Amnistía Internacional recibe con agrado la liberación de los presos de conciencia Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, encarcelados durante once meses tras ser falsamente acusados de tomar como rehén a un empleado de la Compañía Federal de Electricidad en 2008.
Su liberación ocurre después de que un Tribunal Colegiado finalmente confirmara la apelación contra su proceso, ganada en enero 2010, por falta de pruebas. Sin embargo, la decisión del juez federal de reclasificar el delito menor de privación ilegal de la libertad en su modalidad simple y emitir otro nuevo auto de formal prisión significa que salen bajo caución pero el proceso en su contra continua. Sara, Joaquín y Guadalupe tendrán que firmar ante el juzgado dos veces al mes mientras que el proceso se resuelve.
Amnistía Internacional considera que su liberación es un paso importante para terminar con su encarcelamiento injusto. Sin embargo, no resuelve el hecho de que estas tres personas son procesadas en un caso fabricado como represalia por liderar un movimiento pacífico de protesta contra las altas tarifas de la electricidad.
Amnistía Internacional insta la PGR a revisar inmediata e imparcialmente la acusación y las pruebas presentadas contra los tres para que se acabe este proceso infundado e injusto. Amnistía Internacional no descansará en su apoyo a los tres hasta que se haga justicia plena en este caso.
Antecedentes
El 25 de septiembre de 2008, cerca de 40 personas del poblado de Candelaria, estado de Campeche, acudieron ante las oficinas locales de la Compañía Federal de Electricidad para solicitar la re-conexión del suministro. La CFE había cortado el servicio a la comunidad por falta de pago, a pesar de que había una negociación en curso.
Mientras que la gente de la comunidad se reunía frente a las oficinas, Sara López y Joaquín Aguilar condujeron las pláticas con un representante de la empresa para que les renovaran el servicio.
Tras la manifestación, el representante legal de la CFE presentó una denuncia ante la PGR por el delito de “obstrucción de la entrega de un servicio público” contra los nombrados en una lista de deudores.
Nueve meses después, el 25 de junio de 2009, la PGR acusó a Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja, así como a otras 11 personas, del delito de obstrucción, aunque también del delito más grave de tomar rehenes durante la manifestación.
A las 5:00 AM del 10 de julio de 2009, cinco personas fueron arrestadas; dos fueron liberadas tras apelar el caso, pero Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja continuaron detenidos.
En enero de 2010, una corte federal de apelaciones dictaminó que la evidencia contra los tres presos era insustancial y no señalaba que los delitos hubieran realmente ocurrido. Sin embargo, la PGR ha apelado esta sentencia sin justificación, prolongando su detención hasta que se resuelva.
Amnistía Internacional los nombró presos de conciencia en marzo de 2010 y exigió que las autoridades los liberen inmediata e incondicionalmente.
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