viernes, 30 de julio de 2010

Chiapas: periodistas denuncian campaña de infamia en su contra por parte del gobierno Sabines


                                                                                            
                   
El 23 de julio, los periodistas Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales en el estado de Chiapas de la revista Proceso y del diario capitalino La Jornada, respectivamente, denunciaron una campaña de calumnias organizada en su contra para descalificar su trabajo, en la cual señalan, han participado activamente medios dependientes del gobierno estatal de Chiapas.  De hecho, la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dio a conocer su repudio a la campaña de difamación en contra de Mandujano y Mariscal, dado que, en su análisis, la labor de ambos periodistas  les ha generado hostigamiento e intimidación por parte de autoridades estatales de Chiapas.

Mandujano y Mariscal han revelado que últimamente han dado cobertura a distintas organizaciones sociales de Chiapas que, según el comunicado de CDHDF, “tienen diferencias de percepción y de criterio con las autoridades locales, han expresado críticas, juicios de valor y consideraciones que pueden molestar o incomodar a algunos servidores públicos del Gobierno del estado”. En respuesta han experimentado ellos una campaña de difamación en su contra a través de distintos medios, incluyendo los pertenecientes al gobierno estatal, por ejemplo el Sistema Chiapaneco de Radio.  Frente a ello, la CDHDF declaró que las autoridades tienen la obligación de “abstenerse de ejercer cualquier medida directa o indirecta que pueda acotar el derecho a saber de los gobernados y el derecho a la libertad de expresión de las personas en general, y de los periodistas en particular”. En su comunicado,  la organización denunció que “[h]echos como estos coadyuvan a inhibir el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a la información, además de que incrementan el riesgo para las personas que ejercen el periodismo en el estado de Chiapas y en todo el país”. Esta posición fue compartida por la Fundación por la Libertad de Expresión, que el 23 de julio exigió “la intervención del gobernador Sabines para que gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de evitar el uso de recursos públicos que puedan limitar la libertad de expresión”.

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