Hace más de siete meses que nadie puede caminar por las calles de San Juan Copala, el centro político y ceremonial de la cultura triqui, en el poniente del estado mexicano de Oaxaca. Desde aquel 28 de noviembre de 2009, cuando las primeras ráfagas de fusiles de asalto AK-47 y AR-15 obligaron a los pobladores a recluirse en sus casas, han pasado 219 días.
Las fotografías que en esta nueva entrega publica Contralínea no dejan lugar a dudas: el pueblo que optó por construir un municipio autónomo se encuentra bajo metralla. Así luce San Juan Copala hoy: desolado, polvoriento y con sus principales edificios marcados por el terror.
Los tres niveles de gobierno no tienen, siquiera, el pretexto del narcotráfico. El de Copala es, de manera contundente, un conflicto político-social. No hay levantones ni disputas de rutas ni ajustes de cuentas. Existe llanamente un grupo entrenado y perfectamente pertrechado para aislar a esta capital triqui del resto del país. Lo que sí hay son emboscadas y la prohibición de entrar o salir del lugar. Más de 30 personas han sido asesinadas desde el 1 de enero de 2007, cuando las comunidades de Copala, Yosoyuxi, Agua Fría, Paraje Pérez, Santa Cruz, Tilapa y Cruz Chiquita –junto con pobladores de otros pueblos– erigieron el Municipio Autónomo y eligieron autoridades con base en usos y costumbres.
Lejos quedaron las fiestas y los días del bullicioso mercado. Ahora se trata de un pueblo sitiado donde las policías estatales y federales “no pueden” ingresar; tampoco el Ejército Mexicano ni la Marina Armada de México. Los funcionaros del gobierno de Ulises Ruiz piden permiso para transitar por los márgenes de Copala al líder de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez Hernández, principal sospechoso de atentar contra la caravana humanitaria por la paz que el 27 de abril acabó desecha por un grupo de hombres armados. Los asaltantes asesinaron entonces a los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola.
Ni a los diputados federales se les permitió el paso en una nueva caravana que llegó hasta la comunidad el Diamante, el pasado 8 de junio.
Tres grupos disputan el control político y las partidas presupuestales: la Ubisort, de filiación priista, creada en 1996; el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), fundado en 1981, dirigido por mestizos y que participa en la lucha electoral estatal a través del Partido Unidad Popular; y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, organización escindida del MULT, integrada exclusivamente por triquis, impulsora del Municipio Autónomo y que rechaza la política partidista.
A diario, y a todas horas, los niños, las mujeres, los hombres y los ancianos de San Juan Copala escuchan las descargas que se impactan contra el palacio municipal, la iglesia, las escuelas y las casas habitación.
Los gobiernos de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz han preferido callar y permitir que los paramilitares realicen su “trabajo”.
Copala es hoy una muestra de la pérdida de control territorial del Estado mexicano o una evidencia del genocidio que se comete contra un pueblo indígena que reclama autonomía; un crimen de lesa humanidad del que los gobiernos federal y estatal son responsables, al menos, por omisión.
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