Giran orden de aprehensión contra vocero de Tribu Yaqui
*Misión de Observación exigió el alto a la criminalización de los defensores de derechos humanos
Por Olivia Vázquez Herrera
El pasado 14 de junio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito confirmó la orden de aprehensión en contra de Mario Luna Romero, secretario de las autoridades tradicionales y vocero de del Pueblo de Vicam de la Tribu Yaqui, en Sonora, por privación ilegal de la libertad agravada y robo cometido por dos o más personas respecto de vehículo de propulsión mecánica.
Las acusaciones infundadas contra el vocero derivan de lo ocurrido el 8 de junio del año pasado, cuando durante el bloqueo carretero que mantiene la Tribu Yaqui contra el Acueducto Independencia, una persona —habitante de la misma comunidad— cometió una falta mientras transitaba en su vehículo, por lo que fue detenida, trasladada a la comisaría y sancionada de acuerdo a los usos, costumbres y sistemas normativos de la comunidad.
En palabras del propio Luna Romero, “existe una opacidad en el sistema de justicia, ya que se pretende criminalizar a los defensores de derechos humanos (…) hemos caído en señalamientos burdos y se nos han fabricado delitos junto con la Procuraduría de Justicia del Estado (de Sonora)”. Señaló, a través de una videollamada que a pesar de la orden de aprehensión, seguirá denunciando el despojo de los recursos naturales de la Tribu Yaqui.
En conferencia de prensa, Úrsula Garzón, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señaló que es preocupante que el Estado desacate la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de detener la operación del Acueducto Independencia y que, en lugar de respetar las decisiones de la Tribu Yaqui, recurra a la criminalización de defensores de derechos humanos.
Asimismo, advirtió que la posible detención del vocero Mario Luna podría traer consecuencias negativas la Tribu, ya que al tratarse del primer proceso de consulta, es probable que las y los habitantes pierdan la confianza y cuestionen la Misión de Observación y el trabajo que ésta realiza. Además, podría aumentar la desinformación o la información poco clara respecto al proceso de consulta y del acueducto, el cual funciona actualmente de manera ilegal y sin tener el respaldo de un estudio de impacto ambiental.
En este sentido, las organizaciones que integran la Misión Civil de Observación, enviaron una carta dirigida a Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), para externar su preocupación y rechazo a la orden de aprehensión en contra del vocero yaqui así como del uso indebido del sistema de justicia penal para criminalizar a los líderes del movimiento que se oponen a la realización y operación de un megaproyecto hidráulico que pretende trasvasar el agua del Río Yaqui hacia la cuenca del Río Sonora.
De igual forma, organizaciones como Front Line Defenders y Amnistía Internacional (AI), han condenado la orden de aprehensión en contra de Mario Luna Romero e hicieron un llamado al Estado mexicano para que genere mecanismos efectivos de protección para las y los defensores de derechos humanos en nuestro país.
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