INDIGENAS EN MEXICO, DESPOJO Y EXODO

DESPOJO Y ÉXODO

La investigadora en movimientos sociales, Paola Martínez González, señala que cada año miles de indígenas salen de sus comunidades huyendo del hambre o buscando justicia por el despojo de sus tierras de parte de empresas o terratenientes, quienes actúan cobijados por programas de gobierno como el Procede (Programa de Certificación de Derechos Agrarios), surgido supuestamente para dar certeza legal a los campesinos e indígenas cuando de acuerdo a los artículos 16, 56 y 78 de la Ley Agraria, los derechos se acreditan sólo con el certificado parcelario o con la resolución o sentencia del Tribunal Superior Agrario.

Según la Ley Agraria el Procede fue creado para darle a los campesinos seguridad jurídica sobre su propiedad, pero al momento del deslinde de las tierras éste se hace en línea recta, sin tomar en cuenta las curvas del terreno, con lo que se reduce la propiedad. Además, una vez que los campesinos indígenas entran a este programa, los promotores de la Procuraduría Agraria los convencen de rentar o vender sus tierras, más aún si son ricas en minerales o recursos naturales. Un ejemplo es el del pueblo Yoreme, en Sonora, donde se rentaron dos mil hectáreas que nunca se les regresaron.

En la misma situación encuentran los indígenas kiliwas, en el Valle de la Trinidad, localizado entre las sierras de San Miguel y el desierto de San Felipe, en el municipio de Ensenada. Ellos perdieron sus tierras por convenios leoninos diseñados para explotar los minerales del terreno, y similares casos de despojo por parte de empresas, de ganaderos e incluso narcotraficantes, siguen enfrentando los pueblos yaqui en Sonora, los tepehuanos en Durango y los teenek en San Luis Potosí.

Los teenek acusan a la Procuraduría Agraria de fragmentar sus tierras para obtener la certificación de derechos agrarios y acceder a una línea de crédito que ellos nunca lograron. Ante esa falta de financiamiento e imposibilidad de hacerlas producir, muchos rentaron y muchos más vendieron para buscar trabajo en otra entidad: el Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinolan, documenta que en los últimos meses más de cinco mil familias indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero han salido de su estado para enrolarse en las agroindustrias de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán. Esas familias procedentes de los municipios guerrerenses más pobres del país abandonaron sus precarias viviendas junto con sus hijos para ganar un sueldo de 50 pesos diarios en el corte de tomate, pepino, berenjena, chile y fresas, así como de vegetales exóticos promovidos por los chinos.

El Consejo de Jornaleros Agrícolas con sede en Tlapa señala que este fenómeno sucede dos veces por año debido a la extrema pobreza en la región, particularmente en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, considerados los de mayor atraso en todo el país. Otro gran fenómeno migratorio se tiene en el estado de Oaxaca, donde de los 570 municipios que lo integran, 60 por ciento son de fuerte expulsión. El 90 por ciento de un millón 500 mil indígenas aproximadamente, contabilizados en el Censo de 2000, salen cada temporada de los pueblos mixtecos, zapotecos, triquis y mixes. El camino de estos migrantes conecta y lleva al Valle de San Quintín, donde se calcula puede haber 800 mil oaxaqueños, quienes posteriormente intentan ingresar al sur de California para quedarse permanentemente. Otros grupos étnicos como los mazahuas del Estado de México han decidido disgregarse en la zona centro del país en un caso de migración interna no menos devastador, siendo el típico caso del indígena urbano que emigra de su comunidad en busca de empleo o mejores alternativas de vida. Tan sólo en el Distrito Federal se calcula que hay una población de más de 500 mil mazahuas que se dedican al comercio al haber perdido sus tierras.

 

Arturo Gómez Salgado