CASO AYOTZINAPA: LOS ABSURDOS

Antonio Ortigoza Aranda

En la medida que son descubiertas más tumbas clandestinas en el estado de Guerrero y aumentan las pugnas y tensiones en los tres niveles de gobierno, por la supuestamente intensa búsqueda de los desaparecidos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los maestros locales, de Oaxaca, Michoacán, padres de familia y ciudadanos en general han puesto en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto que, hasta ayer tras una reunión de gabinete, no arrojó ninguna luz en cuanto a este hecho.

Los maestros oaxaqueños que llegaron a Iguala para apoyar a sus compañeros locales y michoacanos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo hicieron llevando 40 toneladas de alimentos para todos ellos; esto ocurre en los momentos en que ese gran grupo en rebelión anunciara la toma --y puede ser también la quema-- de los 21 palacios municipales del estado, tal como, indignados al máximo por la barbarie oficial, lo hicieron en Chilpancingo con el incendio del palacio de gobierno y del Congreso estatales.

La búsqueda oficial que, muy especialmente, realizan las policías comunitarias produjo el hallazgo de otras seis tumbas clandestinas que contendían restos de otras personas, evidentemente asesinadas, o bien por policías municipales o por pistoleros del llamado crimen organizado, pero el gobierno federal, tras los análisis forenses de los restos, se apresuró a informar que ninguno de los cadáveres hallados corresponde a alguno de los estudiantes desaparecidos, aunque nada ha dicho acerca de que esos restos humanos son producto de asesinatos. Esta búsqueda se ha extendido a presas y ríos de la entidad, con resultados negativos.

“LOS QUEREMOS VIVOS”

Los maestros concentrados en Iguala, plenamente informados acerca de las complicidades gubernamentales en juego, tienen una demanda que, como están las cosas, parece absurda, pues exigen que aparezcan vivos los estudiantes secuestrados el pasado 26 y 27 de septiembre por policías estatales y sicarios luego de asesinar la noche del primer día a seis normalistas, secuestrar a 43 de ellos para después llevarlos ayudados por los sicarios del cártel Guerreros Unidos, llevarlos fuera de Iguala, a bordo de camionetas- patrulla oficiales e ignorados vehículos de los narcotraficantes.

Entonces el evidente fracaso de la búsqueda que realiza el gobierno federal, por medio de efectivos de la Gendarmería Nacional, del Ejército y la Armada, de la Policía Federal Preventiva y las policías comunitarias hace suponer que si los 43 normalistas están vivos, se hallan presos en una cárcel clandestina o en un campo de concentración –al estilo nazi—establecidos o bien por las instancias federales, estatales o municipales, y/o absurdamente la delincuencia organizada, resulta ser algo completamente improbable, absurdo, porque entraña algo extremadamente aparatoso como sería un sitio como el señalado que implica mantener vivas, con alimentación, dormitorios y vigilancia a las víctimas.

En este entorno, todo parece absurdo. ¿Por qué los policías y los narcos decidieron asesinar a los primeros seis normalistas? ¿Acaso esos pobres muchachos les competían en el trasiego de drogas, en los secuestros y otros delitos? ¿Por qué se ha insistido oficialmente en que los normalistas se habían concentrado en la ciudad de Iguala, para de ahí viajar al Distrito Federal y sumarse a las marchas estudiantiles conmemorativas de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968? ¿Por qué tantos días de anticipación?

Las interrogantes son infinitas y tocan, indefectiblemente, a la esfera federal y resalta la omisión de la Procuraduría General de la República (PGR) en cuanto a las denuncias por asesinato y nexos con el narcotráfico del alcalde prófugo, José Luis Abarca, y de su esposa (también prófuga, hermana de El Borrado, uno de los lugartenientes del cártel de los Beltrán Leyva, el que, según la vox pópuli y la suegra del hoy edil prófugo, según consta en una indagatoria seguida en PGR desde años atrás) pagó la campaña política del gobernador de Guerrero, Angel Heladio Aguirre Rivero. El caso es que tanto de Abarca como de su mujer se desconoce el paradero, como también el gobierno federal dice desconocer dónde anda el gran capo michoacano apodado La Tuta.

Hay mucha simulación en los actos que tiene que ver con la impartición de justicia del gobierno federal. Ha combatido a los cuerpos de autodefensa municipales; ha encarcelado a los líderes visibles, como es el caso del ya célebre Doctor Mireles, mientras La Tuta se muere de risa, a pesar de los denodados esfuerzos del comisionado del gobierno federal en tierras michoacanas que actúa muy por encima del gobierno estatal.

Ante el evidente fracaso en Michoacán, el gobierno federal no se ha atrevido a poner otro comisionado en el vecino estado de Guerrero en el que ya se da una ingobernabilidad mayor que ha alcanzado niveles internacionales. Los riesgos por las sospechas mundiales sobre que los Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, financiaron las tarjetas Monex y Soriana que utilizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para comprarle a los electores el voto a favor de Peña Nieto, hacen que éste sea más cauteloso.
Todo, pues, es absurdo a partir de estos años del gobierno peñista. Su proclama de “Moviendo a México”, cae en eso a partir de que Naciones Unidas (ONU) Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y hasta la Unión Europea, lo condenan por ese “Crimen de Estado” que le cancela al gobierno de Peña Nieto todos los acuerdos financieros con México por la matanza de estudiantes, Igual que el secuestro y, seguramente muerte de 43 de ellos más.

¿Qué viene ahora para el pueblo mexicano? Ya se especula en todas partes que Peña Nieto, en su obsesión por mantenerse en el poder, para “facilitar las investigaciones” despedirá como titular de la PGR al hidalguense Jesús Murillo Karam; Otros opinan que la misma suerte correrá su coterráneo secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, en tanto la rebelión en Iguala Guerrero anuncia la toma de refinerías, aeropuertos, palacios municipales, puentes y autopistas.

El gobierno federal tiene el caso en sus manos, los partidos políticos más importantes como el Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) se desgarran las vestiduras, el primero exigiendo la desaparición de poderes en Guerrero; el segundo, que Aguirre Rivero siga como gobernador, pero que sea investigado, parece ser en situación de arraigado.

Así están las cosas en México. El gobierno de Peña Nieto sufre lo peor por la inseguridad pública que se ha agigantado a niveles infinitos y que se le complica con la caída de los precios del petróleo de exportación y el consecuente déficit fiscal, en tanto el Congreso de la Unión, en la aprobación del Presupuesto de Ingresos de 2015, ya estudia un gasolinazo único para ese año, que ubicará la gasolina “barata” en 20 pesos el litro, al fin y al cabo el pueblo “aguanta todo”. ¿Será?