¡La patria no se vende, se ama y se defiende!
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Para no olvidar ...

Peña Nieto: El "carnicero" de Atenco