Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 08 de junio de 2011
Abuso de autoridad y privación al derecho a la libertad de información
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Al Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
A los organismos defensores de los derechos humanos
A los defensores de los derechos de los periodistas
El pasado 8 de junio acudí a las instalaciones de los juzgados ubicados a un costado del centro penitenciario El Amate, a fin de darle cobertura periodística a la audiencia pública del ex gobernador, Pablo Salazar, que se iba a dar en la rejilla de prácticas de juzgado Tercero del Ramo Penal, a cargo del juez Belisario Domínguez Velasco.
A lugar llegue aproximadamente a las 9:30 am. Para entrar a la zona de juzgados hay que pasar por una puerta vigilada por policías estatales. En este lugar los uniformados me preguntaron a donde iba, y si llevaba celular. Les respondí que me dirigía a los juzgados a una audiencia, y que si llevaba un celular, por lo que me pidieron que dejara este aparato afuera.
Al regresar de dejar el celular con otra compañera periodista, los uniformados solicitaron mi credencial de elector para tomar mis datos, y en seguida pase, y me dirigí a la zona de juzgados. Ahí esperé durante cinco horas a que empezara la audiencia. En ese tiempo solicité una entrevista con el juez a través de su secretaria, con quien me identifiqué como periodista.
También hice esta identificación y dije el motivo de mi estancia en el lugar, a los actuarios y demás personal del juzgado, quienes incluso bromearon con el hecho de que ojalá no salieran en la televisión como en el documental de “Presunto Culpable”.
Aproximadamente a las 12:00 horas un par de policías estatales entro a la zona de juzgados, y me pidió les mostrara mi bolsa, preguntándome si traía una cámara. Les dije que si traía una cámara de video y fotografía. Me dijeron que tenía que salir de los juzgados para ir a dejar mi equipo con los guardias del penal. Yo les dije que NO iba a salir del lugar hasta que terminara la audiencia a la que iba, y que si deseaban la cámara se la podían llevar, pero con esta acción estaban violando mis derecho a darle cobertura periodística a la audiencia, con los medios de grabación que utilizamos los periodistas.
Los uniformados ofrecieron una disculpa y dijeron que solo “recibían órdenes”, a lo que yo les respondí que no se preocuparan, que no era nada personal y que sólo esperaba que al salir del penal me entregaran mi equipo intacto. En ese momento sólo le quite la tarjeta de video a la cámara, con la intensión de que no fueran a hacer uso indebido del contenido.
Dos horas más permanecí en espera en los juzgados, tiempo en el cual el personal del lugar se portó muy amable conmigo. Sin embargo, a pocos minutos de que iniciara la audiencia, personal del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas llegó con equipo de grabación de video y fotografía. Al verme ahí, salieron y empezaron a llamar por teléfono. Unos minutos después llegaron una docena de policías, entre ellos un uniformado que a juzgar por su actitud, era un alto jefe policiaco. En su gorra tenía el apellido Ferreira, y en su camiseta la leyenda Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad.
Estos uniformados empezaron a hostigarme y exigirme me saliera del lugar, a lo que les respondía que las audiencias por ley son públicas, salvo que el juez determinara lo contrario, y en ese caso de ser así, para retirarme solo les pedía la orden expresa y por escrito de juez. Empezaron a tomarme fotografías y me solicitaron mis datos. Les entregué nuevamente la credencial de elector y les dije que ahí estaban todos mis datos.
Me preguntaron “¿por dónde entraste?”, lo cual me sorprendió, pero les respondí que “por la puerta”.
Posteriormente la secretaria del juez Belisario Domínguez Velasco me dijo que no podría darme una entrevista, que saliera de los juzgados. Yo le respondí que si esa era determinación del juez la acataría, porque él es la máxima autoridad en el lugar, sólo que me lo hiciera saber de forma expresa.
También le manifesté mi extrañeza, porque durante cuatro horas no me pidió que me saliera, y no fue sino hasta que entró el equipo de comunicación social del gobierno de Chiapas, que cambió de actitud.
En ese momento salió a la rejilla el presentado, Pablo Salazar. Me acerqué a la rejilla, y le pregunté si accedía a darme una entrevista. Él accedió, realicé una breve entrevista, a pesar de que en ese momento los uniformados me cercaron por atrás, sin embargo sólo quedaron a la expectativa, escuchando que me respondía en la entrevista.
Minutos después de terminar de entrevistarlo, empezó la audiencia, y yo me senté en un lugar que uno de los actuarios me había prestado amablemente. Saque una grabadora digital de audio, para grabar la comparecencia. Sin embargo, al poco rato, una persona quien al parecer era el Secretario Segundo del Juzgado, ya que así los llamaban, pero de quien no se su nombre, vio que yo acomodaba la grabadora sobre una mesa, y me extendió la mano para que yo se la diera, lo que yo interpreté como que iba a ayudarme a colocarla, porque previamente durante las cinco horas que permanecí en espera en los juzgados, esta persona fue muy amable conmigo.
Sin embargo, el Secretario intentó llevarse mi grabadora, por lo que yo se la quité, y le dije que lo que hacía era un robo. Todo esto fue grabado por el equipo de comunicación del gobierno de Chiapas.
Siguió la audiencia, yo intenté apagar mi grabadora, porque había quedado encendida. En ese momento se acerca el juez por atrás y me exige que la guarde, “o te saco de acá”, dice. Le hice señas indicándole que eso hacía.
En este momento el presentado, pide una moción al juez, la que le conceden. Le pregunta porqué a mí no me permite grabar, y al equipo del gobierno de Chiapas sí. EL juez trastabillea en su respuesta, y dice que es porque yo no pedí permiso, a lo cual yo le dije que era falso porque me presenté desde el inició con él, a través de su secretaria, a quien le manifesté de forma expresa –al igual que al resto del personal del juzgado- el motivo de mi estancia. La moción duro menos de un minuto, y la diligencia siguió llevándose con normalidad.
Siguió la comparecencia del presentado, y en todo momento atrás de mí estuvieron los guardias de seguridad, viendo lo que yo anotaba en mi libreta, y en una actitud de franco hostigamiento.
Al final de la audiencia me acerqué al Secretario Segundo y le pregunté porque había intentado llevarse mi grabadora, él me respondió que había recibido la instrucción del juez. Luego le pregunté al juez cuál había sido el motivo de la discordia, porque yo en todo momento fui transparente en el motivo de mi estancia en el lugar, y en las casi cinco horas que estuve ahí esperando empezara la audiencia, no me había hecho saber que era su deseo que no presenciara la diligencia penal.
Él sólo me respondió, sin querer mirarme a los ojos, que “burle la vigilancia”.
Posteriormente, con la intensión de recuperar mi equipo, me dirigí al policía de apellido “Ferreira”, quien evidentemente tenía el mando ahí. Le pregunté quién me entregaría mi cámara de video y fotografía, él me respondió que los guardias de afuera.
Salí del lugar que ocupan los juzgados, y en ese momento fui interceptada por dos uniformados, uno de ellos dijo ser el encargado de la seguridad en los penales. Me exigió le entregara mi grabadora de audio digital. Le pregunté porqué, y me respondió que “por cuestiones de seguridad”.
También me dijo que debía revisar todas mis pertenencias, y mi persona. Le explique que estaba violando mis derechos al ejercicio profesional, que no era correcto que revisará mis archivos periodísticos, pero que como yo no estaba ocultando nada, se los entregaba y los hacía responsables del uso que se le diera, que no debía hacer ninguna copia de los archivos, ni borrar las entrevistas.
Fui custodiada hasta una cabina de la policía, ahí una mujer me revisó, y me quitó dos memorias USB, una grabadora de audio digital, y la tarjeta de video de mi cámara. Se las entregó al jefe de seguridad, quien se las llevó por espacio de más de media hora.
En ese tiempo me mantuvieron custodiada policías estatales, quienes me llevaron a unas bancas ubicadas en una zona que conduce al interior del penal. Luego de este tiempo me guiaron hacia la salida, en donde me entregaron mi equipo y me tomaron nuevamente fotografías.
Con estas acciones, violaron el derecho al acceso a la información de que gozamos las y los periodistas, y todos los ciudadanos mexicanos.
Violaron mis archivos personales, obstaculizaron mi derecho al ejercicio periodístico, y me retuvieron ilegalmente, y me amedrentaron.
Por tanto demando una investigación y apercibimiento a las personas responsables de estos hechos.
Consideró que este hecho es una muestra de que se está obstaculizando el derecho a la información, al impedir el acceso a los medios de comunicación a los juzgados, para poder dar cobertura a audiencias que por ley son públicas.
Esta actitud es selectiva y parcial, porque mientras que a comunicadores del gobierno de Chiapas se les permitió entrar con equipo de grabación, e incluso introducir una camioneta dentro del complejo, afuera de las instalaciones, a una docena de compañeros representantes de medios de comunicación les impidieron la entrada, a pesar de haberla solicitado de manera formal.
En mi caso personal también hay que señalar que esta agresión forma parte de una serie de hostigamientos y agresiones que he venido padeciendo, todas relacionadas con mi trabajo periodístico, y por las cuales hay en proceso quejas antes diferentes instancias de derechos humanos, y una denuncia ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Cometidos Contra Periodistas, misma que no ha prosperado.
La actitud asumida por los servidores públicos viola de forma flagrante los artículos 12 al 15 de la Ley de Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de Chiapas, en su Capítulo IV que habla de “El Libre y Preferente Acceso a las Fuentes de Información”. La citada ley fue publicada por el mismo gobernador Juan Sabines Guerrero pero que en Chiapas nadie conoce ni respeta.
Considero que se violentaron mis derechos consagrados en los artículos 6 y 7 Constitucional.
El punto 2 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, señala que “toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Queda constancia pues, que en Chiapas, el discurso del pleno respeto a la libertad de prensa, de expresión, de información y de opinión es sólo un discurso demagógico.
Ángeles Mariscal
Periodista en Chiapas
