Publicado por
Diversas organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos, la tierra, el medio ambiente y las causas indígena y campesina, se han unido en un frente común para exigir que el gobierno del estado de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, cese la represión contra movimientos sociales y activistas.
Entre los representantes de las ONG que ofrecieron ayer una rueda de prensa en un hotel en el centro de la capital están miembros de la asociación Tetela Hacia el Futuro, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, el Consejo Tiyat–Tlali, el Movimiento Comunista Mexicano Sección Puebla, el Consejo Democrático Magisterial Poblano, la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla, la Asamblea Social del Agua, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, el PRD y de la coordinación de la Pastoral de Migrantes en la Arquidiócesis de Puebla y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El investigador Jaime Ornelas Delgado, integrante del Movimiento Comunista Mexicano, consideró que en Puebla se está padeciendo un ambiente “de represión inadmisible, en el que la disidencia y la crítica, las formas de organización legítimas de la gente, su derecho a defender la tierra y sus recursos, están siendo avasallados por un ejercicio de poder que no admite puntos de vista distintos, lo cual nos parece por todos lados un despropósito y una regresión democrática”.
“Nos preocupa la situación de represión; es como una pendiente que una vez que se inicia difícilmente puede parar. Esto nos obliga a quienes mantenemos la idea de que hay proyectos que no compartimos, a defender los derechos que tenemos de expresión. Para nosotros siempre será prioritaria la defensa de los movimientos sociales y evitar su criminalización”, añadió.
Silvia Villaseñor, representante del Consejo Tiyat Tlali, leyó un pronunciamiento:
“Responsabilizamos a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez de cualquier atentado en contra de la integridad física de los defensores de derechos humanos y ciudadanía organizada que están luchando contra los ‘proyectos de muerte’”, dijo.
Y añadió: “Exigimos al gobierno de Puebla se den a conocer si existen más órdenes de captura contra activistas sociales y los cargos que se les imputan”.
Por su parte, Germán Romero, de la Asociación Civil, Tetela Hacia el Futuro, indicó que la persecución y encarcelamiento de ambientalistas que se oponen al gasoducto del Proyecto Integral Morelos o del Arco Poniente, puede ser considerado como un mensaje intimidatorio del gobierno estatal hacia todos los grupos, movimientos, redes y poblaciones que se oponen a los llamados “proyectos de muerte” en otras latitudes de la entida, como la Sierra Norte, donde se promueven minas y e hidroeléctricas.
El portal Regeneración consignó que Carlos Figueroa Ibarra señaló que en el estado de Puebla existe un ambiente de hostilidad hacia los activistas de diferentes organizaciones y es preocupante que las autoridades aseguren que Puebla vive en un estado de derecho y ante el hostigamiento se deslinden sin investigar los hechos.
“Hay grupos paramilitares que pueden estar surgiendo en el estado para intimidar a los defensores de derechos humanos y las autoridades sólo se deslindan”, dijo.
Agregó que los gobiernos de Puebla y Morelos intentan acallar encarcelando las voces de los pueblos campesinos organizados que ejercen su derecho a la autodeterminación, los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez desataron una espiral de violencia que incluye una serie de hostigamientos, amenazas y aprehensiones arbitrarias de luchadores sociales y dirigentes de movimientos campesinos opuestos al Proyecto Integral Morelos y al Libramiento Poniente”.
Señaló que las detenciones de los ambientalistas Enedina Rosasa Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, se realizaron haciendo uso de violencia sin presentación de órdenes de arresto y con autos sin placas ni logos de identificación.
El pasado miércoles representantes de la Unidad de Observación del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estuvieron en Puebla para escuchar argumentos y revisar el caso de los tres presos ambientalistas recluidos en los penales de Atlixco y San Pedro Cholula por defender el derecho al agua y la tierra en el estado, por lo que en los próximos días, tras recopilar la evidencia de todas las partes inmiscuidas en el caso, la ONU podría estar emitiendo una recomendación sobre el encarcelamiento de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón.
El recorrido de los visitadores Tom Haeck y Kim M. Smeby comenzó a temprana hora en las oficinas de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), donde tuvieron acceso a los expedientes de los detenidos.
También el 23 de abril la Universidad Iberoamericana Puebla, a través de su rector, Fernando Fernández Font, exigió el día de ayer que las autoridades no criminalicen la protesta en Puebla; demandó que tampoco se fabriquen elementos delictivos y mucho menos se acose a académicos como Ricardo Pérez Avilés, que están colaborando con movimientos sociales que se oponen a proyectos como el gasoducto Morelos.
“No se puede criminalizar la protesta, no se pueden fabricar pruebas. En ningún estado, en ningún sitio y, finalmente, menos se puede alterar o invadir la privacidad y el derecho que tiene una familia o un investigador porque está comprometido con ese proceso”, expresó el directivo jesuita en una entrevista posterior a la puesta en marcha del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga S.J.
0 comentarios:
Publicar un comentario